Fiscalía pidió prisión preventiva contra Gustavo “N” ocho días después del feminicidio de Eréndira

Mexicali, BC.- Cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó que Gustavo “N” fuera enviado a prisión preventiva por la causa penal que enfrentaba por violencia familiar, Eréndira ya había sido asesinada.

De acuerdo con documentos judiciales revisados por LA CRÓNICA, la audiencia para modificar las medidas cautelares fue programada para el 26 de junio, ocho días después de que la mujer fue localizada sin vida en su domicilio del fraccionamiento Parajes de Puebla. Posteriormente, los peritajes determinaron que la causa de muerte fue estrangulamiento.

El imputado no acudió a esa diligencia judicial, por lo que el juez emitió una orden de aprehensión al considerar que se sustrajo de la acción de la justicia dentro de la causa penal 03545/2026, derivada de la carpeta de investigación NUC 02-2026-11962. El caso volvió al debate público

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La actuación de las autoridades volvió a ser tema de discusión luego de que el 23 de junio, durante la conferencia mañanera en Mexicali, la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, atribuyera a la jueza Karla Violeta Fierro Domínguez la decisión de no imponer prisión preventiva al imputado durante la audiencia inicial celebrada el 23 de abril.

Sin embargo, la videograbación de esa audiencia y la documentación revisada por LA CRÓNICA muestran que el Ministerio Público formuló imputación por violencia familiar, pero no acreditó elementos suficientes para sustentar la imposición de la prisión preventiva justificada, medida que no procede de manera automática para ese delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

Durante la audiencia tampoco fueron expuestos otros antecedentes que pudieran fortalecer esa solicitud, como reportes previos al 911, registros audiovisuales u otros elementos que permitieran acreditar un riesgo procesal o para la víctima.

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Las medidas cautelares impuestas

Ante ese escenario, la jueza ordenó diversas medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

Entre ellas, Gustavo “N” debía asistir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, presentarse a firmar cada 14 días ante la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y permanecer sujeto a vigilancia preventiva mediante recorridos del Escuadrón Violeta en el domicilio de Eréndira.

Documentos consultados por LA CRÓNICA señalan que el imputado nunca acudió a cumplir con la obligación de firmar.

No hay registro de una revisión previa

Pese a ese incumplimiento, dentro de la información revisada por este medio no existe evidencia de que la Fiscalía hubiera solicitado, antes del feminicidio, una audiencia para revisar el incumplimiento de las medidas cautelares y pedir su modificación.

Tampoco obra en los documentos consultados un informe del Escuadrón Violeta que permita conocer si se realizaron los recorridos preventivos ordenados por la autoridad judicial o si existieron incidentes posteriores en el domicilio de la víctima.

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Fue hasta después del feminicidio cuando la Fiscalía solicitó la audiencia del 26 de junio para modificar las medidas cautelares dentro de la causa por violencia familiar.

Investigación sigue abierta

Al no presentarse a esa audiencia, el juez ordenó la captura de Gustavo “N”, quien actualmente permanece prófugo y es señalado por las autoridades como el principal sospechoso del feminicidio de Eréndira.

El caso ha abierto un debate sobre la actuación de los distintos operadores del sistema de justicia. Mientras la Fiscalía responsabilizó públicamente a la jueza que presidió la audiencia inicial, los documentos revisados por LA CRÓNICA muestran que también existen cuestionamientos sobre la integración de la solicitud de prisión preventiva, el seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares y la supervisión de los mecanismos de protección ordenados en favor de la víctima.

Actualmente, la actuación de la jueza Karla Violeta Fierro Domínguez es revisada por el Tribunal de Disciplina Judicial.