Asesinan a Reynaldo Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas, pese a que la ONU había alertado sobre amenazas de muerte, ataques armados y un intento de desaparición en su contra
El defensor fue atacado a balazos en Yabteclum, Chenalhó; dos hombres en motocicleta habrían cometido la agresión. La Fiscalía de Chiapas investiga el crimen y el fiscal estatal supervisa las diligencias.
Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en la región de Los Altos de Chiapas, fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 28 de octubre en la comunidad de Yabteclum, municipio de Chenalhó.
El crimen ocurrió pese a que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había alertado al Gobierno de México sobre las amenazas de muerte, un intento de desaparición y los ataques armados que Pérez denunciaba desde octubre de 2022.
De acuerdo con la reconstrucción preliminar de los hechos, dos hombres que viajaban en una motocicleta dispararon contra el defensor con un arma corta.
Fiscalía de Chiapas investiga el asesinato
Tras el homicidio, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, se trasladó a San Cristóbal de las Casas para supervisar personalmente las diligencias, por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.
Personal de la Fiscalía Indígena, agentes de investigación y peritos acudieron al lugar del crimen para realizar el levantamiento del cuerpo y recabar indicios que permitan avanzar en la investigación.
Hasta la información disponible, no se han dado a conocer detalles sobre la identidad de los responsables ni el posible móvil del asesinato.
🚨#ÚltimaHora | Asesinan a Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos en Chiapas.
— Azucena Uresti (@azucenau) October 28, 2026
Ya había denunciado amenazas en su contra. pic.twitter.com/RE8rbKZTuF
La ONU había advertido sobre las amenazas
El homicidio ocurrió después de que la ONU alertara sobre los riesgos que enfrentaba Pérez por las amenazas y agresiones que había denunciado desde octubre de 2022.
Entre los antecedentes señalados se encontraban amenazas de muerte, un intento de desaparición y ataques armados. La alerta había sido dirigida al Gobierno de México poco más de un año antes del asesinato.
El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en la región de Los Altos de Chiapas.
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