¿Necesitan las audiencias que el Gobierno las proteja?

Eduardo Ruiz-Healy

Hoy, a las 23:59 horas, termina la consulta pública sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias. Hasta ayer, el portal de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) registraba solo 8,186 comentarios de apenas 7,868 participantes únicos.

En un país de unos 130 millones de habitantes, ni 8,000 personas han participado en una consulta que pretende definir cómo proteger los derechos de decenas de millones de radioescuchas y televidentes. La cifra no demuestra que a la mayoría de los mexicanos no le interese el tema, pero sí permite cuestionar si existe una demanda social significativa para que el Gobierno proteja a las audiencias de información falsa, manipulada o descontextualizada.

Los derechos de las audiencias deben existir. Quien escucha radio o ve televisión debe saber cuándo recibe publicidad, poder exigir una aclaración y contar con un defensor que atienda sus quejas.

El problema empieza cuando se pretende establecer dónde termina la información y comienza la opinión.

En un programa en vivo no existe una frontera clara. Un comentarista informa un dato, lo interpreta, pregunta, cuestiona una respuesta, plantea una hipótesis y expresa una valoración, a veces en menos de un minuto. En entrevistas y mesas de debate, información, análisis y opinión se entremezclan constantemente. Y los Lineamientos no resuelven adecuadamente esa realidad.

El Gobierno asegura que los Lineamientos no pretenden obligar a identificar cada opinión. Bastaría advertir al inicio y al final del programa que contiene información y opiniones. También sostiene que las únicas conductas sancionables serán no publicar un Código de Ética, no designar un defensor de las audiencias y no establecer mecanismos para recibir quejas.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido todavía más categórica y ha dicho: “No hay censura, ni va a haber censura”. También asegura que el Estado no determinará si un medio dice la verdad o miente y que no habrá multas por expresar determinadas opiniones.

Pero los Lineamientos establecen como derecho de las audiencias recibir información “veraz y oportuna” y como responsabilidad de los medios no difundir información “falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual”. Y ésa es una contradicción que debe aclararse.

Si el Gobierno nunca determinará qué es verdadero o falso, ¿quién resolverá finalmente una queja que sostenga que determinada información fue falsa o descontextualizada? ¿Y quién decidirá cuánto contexto era suficiente?

La CRT tampoco es el desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano constitucional autónomo. Esta comisión tiene autonomía técnica, pero funciona bajo un diseño institucional diferente y con menor independencia frente al poder político.

Además, estas reglas recaen sobre radio y televisión, mientras que cada día es mayor la cantidad de información falsa y manipulada que circula por redes sociales, plataformas digitales y podcasts.

Proteger a las audiencias es necesario. Proteger la libertad de expresión aún más. Antes de otorgarle a la CRT mayores facultades sobre lo que escuchan y ven las personas, habría que demostrar que las audiencias quieren que el Gobierno desempeñe ese papel.

Eduardo Ruiz-Healy

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