Milei se libra de cargos por $LIBRA: no lo culpan tras colapso de criptomoneda que arruinó a miles

Buenos Aires, Argentina a 7 de junio de 2025. — La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina determinó que el presidente Javier Milei no incurrió en ninguna violación a la ley de Ética Pública por su participación en la difusión de la criptomoneda $LIBRA, que colapsó tras un breve auge, dejando a miles de personas afectadas financieramente, según EFE.

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El caso se originó luego de que Milei publicara en sus redes sociales el pasado 14 de febrero una publicación favorable sobre la divisa digital, lo que impulsó su precio temporalmente. Pocas horas después, inversionistas mayoritarios retiraron sus fondos, provocando una caída abrupta en su valor. Tras las primeras denuncias de estafa, el presidente eliminó la publicación de sus redes.

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La OA descarta uso indebido de recursos públicos

En la resolución difundida por medios locales, la OA—organismo que depende del Ministerio de Justicia—concluyó que la actuación del presidente debe interpretarse como un acto de comunicación individual o privada, sin relación con una función oficial.

Además, la investigación no encontró evidencia de uso de recursos públicos ni de promoción institucional de intereses particulares, elementos clave para configurar un posible conflicto con la ley de Ética Pública.

Dado que no se ha detectado la existencia de un procedimiento, acto o contrato estatal respecto del referido proyecto y/o el criptoactivo $LIBRA, cabe descartar la hipótesis de omisión de un deber de abstención del señor presidente de la Nación al respecto,

—  señala la resolución.

Milei rechaza responsabilidad por pérdidas

Tras el desplome de $LIBRA, el presidente Milei aseguró que actuó “de buena fe”, y que su intención no fue promocionar formalmente la criptomoneda. También se negó a asumir responsabilidad por las pérdidas económicas de los inversionistas, argumentando que su publicación fue una manifestación personal y no una recomendación financiera.

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Aunque la decisión de la OA cierra por ahora una posible vía administrativa o ética, el caso continúa generando debate público y críticas por parte de sectores que piden mayor responsabilidad en el uso de plataformas digitales por parte de los funcionarios.