ONU alerta por violencia contra mujeres buscadoras en México: algunas han sido desaparecidas o asesinadas
Los expertos pusieron particular atención en una serie de hechos ocurridos recientemente en Sinaloa, donde integrantes de colectivos de búsqueda han sido víctimas de desapariciones, agresiones y ataques durante actividades públicas.
Ciudad de México.— Las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en México continúan enfrentando niveles alarmantes de violencia, con agresiones que en los casos más graves han terminado en su propia desaparición o asesinato, advirtieron expertos independientes de derechos humanos de Naciones Unidas.
Los especialistas señalaron que, aunque en el ámbito internacional ha aumentado el reconocimiento a la labor de las buscadoras, la situación que enfrentan dentro de México sigue marcada por amenazas, ataques y un contexto de impunidad.
“Si bien los esfuerzos internacionales han logrado reconocer y honrar a las buscadoras de personas desaparecidas, en México siguen afrontando niveles alarmantes de violencia”, señalaron los expertos, quienes hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para cumplir sus obligaciones internacionales de protección hacia las personas defensoras de derechos humanos.
Sinaloa concentra nuevos ataques contra buscadoras
Los expertos pusieron particular atención en una serie de hechos ocurridos recientemente en Sinaloa, donde integrantes de colectivos de búsqueda han sido víctimas de desapariciones, agresiones y ataques durante actividades públicas.
Uno de los casos señalados es el de Elisa Altagracia Bonilla, defensora de derechos humanos y activista vinculada con la búsqueda de personas desaparecidas, cuya desaparición fue denunciada el 29 de agosto.
Ese mismo día, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue agredida junto con su hija y dos menores de edad.
La violencia continuó días después.
El 1 de septiembre, integrantes del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa fueron arrollados por un vehículo mientras participaban en una manifestación pacífica en Mazatlán.
El ataque ocurrió contra un colectivo que ya había sido objeto de otras agresiones.
En febrero, una de sus integrantes, Rubí Patricia Gómez Tagle, fue localizada muerta en su domicilio en Mazatlán. Los expertos de Naciones Unidas señalaron que anteriormente habían expresado al Gobierno mexicano su preocupación por ese asesinato y por las amenazas y agresiones dirigidas contra integrantes de la organización.
Para los especialistas, estos hechos deben analizarse dentro de un contexto más amplio de violencia e impunidad, condiciones que, advirtieron, pueden facilitar la continuidad de las agresiones contra quienes participan en labores de búsqueda.
La búsqueda de desaparecidos no debe convertirse en una responsabilidad familiar
Los expertos de la ONU subrayaron que la participación de las familias en la búsqueda de personas desaparecidas constituye un componente fundamental de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Sin embargo, enfatizaron que esto no significa que el Estado pueda trasladar a los familiares la responsabilidad que corresponde a las instituciones.
“Se trata de una tarea que corresponde primordialmente al Estado, que debe asumirla cabalmente y no puede recargarla en los hombros de las familias. Atacarlas perpetúa el ciclo de dolor e impunidad”.
La advertencia apunta a una de las características más visibles de la crisis de desapariciones en México: familiares y colectivos han asumido directamente labores de búsqueda, identificación y localización que requieren capacidades institucionales, mientras sus integrantes también enfrentan riesgos por esa actividad.
El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas ha reconocido previamente la importancia de las iniciativas impulsadas por familiares y representantes de víctimas para que numerosas búsquedas e investigaciones puedan avanzar.
Los expertos insistieron, sin embargo, en que la participación de las familias debe ser entendida como un derecho y una forma de colaboración con las autoridades, no como una sustitución de las obligaciones estatales.
Mujeres defensoras enfrentan riesgos específicos
La preocupación de los expertos también tiene una dimensión de género.
Recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido un deber reforzado de protección hacia las personas defensoras de derechos humanos y ha identificado riesgos específicos para las mujeres que trabajan contra la impunidad en México.
De acuerdo con los especialistas, las agresiones contra mujeres defensoras pueden adquirir características particulares relacionadas con su género.
“La violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos suele presentar características específicas de género y busca sancionarlas por desafiar los roles tradicionales y ocupar el espacio público”.
En ese sentido, los expertos llamaron al Estado mexicano a prevenir, investigar, sancionar y reparar los ataques contra las buscadoras aplicando la debida diligencia.
Esto implica no limitar la respuesta institucional a los casos consumados, sino adoptar medidas para prevenir nuevas agresiones, investigar las existentes y garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a mecanismos efectivos de justicia y reparación.
El reconocimiento internacional contrasta con los riesgos en México
La advertencia de los expertos ocurre después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara la designación del 19 de diciembre como Día Internacional en Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas.
Los especialistas recibieron con satisfacción esa decisión y destacaron el reconocimiento internacional a la fortaleza, las voces, la capacidad de acción y el liderazgo de las mujeres que participan en las búsquedas.
Pero señalaron que el reconocimiento simbólico debe estar acompañado de medidas concretas de protección.
El llamado adquiere particular relevancia en un país donde las familias de personas desaparecidas han formado colectivos para realizar búsquedas, documentar casos, exigir investigaciones y presionar a las autoridades para avanzar en la localización e identificación de sus seres queridos.
Para los expertos, esas mujeres deben poder participar en los procesos de búsqueda e investigación sin poner en riesgo su vida, integridad o seguridad.
Piden garantizar la participación segura de las buscadoras
Los especialistas de Naciones Unidas instaron finalmente al Estado mexicano a reconocer públicamente la importancia de la labor de las buscadoras y garantizar condiciones para que puedan desarrollar sus actividades de manera segura.
El reclamo central es que la búsqueda de una persona desaparecida no debe convertirse en una sentencia de riesgo para sus familiares.
Las familias tienen derecho a conocer qué ocurrió con sus seres queridos y a participar en los procesos destinados a encontrarlos. Pero la responsabilidad primordial de investigar las desapariciones, localizar a las víctimas y proteger a quienes participan en esas tareas corresponde a las instituciones del Estado.
Los expertos advirtieron que cuando las buscadoras son amenazadas, agredidas, desaparecidas o asesinadas, no sólo se afecta a las víctimas directas: también se obstaculizan los procesos de búsqueda y se profundiza el círculo de dolor e impunidad alrededor de las desapariciones.
Entre los especialistas que suscribieron el pronunciamiento se encuentran relatores especiales y grupos de trabajo de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y discriminación contra mujeres y niñas.
Los expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU actúan de manera independiente y a título individual; no son funcionarios de Naciones Unidas ni representan necesariamente la posición institucional de la organización.
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