Exiliados piden a Trump actuar contra Daniel Ortega y su esposa, como hizo la extracción con Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela
Desde 2007, Ortega ha permanecido en el poder, con un periodo anterior en la década de 1980. Desde 2017 gobierna junto con Rosario Murillo, quien pasó a ocupar la figura de copresidenta después de las reformas constitucionales aprobadas en 2025.
ESTADOS UNIDOS.- Nicaragüenses exiliados en Estados Unidos pidieron al presidente Donald Trump aumentar la presión contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de que el mandatario afirmara que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones”.
Los opositores solicitaron sanciones, acciones judiciales y medidas contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), mientras la OEA prepara una reunión urgente para analizar la crisis política del país.
La petición fue presentada este viernes en Miami, donde representantes de la comunidad nicaragüense en Estados Unidos se reunieron con funcionarios y enviaron una carta a Trump, senadores y congresistas.
Según Swissinfo, citando la agencia EFE reportó que entre sus demandas está utilizar todos los instrumentos legales disponibles para presionar al gobierno de Ortega y abrir la posibilidad de elecciones libres.
El reclamo ocurre después de una declaración del mandatario nicaragüense que generó nuevas críticas internacionales. El 19 de julio, durante un acto por el aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega afirmó: “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.
¿Qué están pidiendo los exiliados a Donald Trump?
Las organizaciones nicaragüenses reunidas en Miami solicitaron que Estados Unidos eleve la presión sobre Ortega y Murillo.
Entre las medidas planteadas están:
- Utilizar instrumentos jurídicos y diplomáticos para presionar al gobierno nicaragüense.
- Impulsar acciones que permitan recuperar condiciones para elecciones libres.
- Aplicar sanciones contra funcionarios y militares.
- Retomar mecanismos contemplados en la Nica Act, aprobada en 2018.
- Designar al FSLN como organización terrorista, una petición que corresponde a las autoridades estadounidenses evaluar bajo su propio marco legal.
- Investigar posibles delitos de narcotráfico y violaciones graves de derechos humanos.
Aida Carrión-Vanegas, presidenta de Nicaragüenses-Americanos Unidos por la República, pidió incluso que Trump actuara contra Ortega de manera similar a la operación estadounidense contra Nicolás Maduro.
“Que haya una extracción como hizo el presidente Donald Trump con Nicolás Maduro. Que lo saque del poder para que pueda restablecer la democracia y la libertad en nuestro país”.
La petición refleja la expectativa que algunos sectores del exilio nicaragüense han depositado en la política exterior de Washington.
¿Por qué aumentó ahora la presión contra Ortega?
El punto de quiebre más reciente fue el discurso de Ortega del 19 de julio.
Su declaración fue interpretada por la oposición y distintos actores internacionales como una señal de que el gobierno busca impedir una alternancia política mediante las urnas. Reuters reportó que la afirmación también puso en duda las elecciones que originalmente estaban previstas para noviembre de 2027.
Días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró que sí habrá elecciones. La diferencia está en las condiciones.
Porras afirmó que los comicios se realizarían bajo un nuevo marco constitucional que impediría la participación de personas consideradas “traidores a la patria”.
Por ello, el debate ya no se limita a si habrá o no una jornada electoral. También se centra en quién podrá participar, bajo qué reglas y si existirá competencia política real.
Nicaragua prepara cambios a la Constitución
Después de las declaraciones de Ortega, el Parlamento controlado por el oficialismo comenzó a trabajar en modificaciones constitucionales.
Rosario Murillo anunció que la reforma parcial sería aprobada en primera legislatura durante septiembre y que buscaría excluir de los procesos electorales a opositores desnacionalizados y considerados “traidores a la patria”.
Esto añade otro elemento a la discusión. Una elección no garantiza por sí misma una competencia democrática. Para que exista alternancia, también deben existir condiciones para que distintos partidos y candidatos puedan participar, hacer campaña y competir en condiciones que permitan a los ciudadanos elegir entre diferentes opciones.
El exilio recuerda las protestas de 2018
Los reclamos de los nicaragüenses en Estados Unidos también están vinculados con la crisis que comenzó en 2018.
