DEA promete ir por el Cártel Jalisco Nueva Generación y los “narcopolíticos” que los protegen sin importar su cargo mientras EEUU abre cinco procesos contra operadores del cártel: “Vamos por ellos”
Las autoridades estadounidenses presentaron cinco acusaciones contra presuntos líderes y operadores del CJNG vinculados con narcotráfico, lavado de dinero, violencia y fraude con tiempos compartidos.
WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 5 de agosto cinco acusaciones federales contra presuntos integrantes de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), junto con recompensas, órdenes de captura y acciones contra sus redes financieras. La ofensiva afecta a dirigentes, operadores, empresas y posibles facilitadores políticos del grupo. El Departamento de Justicia y Reuters confirmaron la presentación de las cinco acusaciones, mientras que el director de la DEA, Terrance C. “Terry” Cole, afirmó que funcionarios mexicanos han protegido las operaciones del cártel. Sin embargo, durante el anuncio no presentó una lista de servidores públicos ni pruebas judiciales contra personas específicas, por lo que el señalamiento debe entenderse como una acusación de la autoridad estadounidense y no como una responsabilidad comprobada.
El fiscal general interino, Todd Blanche, presentó las medidas como una continuación de la estrategia contra organizaciones que Washington responsabiliza por el tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina, heroína y otras drogas hacia territorio estadounidense. En la conferencia también participaron el director del FBI, Kash Patel; representantes de la DEA, del Departamento de Estado y de Investigaciones de Seguridad Nacional.
¿Qué anunció Estados Unidos contra el CJNG?
El Departamento de Justicia informó sobre cinco acusaciones separadas contra presuntos líderes del CJNG, aunque una acusación formal no equivale a una condena. Cada señalado conserva la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine su responsabilidad.
Las medidas presentadas forman parte de una estrategia que combina:
- Procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero, armas, fraude y apoyo material a una organización designada como terrorista.
- Recompensas económicas por información que permita localizar y detener a los fugitivos.
- Sanciones financieras contra personas, empresas y redes que presuntamente administran recursos del cártel.
- Arrestos y solicitudes de extradición mediante cooperación con México y otros países.
- Investigaciones contra posibles facilitadores, incluidos servidores públicos que habrían usado su posición para proteger actividades ilícitas.
Las recompensas acumuladas anunciadas por Washington contra figuras vinculadas al CJNG superan los 100 millones de dólares, de acuerdo con la información difundida tras la conferencia. El monto más alto corresponde ahora a Juan Carlos Valencia González, por quien la DEA ofrece hasta 25 millones de dólares.
¿Qué dijo Terry Cole sobre los llamados “narcopolíticos”?
Cole afirmó que la DEA no limitará sus investigaciones a quienes transportan o venden drogas. Su advertencia también fue dirigida a funcionarios que, según la agencia, puedan utilizar poder político, contactos institucionales o recursos públicos para facilitar las operaciones del CJNG.
Esto es apenas el inicio. Vamos a utilizar todas nuestras herramientas para proteger al ciudadano estadounidense”
El funcionario añadió que la agencia perseguirá a quienes obtengan ganancias del tráfico de drogas, participen en hechos de violencia o utilicen una posición política para proteger al cártel.
No importa el título, la posición o la conexión política. Nada te va a defender”
El término “narcopolítico” no constituye por sí mismo un delito o una categoría penal. Para iniciar un proceso judicial, las autoridades deben presentar acusaciones concretas, evidencias y una relación comprobable con delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, protección institucional o conspiración.
Cole sostuvo que integrantes del Gobierno mexicano han facilitado actividades del CJNG. No obstante, no identificó públicamente a funcionarios específicos durante el anuncio, por lo que no es posible atribuir responsabilidad a alguna persona con base únicamente en sus declaraciones.
¿Quién es Juan Carlos Valencia González y por qué es prioridad de la DEA?
