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Desde el 2014, Profepa mantiene una batalla legal con el complejo inmobiliario Punta Paraíso, en Nayarit al que le exigía su demolición por haber invadido la zona federal marítimo-terrestre, pero la naturaleza provocó el colapso de una de sus estructuras: Así luce actualmente

La prioridad de la Profepa y de Protección Civil es atender el colapso provocado por el mar sin descuidar el cumplimiento de la sentencia de la justicia federal.

Desde el 2014, Profepa mantiene una batalla legal con el complejo inmobiliario Punta Paraíso, en Nayarit al que le exigía su demolición por haber invadido la zona federal marítimo-terrestre, pero la naturaleza provocó el colapso de una de sus estructuras: Así luce actualmente

El colapso de una construcción irregular y el cumplimiento de la ley coincidieron en las playas de Nayarit. El complejo inmobiliario Punta Paraíso, edificado sobre terrenos ganados al mar en la localidad de San Pancho, comenzó a sufrir derrumbes estructurales tras el embate del huracán Rachel y diversas tormentas recientes.

Esta emergencia ambiental y de seguridad ocurre en medio de un histórico litigio judicial que ya obligaba a la empresa desarrolladora a demoler las estructuras por haber invadido la zona federal marítimo-terrestre, según información oficial difundida por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y fallos del Poder Judicial de la Federación.

Ante el riesgo inminente de desplome por el fuerte oleaje y los vientos, el inmueble fue desocupado y clausurado por completo, según Aristegui Noticias.

La Profepa detalló que trabaja en conjunto con las autoridades de Protección Civil para coordinar los protocolos de emergencia, dar prioridad a la seguridad de la población y asegurar que las labores de contención causen el menor impacto posible en el ecosistema costero.

¿Cuál es el estado actual de la estructura de Punta Paraíso?

El daño en la infraestructura no es uniforme en todo el predio, pero sí crítico en el área más cercana a la playa:

  • Torres 1 y 2 (frente al mar): Presentan los daños estructurales más severos y un desplome paulatino causado por la erosión y la fuerza de las olas.
  • Tercer módulo: Conserva mejores condiciones en su estructura, aunque la zona permanece bajo estricta vigilancia preventiva.
  • Situación de riesgo: El perímetro fue evacuado a tiempo para evitar pérdidas humanas o lesiones entre los habitantes y visitantes de San Pancho.

¿Por qué existe una orden de demolición contra el complejo?

El deterioro causado por los fenómenos meteorológicos se suma a una batalla legal de más de una década.

El 7 de octubre de 2026, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó por unanimidad un amparo a la empresa Pacific Lifestyle Properties.

Con esta decisión judicial se ratificaron las siguientes medidas definitivas:

  1. Demolición obligatoria: La empresa debe derribar las torres 1 y 2 del complejo.
  2. Restitución del territorio: La constructora debe devolver 1,466.008 metros cuadrados de zona federal ocupados de manera irregular.
  3. Sanciones económicas y decomiso: Se confirmó una multa por 96 mil 220 pesos y la pérdida de las edificaciónes en favor de la Nación.

Cronología: ¿Cómo se originó la construcción en la playa?

El conflicto legal y ambiental de Punta Paraíso se desarrolló a lo largo de tres administraciones y varios procesos ante tribunales:

  • 2009: Durante el sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó una concesión original sobre 1,469.92 metros cuadrados de zona federal marítimo-terrestre. El permiso exigía mantener el espacio en su estado natural.
  • 2014: Se modificó el título de concesión para ampliar la superficie autorizada.
  • Inspección de Profepa: La autoridad ambiental detectó que la empresa rebasó lo permitido, ocupó terreno de forma irregular y construyó departamentos sin contar con las autorizaciones correspondientes.
  • Defensa legal de la empresa: Pacific Lifestyle Properties impugnó las sanciones ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y posteriormente recurrió al juicio de amparo.
  • Mayo de 2025: El tribunal administrativo reconoció la validez de las sanciones y la orden de demolición dictada por la Profepa.
  • Octubre de 2026: El tribunal colegiado dejó firme la sentencia al negar el amparo final a la desarrolladora.

¿Qué acciones tomarán las autoridades a continuación?

La prioridad de la Profepa y de Protección Civil es atender el colapso provocado por el mar sin descuidar el cumplimiento de la sentencia de la justicia federal.

La Profepa confirmó que mantendrá la supervisión continua en la zona costera de San Pancho e informará a la ciudadanía sobre los avances en las labores de auxilio, el resguardo de la población y las medidas para restaurar el entorno natural afectado.

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