Nuevo México evalúa demandar a la DEA tras revelarse que permitió el paso de cargamentos de fentanilo entre 2023 y 2025, una estrategia federal que habría agravado la crisis de sobredosis y provocado miles de muertes en el estado

La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, anunció que el estado evalúa presentar una demanda civil millonaria contra la DEA tras revelarse que agentes federales permitieron el ingreso de cargamentos de fentanilo a comunidades locales como parte de una estrategia para construir casos penales de mayor alcance.

La posible acción legal surge en medio de un aumento de sobredosis en Nuevo México, incluso cuando otros estados han reportado una baja en muertes vinculadas al fentanilo, lo que ha encendido la alarma entre autoridades estatales y locales.

Qué se acusa a la DEA y por qué importa

De acuerdo con la gobernadora, la estrategia habría consistido en monitorear envíos de fentanilo sin incautarlos, con el objetivo de identificar redes criminales más amplias.

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Mientras Estados Unidos exige a México resultados contra el narcotráfico, tres denunciantes de la DEA confiesan que su propio gobierno permitió el libre tráfico de fentanilo hacia Nuevo México para construir casos mayores contra cárteles

Para el gobierno estatal, esta práctica puso en riesgo directo a la población al permitir que la droga llegara a las calles.

Se trata de un fracaso asombroso del gobierno federal”, afirmó Lujan Grisham durante una conferencia en Albuquerque, y calificó la actuación como “repugnante y despreciable”.

La mandataria aseguró que llevará el reclamo a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos para exigir garantías de que la práctica no continúe ni se replique en otros estados.

Las revelaciones que detonaron la polémica

Las declaraciones se produjeron una semana después de que The Associated Press informara que, entre 2023 y 2025, agentes de la DEA observaron repetidamente cargamentos de fentanilo sin decomisarlos, como parte de investigaciones en curso.

Agentes actuales y retirados de la agencia, incluido el denunciante David Howell, señalaron que la táctica equivalía a apostar con la seguridad pública y que podría haber violado normas del Departamento de Justicia de Estados Unidos diseñadas para proteger a la ciudadanía.

La respuesta oficial y la investigación en curso

En un primer momento, la DEA negó las acusaciones. Sin embargo, posteriormente solicitó que el organismo de supervisión independiente del Departamento de Justicia realice una investigación interna sobre la estrategia denunciada.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni la DEA han respondido a solicitudes formales de comentarios por parte de autoridades estatales.

El contexto: fentanilo y una crisis sin precedentes

Las acusaciones se dan en plena epidemia de drogas más letal en la historia de Estados Unidos, mientras la propia DEA impulsa campañas de prevención como “One Pill Can Kill” (“Una pastilla puede matar”), que advierten que mínimas cantidades de fentanilo pueden ser mortales.

Para el gobierno de Nuevo México, la contradicción entre el discurso público y las prácticas operativas refuerza la necesidad de responsabilidades legales y abre un debate nacional sobre los límites de las estrategias federales contra el narcotráfico y su impacto real en las comunidades.