Estados Unidos identifica a Juan Carlos Valencia González, conocido como “El Pelón”, “El R3” o “El 03”, como el nuevo dirigente del CJNG después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida durante un operativo del Gobierno mexicano en febrero de 2026.
Valencia González es hijastro de “El Mencho” y durante años habría encabezado una estructura armada del cártel. El Departamento del Tesoro lo señala como dirigente de la organización, mientras que la DEA lo colocó entre sus fugitivos prioritarios y elevó de 5 a 25 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.
Washington lo acusa desde 2020 de participar en una conspiración para introducir cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, además de utilizar armas relacionadas con el tráfico de drogas. Las acusaciones continúan pendientes y Valencia González permanece prófugo.
¿Quiénes son “El Jardinero”, “El Sapo” y “El Tarjetas”?
Las autoridades estadounidenses mencionaron a varios integrantes de la estructura del CJNG.
Los nombres correctos difundidos en los documentos oficiales son:
- Audias Flores Silva, “El Jardinero”. Fue detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026. Estados Unidos lo acusa de traficar cocaína, heroína y metanfetamina, utilizar armas y participar en una conspiración para lavar ganancias del narcotráfico.
- Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”. El Departamento del Tesoro lo ubica dentro de la estructura de mando del CJNG. Su nombre apareció incorrectamente en algunas versiones iniciales como “Hugo Méndez Gaitán”.
- Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”. Es acusado en Estados Unidos de fraude electrónico, lavado de dinero y apoyo material al CJNG mediante una red que engañaba a propietarios de tiempos compartidos. Su apellido también fue difundido de manera incorrecta como “Montejo”.
Montero Pinzón ha sido señalado en reportes mexicanos por una posible relación con el atentado de junio de 2020 contra Omar García Harfuch. Sin embargo, la acusación federal estadounidense disponible contra él se concentra en el fraude con tiempos compartidos, el lavado de dinero y el supuesto financiamiento al CJNG, no en ese ataque.
¿Cómo utilizaba el CJNG los fraudes con tiempos compartidos?
El FBI sostiene que el CJNG desarrolló redes de fraude dirigidas principalmente contra estadounidenses propietarios de tiempos compartidos en México.
Los responsables se comunicaban por teléfono o correo electrónico y se presentaban como:
- Agentes inmobiliarios.
- Abogados.
- Representantes de empresas turísticas.
- Funcionarios fiscales.
- Personas capaces de vender, rentar o recuperar el dinero de un tiempo compartido.
Después solicitaban pagos anticipados por supuestos impuestos, comisiones, trámites o liberación de recursos. Las víctimas entregaban el dinero, pero la venta prometida no se concretaba. En algunos casos, eran contactadas nuevamente por personas que ofrecían recuperar las pérdidas a cambio de más depósitos.
Entre 2019 y 2024, alrededor de 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 350 millones de dólares por fraudes de este tipo relacionados con propiedades en México, según datos incluidos por el Departamento de Justicia.
Para reducir riesgos, se recomienda desconfiar de ofertas no solicitadas, evitar pagos anticipados, verificar por separado la identidad de abogados o empresas y no entregar datos bancarios bajo presión.
¿La muerte de “El Mencho” terminó con el CJNG?
Las autoridades estadounidenses consideran que no. Aunque “El Mencho” murió en febrero de 2026 y “El Jardinero” fue capturado dos meses después, el CJNG mantiene redes regionales, operadores financieros y células dedicadas al tráfico de drogas, la violencia, el robo de combustible y los fraudes.
El Departamento del Tesoro sancionó en julio a más de 50 personas y entidades vinculadas con el grupo, entre ellas empresas relacionadas con gasolineras, bebidas, construcción, agricultura y otras actividades utilizadas presuntamente para ocultar recursos. La operación fue coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
La presión tampoco comenzó con el anuncio de este miércoles. En 2020, la llamada Operación Python de la DEA produjo más de 600 arrestos y 350 acusaciones relacionadas con integrantes y asociados del CJNG en Estados Unidos.
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