Luego de que Sheinbaum impuso el registro obligatorio de celulares con CURP, especialistas en telecomunicaciones advirtieron que la medida será inútil para frenar la extorsión debido al uso de spoofing y chips internacionales por parte de la delincuencia organizada
Pese al argumento gubernamental de vincular la identidad del titular con cada chip para combatir delitos, la manipulación de llamadas e identidades sintéticas permite a los extorsionadores operar al margen de los padrones oficiales.
La implementación del registro obligatorio que vincula cada tarjeta SIM de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y documentos oficiales en México ha reabierto un intenso debate sobre la efectividad real del Estado para combatir la ciberdelincuencia.
Defendido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como un pilar dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad para disminuir las llamadas de fraude y extorsión, el mecanismo administrativo es catalogado como insuficiente por especialistas en telecomunicaciones, abogacía constitucional y ciberseguridad.
Durante sus conferencias matutinas en Palacio Nacional, la mandataria federal ha sostenido que la medida no constituye un esquema de vigilancia masiva ni de geolocalización de la población.
De acuerdo con el Ejecutivo, la custodia de la información personal de más de 150 millones de usuarios no recae en el gobierno federal, sino en las propias empresas operadoras de telefonía móvil.
Bajo este esquema, regulado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) —órgano dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones—, las autoridades de procuración de justicia solo solicitarán la identidad vinculada a un número cuando exista una denuncia formal o una investigación por un delito consumado.
Sin embargo, firmas especializadas como Hogan Lovells y la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) advierten que la delincuencia organizada posee la infraestructura técnica necesaria para vulnerar este tipo de controles, dejando desprotegidos a los usuarios de buena fe y generando incertidumbre sobre el manejo de sus datos personales.
¿Por qué la vinculación del celular a la CURP es insuficiente para erradicar la extorsión?
El principal argumento de los especialistas radica en la brecha entre el control administrativo del número y las capacidades metodológicas del crimen organizado.
Etzel Salinas, asociado senior del área de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT) de Hogan Lovells, explica que la delincuencia opera mediante esquemas que eluden por completo los catálogos de registro local.
Limitaciones técnicas detectadas por especialistas del sector:
- Estrategia de spoofing: Técnica de suplantación donde se altera el identificador de llamadas para simular que provienen de números bancarios, instituciones públicas o claves LADA del extranjero.
- Uso de numeración dinámica y virtual: Adquisición de líneas VoIP y números temporales generados por software que no requieren un chip físico ni una CURP asociada.
- Líneas internacionales en roaming: Empleo de tarjetas SIM o eSIM compradas fuera de México que operan en redes locales sin necesidad de validación oficial ante la CRT.
- Migración a mensajería instantánea: Desplazamiento de los intentos de estafa desde la red telefónica convencional hacia plataformas como WhatsApp o Telegram a través de ataques de phishing por SMS.
¿Cómo evade el crimen organizado el registro telefónico promovido por el Ejecutivo?
El intento de controlar las comunicaciones mediante un padrón administrativo enfrenta un antecedente de fallas en Administraciones pasadas, como el RENAUT y el PANAUT, este último declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a los riesgos derivados del manejo masivo de datos.
Ernesto Piedras, CEO de The CIU, destaca que la tecnología evoluciona a un ritmo muy superior al de la regulación gubernamental.
Los grupos dedicados a la extorsión suelen recurrir a la compra masiva de identificaciones robadas en el mercado negro o al uso de la identidad de terceros mediante engaños, logrando registrar líneas activas que después son desechadas tras cometer los ilícitos.
Por ello, vincular una CURP a un chip no impide que los delincuentes utilicen identidades sintéticas o suplantes la información de personas ajenas a la estructura criminal.
Adicionalmente, el foco de origen de una parte sustancial de las llamadas de extorsión continúa ubicándose dentro de las instalaciones del sistema penitenciario del país.
