A 7 meses de la extracción de Maduro, Venezuela enfrenta una prueba clave en su transición: reforma judicial, derechos humanos y justicia para las víctimas
El Tribunal Supremo de Justicia tiene un papel central en el funcionamiento institucional de Venezuela.
VENEZUELA.- La transición política que comenzó en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, pero actualmente enfrenta una de sus principales pruebas: cómo avanzar hacia un nuevo sistema institucional sin dejar de lado la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
El primer ciclo de negociaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015, encabezada por Dinorah Figuera, terminó el 12 de agosto con dos acuerdos: trabajar para recuperar los activos de reserva internacional venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra e iniciar un proceso para transformar el sistema de justicia. Así lo reportaron EFE y Reuters a partir de los acuerdos anunciados por las delegaciones, indicó DW.
El segundo punto tiene un peso particular. Organizaciones de derechos humanos, expertos y organismos internacionales han advertido que cambiar jueces o reformar leyes no será suficiente si permanecen las estructuras que permitieron la persecución política, las detenciones arbitrarias y otros abusos.
Ese debate ocurre mientras Venezuela intenta definir qué significa realmente una transición. ¿Basta con cambiar las autoridades? ¿Qué ocurrirá con las víctimas? ¿Quién investigará los abusos? ¿Y cómo se garantizará que las prácticas de represión no vuelvan a repetirse?
El acuerdo que puso a la justicia en la mesa de negociación
El primer ciclo de conversaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición concluyó con un acuerdo para iniciar un proceso de transformación del sistema judicial.
Entre las medidas planteadas se encuentran:
- Reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y otras normas relacionadas con el sistema judicial.
- Renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales.
- Abrir un nuevo proceso para seleccionar y designar a todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
- Crear un comité que revise las credenciales y requisitos de los candidatos.
Dinorah Figuera explicó que el calendario para comenzar a aplicar los acuerdos iniciaría en agosto mediante anuncios oficiales y acciones concretas. Reuters documentó que ambas delegaciones acordaron mantener un mecanismo de trabajo continuo para dar seguimiento a los compromisos.
Delcy Rodríguez calificó el resultado como un “primer paso” y dijo esperar que el proceso contribuya a una convivencia democrática entre los distintos sectores políticos.
El acuerdo también contempla trabajar en la recuperación de activos venezolanos depositados en el Banco de Inglaterra, con mecanismos de transparencia, trazabilidad y auditoría para definir su utilización.
¿Por qué una reforma judicial es tan importante?
El Tribunal Supremo de Justicia tiene un papel central en el funcionamiento institucional de Venezuela.
Por ello, una renovación de sus integrantes no solo implica sustituir magistrados. El punto de fondo es determinar cómo serán seleccionados, qué garantías tendrán frente al poder político y qué mecanismos existirán para evitar que los tribunales sean utilizados para perseguir a opositores.
El Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS), en un informe publicado el 13 de agosto, señala que una eventual transición democrática requeriría reformas institucionales y condiciones que permitan celebrar elecciones libres y competitivas. Entre los asuntos pendientes menciona la libertad de prensa, la posibilidad de que los partidos se movilicen libremente y la reforma del Consejo Nacional Electoral.
En este contexto, la reforma judicial puede convertirse en uno de los primeros indicadores para saber si el cambio político modifica realmente las instituciones.
El riesgo: cambiar los nombres sin cambiar el sistema
Aquí aparece uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones de derechos humanos.
El informe “Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho”, elaborado por la plataforma Justicia y Verdad y presentado el 6 de agosto, sostiene que Venezuela todavía no ha avanzado hacia una transición democrática estructural.
El documento analiza cuatro pilares y 15 indicadores para evaluar los cambios ocurridos desde enero de 2026. Su conclusión es que, pese a medidas como las excarcelaciones y los anuncios de reformas, permanecen elementos de las estructuras que permitieron la represión.
Entre sus principales demandas se encuentran la liberación de todos los presos políticos, el reconocimiento de violaciones documentadas, la depuración de cuerpos de seguridad involucrados en abusos, la modificación de normas que restringen el espacio cívico y la garantía de independencia judicial.
La advertencia es concreta: una renovación de jueces y fiscales no garantiza por sí misma una reforma del sistema si permanecen los mecanismos de presión política que condicionan sus decisiones.
¿Qué dicen las Naciones Unidas sobre la situación?
La preocupación no proviene únicamente de organizaciones venezolanas.
En marzo de 2026, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas señaló que las estructuras estatales que habían sostenido durante años la persecución seguían operativas después de la salida de Maduro.
La misión indicó que esas estructuras no habían sido desmanteladas y que tampoco se habían anunciado políticas destinadas a iniciar ese proceso.
Ese diagnóstico permite entender por qué la reforma judicial adquiere tanta importancia.
Si los mecanismos institucionales que participaron en la persecución permanecen intactos, una transición política puede modificar la dirección del gobierno sin transformar necesariamente el funcionamiento del Estado.
La salida de la Corte Penal Internacional abre otro frente
Uno de los hechos que más preocupación ha generado entre organizaciones de derechos humanos fue la decisión del gobierno venezolano de iniciar su salida de la Corte Penal Internacional (CPI).
El 24 de julio, Venezuela notificó a Naciones Unidas su decisión de retirarse del Estatuto de Roma. El gobierno de Rodríguez justificó la medida al considerar que la CPI ha actuado con sesgo y de manera desproporcionada contra determinados países.
