ICE advierte que no patrullará centros de votación en EEUU, pero deja abierta la puerta a operativos puntuales
Por otra parte, una coalición de organizaciones contrarias al gobierno de Trump prepara el programa VoteSafe en Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio.

ESTADOS UNIDOS.- Mientras se acercan las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, una pregunta ha comenzado a preocupar a algunos votantes: ¿habrá agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los centros donde se emitan las boletas?
La respuesta oficial hasta ahora es que ICE no prepara un operativo general para patrullar los lugares de votación. El Departamento de Seguridad Nacional comunicó a administradores electorales estatales que los agentes migratorios no serán apostados en los centros electorales como parte de un despliegue generalizado. Según The Associated Press, reportó además que funcionarios del gobierno han insistido en que no existe un plan para realizar operaciones dirigidas específicamente a los colegios electorales.
Sin embargo, existe una diferencia entre decir que ICE no patrullará los centros de votación y asegurar que sus agentes nunca podrían aparecer allí. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha señalado que podría existir una intervención por una circunstancia concreta, como la ejecución de una orden judicial o la respuesta a una amenaza de seguridad.
Esa posibilidad es precisamente la que mantiene la preocupación entre organizaciones que representan a votantes latinos, negros y asiático-estadounidenses, particularmente en un contexto de intensificación de las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump.
¿Qué ha dicho el gobierno de Trump sobre ICE en las elecciones?
El gobierno federal ha dado señales que, aunque apuntan a que no habrá un despliegue masivo en los centros de votación, no cierran por completo la puerta a intervenciones específicas.
Durante una comparecencia ante el Congreso a principios de año, el entonces director interino de ICE, Todd Lyons, y el director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, dijeron que no tenían planes de enviar agentes a los centros de votación. Lyons posteriormente dejó el cargo.
En septiembre, Mullin calificó de “alarmismo” las preocupaciones sobre una posible presencia generalizada de ICE en los centros electorales. Su postura es que la agencia no acudirá a patrullar o vigilar los lugares de votación de manera general, aunque podría actuar ante circunstancias concretas.
El DHS reforzó esa posición en un comunicado enviado a AP. La dependencia dijo que “el ICE no está planificando operaciones dirigidas a colegios electorales” y explicó que sus operaciones son selectivas y se basan en inteligencia. También indicó que, si una amenaza activa contra la seguridad pública pusiera en peligro un lugar de votación, podrían producirse arrestos como resultado de esa operación.

El departamento agregó que está enfocado en investigar y expulsar a extranjeros que voten y en impedir lo que describe como una dilución de los votos de ciudadanos estadounidenses.
Trump tampoco ha descartado por completo esa posibilidad
La posición del presidente Donald Trump ha contribuido a mantener abierta la discusión.
En mayo, cuando se le preguntó si movilizaría a la Guardia Nacional o a ICE hacia los centros de votación en noviembre, Trump respondió que haría “lo que fuera necesario para garantizar que tenemos elecciones honestas”.
Más recientemente, durante una entrevista con la revista Time, publicada el jueves, Trump respondió “No lo he pensado” cuando se le preguntó específicamente por un eventual despliegue de agentes de ICE en los centros de votación.
Esa diferencia entre la postura oficial del DHS y la falta de una exclusión categórica por parte del presidente es uno de los motivos por los que grupos de derechos electorales mantienen planes de preparación.
Trump también ha cuestionado en repetidas ocasiones la posibilidad de que personas que no son ciudadanas estadounidenses participen ilegalmente en elecciones. Sin embargo, investigaciones y revisiones electorales han encontrado que el voto de personas no ciudadanas es extraordinariamente inusual.
¿La ley federal permite que agentes armados estén en los centros de votación?
Aquí es necesario distinguir entre un despliegue federal de personal armado y una eventual intervención individual de un agente por una situación específica.
La norma federal 18 U.S.C. § 592 establece que un funcionario del gobierno que ordene, lleve, mantenga o tenga bajo su autoridad “tropas o hombres armados” en un lugar donde se celebre una elección puede enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión, salvo que esa fuerza sea necesaria para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.
El propio Departamento de Justicia incluye esta disposición entre las leyes federales relacionadas con interferencias en procesos electorales.
La norma tiene su origen en disposiciones adoptadas durante la Guerra Civil y actualmente forma parte del capítulo federal dedicado a delitos electorales.
Por ello, expertos en derecho electoral citados por AP consideran que un despliegue de agentes armados en los lugares donde se vota enfrentaría obstáculos legales importantes.
David Becker, exabogado del Departamento de Justicia y director del Center for Election Innovation & Research, sostuvo que un despliegue de ese tipo sería ilegal y anticipó posibles demandas.
Jonathan Diaz, director de defensa del voto y colaboraciones del Campaign Legal Center, explicó que la interpretación de su organización comprende no solamente los centros de votación, sino también lugares donde se realiza votación anticipada, buzones de entrega de boletas y oficinas electorales que reciben las papeletas.
