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Trump firma orden ejecutiva para reforzar la pena de muerte y asegurar ejecuciones federales

La medida busca también preservar la pena capital en los estados con dificultades para mantener estos suministros.

 Trump firma orden ejecutiva para reforzar la pena de muerte y asegurar ejecuciones federales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que refuerza la aplicación de la pena de muerte, instando al fiscal general a tomar todas las medidas necesarias y legales para garantizar que los estados cuenten con los suministros suficientes de drogas para la inyección letal y puedan llevar a cabo las ejecuciones.

La orden, firmada poco después del regreso de Trump a la Casa Blanca, instruye al Departamento de Justicia no solo a solicitar la pena capital en los casos federales que lo ameriten, sino también a ayudar a preservar la pena de muerte en los estados que enfrentan dificultades para mantener un suministro adecuado de los medicamentos necesarios para la inyección letal.

La medida se produce tras la suspensión de las ejecuciones federales desde 2021, cuando el fiscal general Merrick Garland impuso una moratoria. En la actualidad, solo tres personas permanecen en el corredor de la muerte federal, después de que el presidente demócrata Joe Biden conmutara 37 sentencias a cadena perpetua.

Trump ordenó que el fiscal general busque la jurisdicción federal y persiga la pena de muerte “sin considerar otros factores” cuando el caso implique el asesinato de un oficial de la ley o delitos capitales cometidos por personas extranjeras que se encuentren ilegalmente en el país.

Además, instruyó al fiscal general a desafiar precedentes del Tribunal Supremo que “limiten la autoridad” de los gobiernos estatales y federales para imponer la pena de muerte.

En su orden, Trump afirmó: “La responsabilidad más solemne del gobierno es proteger a sus ciudadanos de actos atroces, y mi Administración no tolerará los intentos de obstruir y aniquilar las leyes que autorizan la pena capital contra aquellos que cometen actos horribles de violencia contra ciudadanos estadounidenses.”

Durante su primer mandato, la administración de Trump ejecutó a 13 personas en el ámbito federal, un número récord en la historia moderna, y el presidente ha expresado en varias ocasiones su deseo de ampliar las ejecuciones.

En un discurso reciente al anunciar su campaña para las elecciones de 2024, Trump pidió que quienes fueran atrapados traficando drogas recibieran la pena de muerte por sus actos atroces. También prometió ejecutar a los traficantes de drogas y a los contrabandistas de personas, e incluso elogió el tratamiento más severo de China hacia los traficantes de drogas.

La firma de esta orden se produjo pocos días después de que Garland retirara el protocolo del Departamento de Justicia sobre ejecuciones federales, que permitía el uso de inyecciones letales de un solo fármaco, el pentobarbital, tras una revisión gubernamental que planteó preocupaciones sobre el riesgo de “dolor innecesario y sufrimiento”.

Este protocolo podría ser reestablecido por el nuevo fiscal general interino James McHenry III, o por la designada para liderar el Departamento de Justicia, Pam Bondi, una vez sea confirmada por el Senado.

El protocolo del pentobarbital había sido adoptado durante el mandato de Bill Barr, fiscal general bajo la administración de Trump, para sustituir la mezcla de tres fármacos utilizada en los 2000, que se había empleado en las últimas ejecuciones federales antes de que Trump asumiera la presidencia.

La decisión de Biden de reducir la pena de muerte dejó a solo tres reclusos en el corredor de la muerte federal: Dylann Roof, quien cometió el asesinato racista de nueve miembros de la Iglesia Madre Emanuel AME en Charleston, Carolina del Sur, en 2015; Dzhokhar Tsarnaev, el responsable de la bomba del Maratón de Boston de 2013; y Robert Bowers, quien asesinó a 11 personas en la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh en 2018, el ataque antisemita más mortal en la historia de Estados Unidos.

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