La decisión fue cuestionada por la propia Asamblea de los Estados Partes de la CPI, que expresó su preocupación y advirtió que los retiros del Estatuto de Roma pueden debilitar los esfuerzos internacionales contra la impunidad.
Pero existe una precisión jurídica importante: Venezuela no deja de ser parte de la CPI de manera inmediata.
El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que el retiro entra en vigor un año después de que se recibe la notificación. Además, el retiro no elimina las obligaciones adquiridas mientras el país era parte ni afecta determinadas investigaciones o procedimientos que ya estaban en curso.
Por eso, presentar la decisión como si las investigaciones internacionales desaparecieran de inmediato sería incorrecto.
¿Qué significa esto para las víctimas?
Para quienes sufrieron detenciones arbitrarias, tortura, persecución política, desapariciones u otros abusos, una transición plantea una pregunta que va más allá de quién ocupa el poder.
Se trata de saber qué ocurrirá con los hechos que ya fueron documentados y quién tendrá la responsabilidad de investigarlos.
La plataforma Justicia y Verdad sostiene que una transición democrática requiere medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Su diagnóstico considera que estos elementos deben incorporarse desde las primeras etapas del proceso y no dejarse para una fase posterior.
Esto implica, entre otras cosas, preservar archivos, proteger pruebas, garantizar la participación de las víctimas y asegurar que los investigadores y jueces puedan actuar sin presiones políticas.
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Justicia y estabilidad: ¿son objetivos incompatibles?
Una de las preguntas más complejas en cualquier transición política es qué hacer cuando exigir justicia puede generar resistencia entre quienes todavía controlan parte del aparato estatal.
Durante procesos de transición ocurridos en distintos países durante las últimas décadas del siglo XX, se utilizaron amnistías y acuerdos políticos como mecanismos para reducir tensiones y facilitar cambios de gobierno.
Con el paso del tiempo, el debate internacional se desplazó hacia otra pregunta: cómo conseguir estabilidad sin convertirla en una justificación para la impunidad.
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En el caso venezolano, organizaciones como CEPAZ y Justicia y Verdad plantean que la estabilidad de una transición depende también de que las víctimas puedan conocer la verdad y obtener reparación.
La idea es que una democracia nueva no puede sostenerse únicamente sobre acuerdos entre las élites políticas. También necesita mecanismos para atender las consecuencias de los abusos cometidos durante el periodo anterior.
“Con los pies sobre la tierra y los ojos en las estrellas”
Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), ha utilizado una metáfora para explicar esta tensión: avanzar “con los pies sobre la tierra y los ojos en las estrellas”.
La expresión plantea que una transición debe avanzar con medidas posibles y concretas, pero sin perder de vista el objetivo final: recuperar instituciones democráticas capaces de garantizar derechos.
El riesgo, desde esta perspectiva, es conformarse con cambios que permitan mostrar avances políticos sin modificar las estructuras que produjeron los abusos.
La propia plataforma Justicia y Verdad advierte que los anuncios de reformas deben evaluarse por sus resultados y no únicamente por su existencia.
El papel de las excarcelaciones
Las excarcelaciones de presos políticos han sido uno de los cambios más visibles desde el inicio de la nueva etapa política.
El CRS señala que la administración interina aprobó una ley de amnistía que permitió la liberación de más de 800 presos políticos entre enero y mayo de 2026, aunque la medida no incluyó a todas las personas detenidas o perseguidas por motivos políticos.
Las liberaciones representan una medida relevante, pero por sí solas no resuelven el problema.
Una política de justicia transicional también tendría que responder qué ocurrió con quienes fueron detenidos, quién ordenó las acciones, qué instituciones participaron, qué daños sufrieron las víctimas y qué garantías existen para impedir que vuelva a suceder.
El gran desafío: evitar que la transición se quede a mitad del camino
El proceso venezolano tiene ahora dos velocidades. Por un lado, existen negociaciones políticas, acuerdos sobre la reforma judicial y medidas destinadas a reconstruir instituciones.
Por otro, permanecen cuestionamientos sobre derechos humanos, independencia judicial, estructuras de seguridad y mecanismos de rendición de cuentas.
El CRS considera que Venezuela aún necesita establecer condiciones para unas elecciones libres y justas, entre ellas reformas institucionales y garantías para la participación política.
Al mismo tiempo, Naciones Unidas ha advertido que las estructuras represivas no fueron desmanteladas tras la salida de Maduro.
La combinación de ambos diagnósticos muestra el tamaño del reto.
¿Qué tendría que ocurrir para hablar de una transición real?
No existe una sola fórmula. Sin embargo, los elementos que aparecen de manera reiterada en los informes y pronunciamientos consultados apuntan hacia varias tareas:
- Independencia judicial, con procesos transparentes para seleccionar jueces y magistrados.
- Reforma de las normas utilizadas para restringir la disidencia y el espacio cívico.
- Investigación de las violaciones de derechos humanos, tanto las cometidas antes como las que pudieran ocurrir durante la transición.
- Protección de las víctimas y testigos.
- Preservación de pruebas y archivos.
- Rendición de cuentas de los responsables, mediante procedimientos con garantías.
- Reforma de los cuerpos de seguridad y controles civiles sobre sus actuaciones.
- Garantías de no repetición.
- Elecciones libres y competitivas, con condiciones para que los partidos puedan participar.
- Acceso de organismos internacionales para observar, documentar y acompañar el proceso.
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