“Respetamos amparos, pero se debe rescatar al Issstecali”: MDP

Tijuana, B.C.- Con todo y amparos de los municipios, es necesario que se rescate al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali), comentó la Gobernadora del Estado.

Marina del Pilar Ávila Olmeda dijo entender que, en situaciones de recursos y presupuestos, existan diferencias entre los ayuntamientos, sin embargo enfatizó que se debe atender el déficit del Issstecali.

Respetamos si ellos deciden interponer algún tipo de recurso… pero tenemos que rescatar al instituto, estamos hablando de las pensiones y jubilaciones, no solamente del magisterio, sino de los propios trabajadores de los ayuntamientos”, dijo.

En días anteriores, el Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer que buscará el amparo para no realizar la aportación de 350 millones de pesos al Issstecali.

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Ávila Olmeda agregó que, hasta el momento, no se tiene notificado algún amparo o acto legal por parte de los municipios, pero de llegar a darse, dijo, se defenderán los posicionamientos ante los tribunales.

“Al final ese déficit fue creado justamente por los municipios a los cuales se están haciendo estas retenciones y nosotros como Estado estamos asumiendo también lo que nos corresponde”, expresó la Gobernadora de BC.

Por su parte, la subsecretaria de Finanzas de la Secretaría de Hacienda, Marisela Díaz López, afirmó que los municipios de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Rosarito han sido notificados con anterioridad sobre el pago.

“Existían fondos de reserva, los cuales ya están agotados, entonces ahorita pues ya tenemos que entrar todos los patrones, es una obligación que está configurada en la ley”, afirmó.

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Asimismo, Díaz López comentó que el déficit se había presentado desde el 2015 hacía atrás, pero no fue hasta la actual administración cuando se afrontó el déficit general que supera los 6 mil millones de pesos.

Sobre una declaración de quiebra del Issstecali, la subsecretaria de Finanzas señaló que los jubilados están en protección constitucional para acceder a sus pagos, por lo que no es una opción.

Díaz López mencionó que en caso de que los municipios se nieguen a pagar, el Estado tendría que apoyar los financiamientos, lo que provocaría que se desatendieran otros sectores en el proceso.