Cristina Fernández de Kirchner recurre a la ONU tras ser condenada a seis años de prisión por un caso de corrupción
La exmandataria argentina afirma que el juicio por el desvío de recursos en obras públicas no respetó sus garantías y pide que el organismo internacional revise si hubo violaciones a sus derechos políticos y judiciales.
La ex presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que analice si durante el proceso judicial de la Causa Vialidad se respetaron las garantías establecidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que ahora busca que el organismo internacional determine si durante el juicio se respetaron sus derechos y el debido proceso.
La información fue dada a conocer por la propia Cristina Fernández de Kirchner y forma parte del recurso presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, organismo encargado de revisar posibles violaciones a los derechos protegidos por ese tratado internacional cuando se agotan las instancias judiciales nacionales.
¿Qué busca Cristina Fernández con el recurso ante la ONU?
La ex mandataria sostiene que no pretende que la ONU revise la sentencia únicamente por estar en desacuerdo con ella, sino que determine si durante todo el proceso judicial se respetaron las garantías del debido proceso y los derechos establecidos en los tratados internacionales suscritos por Argentina.
En una carta abierta publicada en medios de comunicación de España, Francia y Brasil, afirmó que su caso trasciende el ámbito personal porque considera que también afecta los derechos políticos de los ciudadanos.
Según escribió:
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales, sino de someter mi juzgamiento al análisis del derecho internacional de los derechos humanos”.
¿Qué denunció sobre la Causa Vialidad?
Fernández de Kirchner asegura que el expediente judicial fue impulsado mediante irregularidades procesales, pruebas falsas y una persecución política.
También recordó que varias investigaciones abiertas en su contra durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri fueron, según su versión, iniciadas sin pruebas suficientes y posteriormente reactivadas.
Entre ellas mencionó la llamada Causa de los Cuadernos, en la que aseguró que algunos testigos denunciaron haber sido presionados para declarar.
Estas afirmaciones forman parte de los argumentos expuestos por la ex presidenta y no constituyen resoluciones emitidas por organismos internacionales ni modifican las sentencias judiciales vigentes.
La ex presidenta asegura que existe una proscripción política
En su carta, Fernández de Kirchner sostiene que su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos representa una “proscripción”, ya que, según argumenta, impide que los ciudadanos puedan elegirla en futuras elecciones.
Además, afirmó:
“Hoy me dirijo a cada argentina y a cada argentino con la serenidad de quien sabe que la verdad tiene una fuerza que ninguna operación política, ninguna campaña de difamación y ninguna sentencia injusta podrán derrotar para siempre”.
También denunció violencia política y discriminación de género
La ex presidenta señaló que ha sido juzgada no solo por sus decisiones políticas, sino también por su condición de mujer.
Afirmó que existen prácticas de machismo estructural dentro de algunos sectores del sistema judicial argentino y recordó que fue la única mujer elegida y reelegida como presidenta del país, además de ser la única exmandataria condenada por la Corte Suprema.
Fernández también vinculó el ambiente político con el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al señalar que el nivel de violencia pública en su contra llegó al extremo de incentivar un atentado contra su vida.
¿Qué puede hacer ahora el Comité de Derechos Humanos de la ONU?
El Comité de Derechos Humanos de la ONU no actúa como un tribunal de apelación ni puede anular directamente una sentencia dictada por la justicia argentina.
Su función consiste en analizar si un Estado respetó las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos y, en caso de encontrar violaciones, emitir observaciones y recomendaciones dirigidas al país involucrado.
Mientras ese procedimiento avanza, la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner continúa vigente, al igual que la inhabilitación para ejercer cargos públicos, salvo que exista una resolución distinta por parte de las autoridades judiciales competentes en Argentina.
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