Jueza ordena al Gobierno de Trump devolver a Estados Unidos a un hondureño deportado a África
La resolución señala que debía ser informado de su destino y tener oportunidad de cuestionar la deportación antes de ser trasladado.
Una jueza federal ordenó al Gobierno de Estados Unidos devolver al país a un migrante deportado a África, ponerlo en libertad y respetar su derecho al debido proceso, en un fallo que puede tener consecuencias para otras personas expulsadas a terceros países durante la Administración de Donald Trump.
El caso corresponde a Bryan Omar Sánchez, un hondureño que fue deportado el 29 de julio a la República Centroafricana, pese a que, según el fallo, no había dado su consentimiento para ser enviado a ese país.
La jueza ordena su regreso a Estados Unidos
Casi dos meses después de la deportación, la jueza federal Regina M. Rodríguez ordenó al Gobierno estadounidense regresar a Sánchez y ponerlo en libertad. La resolución fue emitida el 18 de septiembre ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Colorado.
La magistrada señaló que las expulsiones a terceros países deben estar precedidas por una notificación escrita al migrante y a su abogado, en un idioma que la persona pueda entender.
Además, estableció que Sánchez no debe volver a ser detenido, a menos que el Gobierno demuestre con pruebas claras y convincentes, ante un juez imparcial, que existe riesgo de fuga o peligro para la comunidad.
La resolución sostiene que las expulsiones a terceros países pueden vulnerar el derecho constitucional al debido proceso cuando las personas no reciben información sobre su destino ni una oportunidad para impugnar la decisión antes de ser trasladadas.
El fallo afecta a una política migratoria de Trump
El caso ocurre en medio de una política del Gobierno de Trump para deportar a migrantes a países distintos al suyo. Desde marzo de 2025, Estados Unidos ha utilizado acuerdos con terceros países para realizar este tipo de expulsiones.
La medida ha permitido enviar a personas a países con los que no tienen vínculos, incluso cuando no pueden ser deportadas legalmente a sus lugares de origen por contar con algún tipo de protección.
De acuerdo con el grupo Third Country Deportation Watch, más de 23 mil personas han sido deportadas en estas operaciones, mientras que el Gobierno estadounidense ha destinado más de 49 millones de dólares a su financiación.
Algunos migrantes enviados a estos países han denunciado secuestros, violencia, falta de atención y situaciones de incertidumbre legal. También han señalado que en algunos casos no cuentan con documentos ni con posibilidades claras de solicitar asilo o protección.
Un tribunal de apelaciones también cuestionó las deportaciones
La disputa llegó también al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston. El pasado 18 de septiembre, un panel de tres jueces respaldó en gran parte una resolución previa que cuestionaba la política del Departamento de Seguridad Nacional para deportar rápidamente a migrantes a terceros países.
El tribunal determinó que el Gobierno no puede enviar a una persona a un tercer país sin darle aviso previo y una oportunidad significativa para cuestionar ese destino.
El juez de circuito Seth Aframe señaló que el derecho de una persona a impugnar su expulsión por temor a ser perseguida en el país de destino pierde sentido si no conoce previamente a dónde será enviada y no tiene oportunidad de cuestionarlo.
El Gobierno de Trump podría apelar
Se espera que la Administración de Trump impugne el fallo ante la Corte Suprema de Estados Unidos, mientras que la resolución sobre las deportaciones a terceros países podría beneficiar a otros migrantes enviados recientemente a países africanos.
El caso de Sánchez es especialmente relevante porque, de concretarse su regreso a Estados Unidos, sería el primer migrante entre las decenas de personas enviadas a la fuerza a África que sería devuelto por orden judicial.
Michael Gyan Nyarko, director ejecutivo adjunto del Instituto para los Derechos Humanos y el Desarrollo en África, señaló que el derecho internacional no permite que los países trasladen a una persona de una jurisdicción a otra hasta dejarla en un vacío de protección.
La preocupación, explicó, es que las deportaciones a terceros países puedan utilizarse para conseguir indirectamente aquello que la legislación estadounidense impide hacer de manera directa.
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