IMÁGENES FUERTES: Una pareja acusada de brujería fue sacada de su casa, golpeada, linchada y quemada viva por pobladores en la comunidad de Las Tacitas, en Ocosingo, Chiapas, quienes luego tiraron sus restos calcinados en un camino de la localidad

Un hombre y una mujer fueron sacados por la fuerza de su domicilio, linchados y quemados vivos por pobladores de la comunidad de Las Tacitas, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, bajo la acusación infundada de practicar brujería.

Ante la extrema gravedad del homicidio tumultuario, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, abrió una carpeta de investigación penal para deslindar responsabilidades, mientras que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició una queja de oficio para exigir una indagatoria imparcial que frene la impunidad y la violencia colectiva en la región.

¿Cómo ocurrió el linchamiento y qué revelan las grabaciones difundidas en redes sociales?

El ataque colectivo se registró en la región Selva del municipio chiapaneco, donde las tensiones comunitarias y la rápida propagación de rumores sin sustento legal escalaron hasta un saldo fatal.

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De acuerdo con los reportes recabados en la zona, los habitantes irrumpieron en una vivienda para sustraer a la pareja, a quienes señalaban directamente de realizar supuestos actos de “brujería” que presuntamente afectaban al poblado.

Tras sacarlos por la fuerza, las víctimas fueron trasladadas al domo principal de la comunidad, un espacio público donde fueron agredidas físicamente y rociadas con combustible antes de prenderles fuego.

Diversos videos difundidos en redes sociales mostraron los momentos en que una de las personas permanecía envuelta en llamas ante la mirada de la turba.

Posteriormente, los cuerpos sin vida y calcinados fueron abandonados a un costado de un camino de la localidad, donde peritos ministeriales realizaron el levantamiento de indicios.

¿Qué acciones legales emprendió la Fiscalía de Chiapas y la CEDH tras el homicidio?

La respuesta institucional se activó de manera inmediata ante la comisión de delitos graves que vulneran el orden constitucional. La FGE de Chiapas movilizó a policías ministeriales y especialistas forenses para esclarecer los hechos e identificar a los principales instigadores y participantes materiales del linchamiento en Las Tacitas.

Por su parte, la CEDH informó la apertura oficial del expediente CEDH/QUEJA/0946/2026 derivado de las denuncias públicas y los indicios recabados en plataformas digitales. El organismo protector, presidido por Horacio Culebro Borrayas, emitió un pronunciamiento contundente al señalar que ninguna acusación, creencia o rumor comunitario puede justificar la tortura, los tratos crueles ni la privación arbitraria de la vida.

La institución recalcó que la justicia no surge de la violencia colectiva, sino de instituciones capaces de investigar, juzgar y sancionar conforme a la ley.

¿Por qué persisten los linchamientos y la violencia comunitaria en zonas rurales?

El fenómeno de la justicia por propia mano en regiones marginadas responde a factores estructurales complejos, entre los que destacan el aislamiento geográfico, la desconfianza histórica hacia los mecanismos formales de procuración de justicia, el debilitamiento del tejido social y la vulnerabilidad ante la desinformación.

Cuando los pobladores sienten que sus demandas de seguridad o bienestar son ignoradas o cuando se propagan mitos locales sin intervención preventiva oportuna, las comunidades suelen generar respuestas violentas basadas en una falsa noción de orden colectivo.

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Este tipo de actos demuestran una peligrosa falla en el sistema de seguridad que recae en la ausencia de canales de mediación pacífica y un reto persistente para consolidar la presencia del Estado en zonas de difícil acceso.

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¿Cómo afecta la polarización comunitaria y el fanatismo en la seguridad de tu comunidad?

Para los habitantes de cualquier región del país, la tolerancia o normalización de la violencia tumultuaria representa una amenaza directa que erosiona la convivencia pacífica y destruye las garantías elementales de seguridad ciudadana.

Cuando las diferencias vecinales o los conflictos sociales se resuelven mediante agresiones extremas y tortura, se instaura un clima de miedo generalizado donde la ley pierde su vigencia.

La impunidad que suele rodear a los linchamientos perpetúa un ciclo destructivo que vulnera los derechos humanos de toda la población, demostrando que la seguridad comunitaria nunca puede construirse al margen del estado de derecho y el debido proceso.