Denuncian omisiones institucionales en caso de migrante torturado en Tijuana

Tijuana, BC.- El director del albergue Ágape acudió acompañado de otros integrantes a las oficinas de la Fiscalía General del Estado para denunciar presuntas omisiones institucionales relacionadas con la atención del caso de Manuel, migrante perteneciente del albergue.

El pastor Albert Rivera, expuso que también buscaban denunciar la actuación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Hospital General de Tijuana, al considerar que existieron fallas en el seguimiento médico y administrativo del caso.

Indicó que a la víctima se le negó un adecuado seguimiento, además de que hubo retrasos en la recolección de pruebas y evidencias dentro del albergue, entre ellas objetos con manchas de sangre y otros indicios.

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Tras la llamada al 911 detalló que únicamente acudió la Cruz Roja sin presencia de elementos policiacos, mientras que tampoco se habría resguardado la escena para la intervención ministerial correspondiente.

El pastor Albert Rivera denunció que en el Hospital General no se notificó de inmediato a las autoridades investigadoras y posteriormente se le dio de alta con un diagnóstico menor al que posteriormente fue detectado.

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También aseguró que la demora en la atención institucional y la falta de respuesta de diversas dependencias motivaron la manifestación realizada frente a la Fiscalía.

Manuel, originario de Guerrero y residente del albergue Ágape, fue presuntamente privado de la libertad, torturado y agredido tras salir del refugio en el mes de marzo, de acuerdo con reportes previos del caso.

Según lo difundido, el hombre regresó horas después con quemaduras, múltiples lesiones y signos de violencia extrema, por lo que compañeros del albergue solicitaron atención médica y la intervención de autoridades.

Por su parte, el director de las Coordinaciones de Unidades de Investigación de la Fiscalía Regional, Miguel Guerrero Castro, informó durante la manifestación pacífica que atenderían al representante del albergue.

Precisó que la carpeta sigue en investigación, con diligencias en curso y atención a la víctima, además de que el Ministerio Público podrá judicializar por otros delitos conforme se integren pruebas e indicios.