Marco Novoa, ciudadano estadounidense de origen nicaragüense que fue detenido después de participar en las protestas estudiantiles de ese año, afirmó que la situación de Nicaragua también debe ser considerada desde la perspectiva de seguridad nacional estadounidense.
Novoa denunció haber sido torturado durante su detención. “Como yo soy norteamericano, fui torturado por ellos, entonces eso entra como un crimen de lesa humanidad”, afirmó durante el encuentro citado por EFE.
Las protestas de 2018 fueron reprimidas por las autoridades. Naciones Unidas ha documentado graves violaciones de derechos humanos relacionadas con esa crisis. Reuters señala que la represión dejó más de 300 muertos, mientras cientos de miles de nicaragüenses abandonaron posteriormente el país.
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También piden investigar a Ortega y Murillo
Los exiliados no limitaron sus solicitudes a sanciones económicas. También plantearon la posibilidad de imputaciones por narcotráfico y por presuntos crímenes de lesa humanidad, aunque cualquier acusación penal tendría que sustentarse en investigaciones y procesos de las autoridades competentes.
La exigencia refleja una estrategia más amplia: que la presión internacional no se concentre únicamente en las instituciones nicaragüenses, sino también en los principales responsables del gobierno.
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Carrión-Vanegas sostuvo que la administración Trump representa actualmente la principal oportunidad que ven para conseguir cambios políticos. “En este momento es la única esperanza que tenemos los nicaragüenses con la Administración Trump”.
La activista también pidió que otros gobiernos latinoamericanos se sumen a las demandas de libertad y democracia.
¿Qué papel tiene la OEA en la crisis de Nicaragua?
La presión no se limita a Estados Unidos. El 19 de agosto de 2026, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó convocar una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores para analizar la situación de Nicaragua.
La resolución fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra —Brasil— y la abstención de México. La propuesta fue impulsada por un grupo de países encabezado por Estados Unidos.
La reunión tendrá como objetivo analizar la situación y determinar posibles acciones dentro del marco de la Carta de la OEA.
La decisión muestra que el tema dejó de ser únicamente un asunto entre el gobierno de Ortega y sus opositores. Ahora también está sobre la mesa de los organismos regionales.
¿Por qué México y Brasil no apoyaron la resolución?
La votación generó atención porque México se abstuvo y Brasil votó en contra. La posición de ambos países fue cuestionada por opositores nicaragüenses.
Norman Caldera, exministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y actualmente exiliado en Estados Unidos, pidió a ambos gobiernos considerar que la soberanía pertenece a los ciudadanos y no únicamente a los gobiernos.
“La soberanía no es de los gobiernos, sino de los pueblos”. Su declaración fue una crítica directa a la postura adoptada en la OEA.
¿Qué preocupa a los opositores sobre el futuro de Nicaragua?
La preocupación central es que los cambios legales terminen reduciendo todavía más los espacios para la oposición.
Desde 2007, Ortega ha permanecido en el poder, con un periodo anterior en la década de 1980. Desde 2017 gobierna junto con Rosario Murillo, quien pasó a ocupar la figura de copresidenta después de las reformas constitucionales aprobadas en 2025.
La situación se agravó después de las protestas de 2018 y de las elecciones de 2021, que fueron ampliamente cuestionadas por la detención de opositores y las restricciones a la competencia política.
Ahora, la discusión se concentra en las nuevas reglas electorales que prepara el oficialismo.
Una frase que cambió el debate
La declaración de Ortega del 19 de julio abrió una nueva etapa en la crisis política nicaragüense.
“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.
Después, el oficialismo matizó el mensaje al afirmar que sí habrá elecciones, pero bajo un marco que podría limitar la participación de opositores considerados “traidores a la patria”.
Por eso, el desafío para Nicaragua no consiste solamente en determinar cuándo será la próxima elección, sino en saber qué condiciones tendrá y quiénes podrán competir.
Mientras tanto, los exiliados nicaragüenses buscan que Washington aumente la presión contra Ortega y Murillo, y la OEA prepara una reunión de cancilleres para abordar la situación.
El reclamo de fondo es el mismo: que los ciudadanos nicaragüenses puedan recuperar la posibilidad de decidir mediante elecciones con participación política efectiva.
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