Son ilegales 2 de cada 10 detenciones en flagrancia

Tijuana, B.C.- En Tijuana de cada 10 personas que son detenidas en flagrancia como presuntos delincuentes y presentados a un juez, tres recuperan su libertad de manera inmediata ya que se determina que su retención fue ilegal por parte de las autoridades policiales.

De enero a junio de 2022, las autoridades contabilizaron en Tijuana 2 mil 79 detenciones en flagrancia, de las cuales 640 se calificaron como ilegales.

Tijuana es la ciudad con más detenciones en fragancia ilegales en la entidad, las estadísticas oficiales especifican que en Mexicali en el mismo periodo de tiempo sumaron mil 588 de las cuales 159 fueron ilegales, en Ensenada 548 detenciones con 74 ilegales, en Rosarito 225 detenciones con 27 ilegales y en Tecate 85 detenciones con seis ilegales.

Para especialistas en la materia lo anterior refleja la falta de capacitación del personal no solo de la Policía Municipal sino también de los agentes del ministerio público de la Fiscalía General del Estado.

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Agregan que el porcentaje de detenciones ilegales duplica los niveles adecuados, ya que debería ser en un diez por ciento en los casos de esta naturaleza.

El sistema penal

El presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Alejandro Isaac Fragozo López, manifestó que el problema de las detenciones ilegales es porque el sistema de justicia acusatorio acaba de cumplir once años y es un sistema que requiere recursos y sobre todo mucha capacitación de todos los operadores.

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“La capacitación es algo que nos ha faltado a todos los operadores. En Mexicali, al principio, las detenciones ilegales eran parte de todos los días".

“Ahorita tenemos un control de ilegal la detención entre el 20 y 30 por ciento, todavía es un número alto, pero si lo vamos abatiendo poco a poco. Deberíamos hacerlo más rápido, pero desafortunadamente no está en las manos del Tribunal”, apuntó.

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Con relación de las consecuencias que le genera al sistema judicial la presentación de personas que fueron detenidas de manera ilegal, explicó que es en la carga de trabajo para los jueces.

“Ahorita tenemos un problema de saturación en cuanto a los operadores, en cuanto a las judicializaciones que hace Fiscalía. Judicializaciones que deberían ser del dos al tres por ciento, están judicializando cerca del 30.

Y si de ese 30, ellos están judicializando asuntos que los agarran en flagrancia, pero no está correctamente hecha la detención, ocupa un espacio. Como tenemos tan pocos espacios, lo que hace es que algún otro asunto de igual o mayor importancia, la audiencia se va muy lejos”, indicó Fragozo López.

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Respecto del caso de Tijuana, donde se registra el mayor número de detenciones ilegales, dijo que es porque el nuevo sistema tiene menos años de haberse implementado y también por la población del municipio.

“Son dos cosas, la primera tiene menos en el nuevo sistema, Tijuana tiene seis años. Por otro lado, es el cúmulo. Hay que recordar que la principal causa del control de ilegal de la detención, es el tiempo. Hay muchas situaciones que los detienen por más del tiempo, como es en el caso del narcomenudeo”, declaró.

La investigación

Catalina Salas Bravo, presidenta de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), explicó que los ciudadanos ven a los jueces como quienes liberan a los presuntos delincuentes, sin embargo desconocen que lo hacen por la falta de pruebas que aporta el ministerio público.

La parte de la investigación debe ser más clara, más precisa, señaló, si no se pudo detener a la persona en flagrancia, entonces tendrá que recabar otro tipo de pruebas para sostener que la persona fue la que cometió un delito.

Indicó que si el ministerio público considera que la detención que realizó el policía municipal fue ilegal, puede liberar a la persona y continuar con la investigación.

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“Si ellos mismos están viendo que no tienen recabadas las pruebas correspondientes, como establece el código, ellos mismos directamente por falta de pruebas pueden liberar a la persona, pero eso no quiere decir que les impida continuar con la investigación y que una vez integradas todas las pruebas, entonces se gire una orden de aprehensión”, aclaró.

La especialista manifestó que ese trabajo evitará que exista impunidad en el delito e iniciar una audiencia con juez sin las pruebas suficientes.

La principal queja

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Mora Marrufo, manifestó que la principal queja que atienden es por detenciones arbitrarias.

Explicó que es un problema que no ha incrementado durante los últimos años, sin embargo tampoco ha disminuido en los diferentes municipios del Estado.

“Sí tenemos la certeza que no se han disminuido este tipo de actuaciones y esto afecta no solamente a las personas que son detenidas arbitrariamente, sino también afecta a la propia justicia, porque cuando llegan ante un juez, y no hay elementos que dan veracidad sobre una detención legal, entonces estos asuntos se caen”, declaró.

De acuerdo a datos de la Comisión en el presente año han registrado 135 quejas contra agentes policiales por detenciones arbitrarias, de las cuales el 65 por ciento se presentaron en Tijuana.

“Hay una mayor conciencia en las obligaciones con respecto de los derechos humanos, una mayor apertura de las corporaciones policiales de capacitarse y trabajar con la perspectiva de derechos humanos.

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“Sin embargo hay distintos retos que atienden a causas diversas por lo que no se ha disminuido o que no hemos experimentado mejores resultados y tienen que ver”, sostuvo.

El presidente de la CEDH dijo que los oficiales no solo deben capacitarse en el aspecto técnico, sino también en el manejo de estrés.

“En una ciudad como Tijuana, en donde hay una dinámica de violencia, con una alta incidencia delictiva, nuestras policías están en constante estrés. Entonces la capacitación no solamente con la parte técnica, táctica o destreza policial, que para eso tienen sus expertos, sino también del estrés que está viviendo los policías”, apuntó.