Pero Diaz también señaló que la situación es más compleja cuando se trata de un agente que se encuentra cerca de un centro de votación o que llega para ejecutar una orden individual. En esos escenarios pueden entrar en juego otras leyes federales y estatales relacionadas con la intimidación o interferencia electoral.
¿Entonces ICE puede entrar a un centro de votación para detener a alguien?
No existe una respuesta general que permita afirmar que cualquier arresto sería legal o ilegal automáticamente.
El propio planteamiento del DHS se refiere a situaciones específicas, como una amenaza activa para la seguridad pública o una operación selectiva relacionada con una persona determinada.
La discusión jurídica está precisamente en determinar hasta dónde puede llegar una intervención de ese tipo sin convertirse en una presencia federal que interfiera con el proceso electoral.
La ley federal citada prohíbe el despliegue de tropas o personal armado en los lugares donde se celebran elecciones, pero la cuestión de cómo se aplicaría la norma a una actuación individual de agentes de inmigración puede requerir un análisis específico de los hechos.
Además, existen disposiciones federales que prohíben la intimidación de votantes y otras formas de interferencia electoral.
Autoridades electorales ya se preparan para posibles incidentes
La discusión no se limita al gobierno federal. Autoridades electorales locales abordaron la posibilidad de que agentes federales aparezcan durante el proceso electoral en una reunión celebrada esta semana en Washington. Algunas jurisdicciones ya están preparando protocolos para responder a esa eventualidad.
Dean Logan, responsable de supervisar las elecciones en el condado de Los Ángeles, explicó que las autoridades valoran la supervisión del proceso, pero quieren evitar cualquier situación que distraiga o interrumpa a las personas cuando acudan a votar.
“Vamos a asegurarnos de tener personal sobre el terreno para garantizar que el votante no sea interrumpido en ese proceso”, afirmó durante una reunión de la Partnership for Large Election Jurisdictions.
La preocupación, por tanto, no se limita a la posibilidad de un arresto. También incluye el efecto que una presencia visible de agentes federales podría tener sobre quienes estén intentando ejercer su derecho al voto.
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¿Por qué preocupa especialmente a las comunidades migrantes?
Organizaciones que representan a votantes latinos, asiático-estadounidenses y negros sostienen que el contexto actual de aplicación de las leyes migratorias puede hacer que incluso una presencia limitada de ICE genere temor.
Juan Proaño, dirigente de la League of United Latin American Citizens, explicó que no sería necesario desplegar grandes grupos de agentes en numerosos lugares para que la información se propagara.
Un incidente registrado en un centro de votación podría difundirse rápidamente mediante redes sociales y provocar preocupación entre personas que se encuentran en otras zonas.
“Solo su mera presencia dentro y alrededor de los lugares de votación es suficiente como elemento disuasorio para nuestra comunidad”, afirmó Proaño.
Los grupos también señalan que algunos ciudadanos estadounidenses tienen familiares con situaciones migratorias irregulares o han tenido contacto con operaciones de ICE, por lo que podrían interpretar la presencia de agentes como un riesgo incluso si ellos mismos tienen derecho a votar.
Un caso ocurrido en Nueva York aumentó las preocupaciones
Las inquietudes también se relacionan con un episodio ocurrido durante las elecciones primarias en Syracuse, Nueva York.
De acuerdo con AP, dos agentes federales acudieron a un lugar de votación y confrontaron a una trabajadora electoral por una publicación en redes sociales relacionada con ICE. La mujer dijo que los agentes acudieron para cuestionarla por sus comentarios.
El episodio no equivale a un despliegue de ICE en los centros de votación, pero organizaciones comunitarias lo utilizan como ejemplo de las situaciones que quieren evitar durante las elecciones de noviembre.
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Organizaciones preparan observadores y asistencia legal
Ante este escenario, distintos grupos han comenzado a preparar voluntarios para observar el proceso y orientar a los electores sobre sus derechos.
Thu Nguyen, responsable de OCA-Asian Pacific American Advocates, explicó que la organización está reclutando observadores para vigilar el desarrollo de las elecciones.
El grupo también ha detectado preocupación entre ciudadanos estadounidenses que temen ser detenidos durante una operación migratoria o que un contacto con agentes federales pueda llamar la atención sobre familiares que se encuentran en una situación migratoria irregular.
Por otra parte, una coalición de organizaciones contrarias al gobierno de Trump prepara el programa VoteSafe en Georgia, Michigan, Carolina del Norte y Ohio.
La iniciativa busca contar con líderes comunitarios que ayuden a responder las dudas de los votantes y reduzcan la incertidumbre relacionada con una posible presencia de agentes armados.
Mary Corcoran, directora ejecutiva del Save America Movement y representante de la iniciativa, explicó que el objetivo es ayudar a las personas a acudir a votar pese a sus preocupaciones. “Nuestra labor es superar ese temor”, afirmó.
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