Pese a que la legislación exige la instalación y mantenimiento de inhibidores de señal celular en los reclusorios, las fallas operativas y la corrupción interna permiten que el tráfico de llamadas desde las cárceles se mantenga activo, anulando el propósito preventivo del registro.
Te puede interesar: ¿Cómo recuperar una línea de teléfono suspendida si no registraste tu celular con CURP?
¿Qué riesgos de suspensión y vacíos legales enfrentan los usuarios de telefonía móvil en México?
El proceso de vinculación masiva ha generado preocupación social y legal por sus consecuencias operativas y regulatorias. Datos del sector revelan que decenas de millones de líneas móviles —principalmente del segmento de prepago o recargas en tiendas de conveniencia— corren el riesgo de ser suspendidas temporalmente al no completar la validación en las plataformas de las empresas telefónicas.
Riesgos y afectaciones identificadas para la población:
- Suspensión de servicios de comunicación: Las líneas no vinculadas quedan inhabilitadas para realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar datos móviles, permitiendo únicamente el acceso a números de emergencia como el 911.
- Desprotección ante filtraciones de datos: El almacenamiento de la CURP y datos personales en servidores de empresas privadas expone a los ciudadanos a ciberataques y robos de bases de datos, punto donde el gobierno federal ha desligado su responsabilidad directa.
- Inseguridad jurídica para los titulares: Si un número registrado es clonado o utilizado mediante spoofing para cometer un delito, el titular legal registrado en el padrón enfrenta el riesgo de ser investigado injustamente por las fiscalías.
- Falta de un órgano regulador autónomo: Tras la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la supervisión del proceso recae en la CRT, organismo sectorizado dentro de la estructura del Ejecutivo, lo que disminuye los contrapesos independientes para la protección de los derechos de los usuarios.
¿Cómo pueden los usuarios proteger su privacidad e identificar intentos de fraude telefónico?
Frente a la vulnerabilidad de los sistemas de registro y la persistencia de las llamadas fraudulentas, la prevención activa y la alfabetización digital constituyen las herramientas de protección más eficaces para los usuarios.
Medidas prácticas de seguridad digital para el ciudadano:
- Ignorar llamadas de números desconocidos: Desconfiar de marcaciones con ladas poco habituales o internacionales y evitar proporcionar datos personales o bancarios en la llamada.
- Verificación por vías independientes: Si recibe una alerta sobre su cuenta bancaria o un supuesto familiar en peligro, cuelgue de inmediato y comuníquese directamente al número oficial de la institución o al contacto directo del familiar.
- Proteger las cuentas de mensajería: Activar la verificación en dos pasos en aplicaciones como WhatsApp para evitar el secuestro de la cuenta o el fraude a contactos.
- No abrir enlaces en mensajes SMS: Evitar ingresar a ligas enviadas por texto (smishing) que soliciten actualizar datos o descargar archivos.
- Denuncia inmediata: Reportar cualquier intento de extorsión a la línea nacional 089 para nutrir las bases de datos de seguridad y solicitar el bloqueo de cuentas involucradas.
Te puede interesar: Alertan por páginas que imitan a operadores móviles para registrar celulares: no entregues códigos SMS, contraseñas ni datos bancarios
Hacia una estrategia integral de ciberseguridad sin criminalizar a la población
El combate efectivo a la ciberdelincuencia en México no se resolverá mediante la imposición de trámites administrativos masivos que trasladan la carga de la seguridad a los ciudadanos.
La experiencia del sector de las telecomunicaciones demuestra la urgencia de estructurar una política pública de ciberseguridad que combine la modernización de los cuerpos de investigación policiaca, el bloqueo tecnológico absoluto en los centros penitenciarios, la regulación del spam comercial y la difusión constante de campañas de alfabetización digital.
Solo mediante la desarticulación financiera de las bandas criminales y la cooperación internacional para rastrear delitos transfronterizos se logrará construir un entorno de conectividad seguro, accesible y respetuoso de la privacidad de las personas.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados