Luego de que Claudia Sheinbaum canceló el programa de autos “chocolate” de AMLO y dejó 2 millones fuera, buscan reactivar la regularización, pero la única opción actual cuesta hasta 33 mil pesos por aduana

MÉXICO. — El cierre oficial del decreto que permitió durante cuatro años la regularización de vehículos de procedencia extranjera marcó un punto de inflexión definitivo para millones de automovilistas en México.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y ratificado bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el programa enfocado en 17 entidades federativas concluyó sus operaciones.

Ante este escenario, quienes no lograron registrar a tiempo sus unidades se enfrentan a un panorama completamente distinto, donde la única alternativa vigente es la importación comercial por aduana, cuyos costos superan por un amplio margen el beneficio fiscal anterior.

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¿Por qué el gobierno federal canceló definitivamente el decreto de regularización?

Durante su periodo de vigencia, el esquema extraordinario permitió la incorporación formal de casi 3 millones de unidades en todo el país, generando recursos multimillonarios destinados históricamente a obras de pavimentación municipal.

Sin embargo, la decisión de dar por concluido el programa se sustentó en tres factores evaluados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Ejecutivo Federal:

• Cumplimiento de metas: Las autoridades determinaron que se otorgó suficiente certeza jurídica a las familias que necesitaban la unidad para su transporte cotidiano o actividades productivas.
• Detección de abusos: Se identificó una distorsión en el propósito social del decreto, el cual comenzó a ser utilizado para el ingreso continuo e informal de vehículos ajenos al espíritu original de la norma.
• Presión del sector formal: Organismos empresariales como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) argumentaron que la continuidad del esquema afectaba la venta de vehículos nuevos y usados formales, además de propiciar el ingreso de unidades con problemas ambientales y mecánicos.

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¿Cuáles son las diferencias y costos entre el decreto anterior y la vía aduanal actual?

Al dejar de existir un mecanismo de excepción y costo preferencial, cualquier propietario que desee legalizar un vehículo extranjero en territorio nacional debe apegarse estrictamente a las normas ordinarias de comercio exterior y a la Ley Aduanera.

• Trámite por Decreto (Concluido): Imponía un pago único y fijo de $2,500 pesos, con una cita gestionada directamente en el portal del Registro Público Vehicular (REPUVE) y una validación basada en declaraciones bajo protesta de decir verdad sobre el origen del automotor.
• Importación Definitiva por Aduana (Vía vigente): Demanda un presupuesto estimado de $26,000 a $33,000 pesos, condicionado al modelo, año y características técnicas de la unidad. Requiere la contratación obligatoria de un agente aduanal, inspección física en la aduana de entrada y el cumplimiento riguroso de las reglas del T-MEC y normas de emisiones contaminantes.

¿Qué estados buscan reabrir el programa y cuál es la postura de la Federación?

Pese a la conclusión formal del decreto, diversas administraciones locales han intentado gestionar prórrogas o nuevas etapas para atender el rezago acumulado.

En entidades fronterizas como Tamaulipas —donde se estiman cerca de 230,000 unidades sin registrar—, así como en Baja California y Chihuahua, miles de ciudadanos se quedaron a la espera de una cita o de completar su documentación a tiempo.

No obstante, hasta el momento el Gobierno Federal no ha emitido ningún acuerdo modificatorio ni prórroga oficial, por lo que las gestiones locales se mantienen en el terreno de las solicitudes políticas sin validez jurídica actual para aplicar tarifas reducidas.

¿Cuáles son los riesgos legales al vender un automóvil regularizado por decreto?

Los conductores que lograron regularizar sus vehículos bajo el esquema simplificado deben extremar precauciones si planean comercializarlos. Las autoridades estatales han recordado que el trámite original fue personal e intransferible.

Vender la unidad mediante un endoso informal de título o una simple carta responsiva deja al propietario original registrado en el REPUVE como el responsable legal ante cualquier accidente vial o hecho delictivo.

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Para evitar contingencias jurídicas, gobiernos estatales exigen que cualquier cambio de propiedad en estos vehículos cuente con una certificación ante notario público, requisito indispensable para actualizar los registros en las Oficinas Fiscales.

¿Cómo operan los falsos gestores y qué canales oficiales debes seguir para evitar fraudes?

El cierre de los registros extraordinarios ha propiciado una ola de estafas en redes sociales, especialmente en plataformas como Facebook, donde supuestos líderes sociales y páginas apócrifas prometen citas prioritarias y “gestiones express”.

Ante este riesgo, las instancias de seguridad recuerdan que no existen intermediarios autorizados. Cualquier pago gubernamental válido debe efectuarse exclusivamente mediante líneas de captura emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Las transacciones a cuentas personales, depósitos en tiendas de conveniencia o cobros en efectivo por parte de terceros constituyen fraudes que ponen en riesgo el patrimonio familiar.

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Protege tu patrimonio y verifica siempre las vías institucionales

Ante el cierre definitivo de los beneficios extraordinarios, la mejor herramienta para cuidar tu economía es informarte a través de portales oficiales con dominio gubernamental (.gob.mx).

Si posees un vehículo extranjero sin regularizar o buscas adquirir uno, evita arriesgar tu dinero con falsos tramitadores y evalúa con cautela los costos reales que implica la importación formal ante la aduana para mantener tu patrimonio en orden y dentro del marco legal.