Nuevos juristas, los más beneficiados por modificación a Ley de Aranceles Estatal
El gremio ha “malbaratado” su trabajo al no estar definido un límite inferior de costos, consideró Sosa Arellano.
Tijuana BC.- La modificación a la Ley de Aranceles del Estado es una medida que beneficiará a los nuevos juristas que van egresando y para el gremio en general, opinó el coordinador del Doctorado en Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos por UABC.
Dasaev Sosa Arellano comentó que la medida impulsada en el Congreso permitirá definir un límite inferior de costos en las operaciones de actos procesales, lo que dijo es positivo para todos aquellos que ejerzan en Baja California.
Señaló que en el gremio ha sido común que los profesionales “malbaraten” su trabajo al no saber cuánto cobrar por determinados servicios, asesorías o notificaciones de cualquier actividad, atribuyéndolo a la falta de actualización de la Ley Estatal.
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Modificación a la ley
El especialista en derecho fiscal subrayó que la modificación a la ley no va a exigir a los abogados a que cobran específicamente una cantidad en particular, sino a establecer un límite mínimo que funcione como estándar.
“Si existe un abogado de mucho renombre, prestigio o experiencia, podría cobrar más, pero permite establecer un límite inferior para que todos aquellos que inician la práctica u otras cosas”, recalcó.
Sosa Arellano añadió que arrogar la normativa también permitirá a la ciudadanía conocer los costos de la abogacía, con lo cual podrá haber información para negociar la asesoría de un especialista.
Trabajo digno y honesto
El coordinador de Doctorado en UABC puntualizó en la necesidad de que el gremio no esté “regalando” su trabajo, pero a la vez hacer un trabajo digno y honesto para quienes solicitan la ayuda de un jurista.
“Ayuda a tener una referencia, dignifica nuestra profesión, ni más ni menos…Una buena negociación genera mejores soluciones, más prácticas e inmediatas, debe haber honestidad”, consideró.
Ejemplificó con el artículo 5 de la Ley de Aranceles del Estado, el cual fija el cobro de 250 pesos por vista o lectura de documentos, papeles o expedientes de no más de 25 fojas, cifra que calificó como “anticuada”.
“Al final de cuentas si me traes un documento, un contrato que quieres que yo revise, pues me va a llevar horas, de esa manera se evitan los abusos en ese tipo de circunstancias”, añadió.
Sosa Arellano complementó diciendo que la tasa de inflación ha rebasado la capacidad económica, tanto del gremio como de la población, por lo que es una medida que tiene que considerarse en los límites de cobro.
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