Detienen a Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen, por presuntas irregularidades en contratos de más de 62 millones de pesos para lavar vehículos oficiales
La Fiscalía de Quintana Roo investiga tres contratos otorgados durante su administración, en los que se reportaron hasta 865 lavados mensuales para una flotilla de apenas 123 vehículos municipales.

CIUDAD DE MÉXICO.- Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa panista de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenida en la Ciudad de México por su presunta participación en irregularidades en contratos públicos que habrían provocado un daño al patrimonio municipal superior a 62 millones de pesos. La investigación se concentra en pagos por servicios de lavado de vehículos oficiales entre 2022 y 2024, cuya prestación no habría sido comprobada conforme a la ley. La detención forma parte de una investigación penal y no representa una declaración de culpabilidad.
De acuerdo con información de Agencia Reforma y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la orden de aprehensión fue ejecutada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por la probable responsabilidad de la exfuncionaria en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. La detención ocurrió el jueves 19 de noviembre de 2026, según el Registro Nacional de Detenciones.
El caso se originó por la adjudicación de tres licitaciones públicas a un particular encargado del lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. Las autoridades detectaron diferencias entre la cantidad de unidades disponibles, los servicios reportados y la documentación que debía respaldar los pagos.
¿Por qué detuvieron a Roxana Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen?
La Fiscalía de Quintana Roo atribuye a la administración de Campos Miranda presuntas irregularidades en la contratación y supervisión de servicios pagados con recursos municipales.

Según las investigaciones, entre 2022 y 2024 se adjudicaron indebidamente tres licitaciones públicas a un prestador de servicios particular, que recibió recursos para realizar trabajos de lavado especializado de vehículos oficiales.
Sin embargo, la autoridad ministerial encontró inconsistencias en los servicios reportados y en los documentos fiscales que debían justificar los pagos.
La investigación también señala que funcionarios municipales habrían incumplido sus obligaciones de vigilancia al permitir que continuaran los desembolsos sin comprobar adecuadamente los trabajos contratados.
¿Cómo se detectó el presunto desvío de más de 62 millones de pesos?
Uno de los elementos de la investigación es la diferencia entre la cantidad de vehículos del Ayuntamiento y los servicios de lavado que se registraban cada mes.
De acuerdo con la Fiscalía, los contratos presentaban las siguientes características:
- 123 vehículos: era el tamaño de la flotilla municipal que debía recibir los servicios.
- 865 lavados mensuales: era la cantidad de servicios que se llegaba a reportar.
- 15 empleados: era el personal con el que contaba la empresa contratada.
- Tres licitaciones: fueron adjudicadas entre 2022 y 2024.
- Más de 62 millones de pesos: es el monto del presunto daño patrimonial investigado.
Los registros implicaban un promedio de aproximadamente 28 lavados diarios, considerando una operación continua de 31 días.
Además, los 865 servicios mensuales equivalían a unos siete lavados por vehículo cada mes, si todos se hubieran distribuido de manera uniforme entre las 123 unidades.
Estas cifras forman parte de las inconsistencias que analiza la Fiscalía. Por sí solas no demuestran que los trabajos no se realizaron, pero permiten identificar diferencias que requieren documentación y comprobación.
¿Qué irregularidades encontró la Fiscalía en los contratos?
La investigación no se limita a la cantidad de lavados reportados. También comprende la falta de documentos que debían respaldar los servicios y el uso de recursos públicos.
Según las autoridades, el proveedor no contaba con Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a los primeros contratos, pese a lo cual continuó recibiendo pagos municipales.
Los CFDI son las facturas electrónicas que permiten documentar operaciones comerciales y respaldar los pagos realizados por bienes o servicios.
La ausencia de estos comprobantes forma parte de los señalamientos porque el Ayuntamiento tenía la obligación de verificar que los recursos se destinaran a servicios efectivamente prestados y documentados.
La Fiscalía también sostiene que los servidores públicos involucrados omitieron sus responsabilidades de supervisión y seguimiento.
En particular, investiga por qué no se verificó el cumplimiento de las condiciones contratadas ni se exigió la documentación correspondiente antes de continuar con los pagos.
¿Quién es Roxana Lili Campos y cuándo gobernó Playa del Carmen?
Roxana Lili Campos Miranda fue presidenta municipal de Solidaridad, Quintana Roo, entre 2021 y 2024, periodo en el que encabezó el gobierno local bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).

El municipio, cuya cabecera es Playa del Carmen, cambió posteriormente su denominación oficial a Playa del Carmen.
Los contratos investigados corresponden a los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, cuando Campos Miranda todavía se encontraba al frente de la administración municipal.
Su detención se produjo después de concluir su mandato. La orden de aprehensión está relacionada con decisiones administrativas y contrataciones realizadas durante ese periodo.
¿Qué delito enfrenta Roxana Lili Campos y qué sigue después de su detención?
La exalcaldesa es investigada por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con el ejercicio de funciones públicas y la autorización de operaciones que podrían contravenir las disposiciones legales.
La Fiscalía busca establecer si existieron decisiones u omisiones que permitieron la contratación irregular de los servicios y el pago de recursos municipales sin la comprobación correspondiente.
El procedimiento penal deberá determinar la responsabilidad individual de las personas involucradas.
Tras la detención, corresponde a las autoridades judiciales revisar las imputaciones y los elementos que presente el Ministerio Público para resolver si existen condiciones para continuar con el proceso.
Hasta la información consultada este 20 de noviembre, no se había confirmado una sentencia contra Campos Miranda ni que la totalidad de los recursos investigados hubiera sido recuperada.
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