Comité de la ONU lleva hoy ante la Asamblea General la crisis de más de 135 mil desaparecidos en México y pide apoyo internacional para enfrentar la impunidad
El organismo presentará este 20 de octubre un informe sobre desapariciones forzadas y la aplicación, por primera vez, del artículo 34 de una convención internacional. El Gobierno de Claudia Sheinbaum rechaza sus conclusiones, mientras organizaciones y familias de víctimas solicitan cooperación para fortalecer las búsquedas y las investigaciones.

CIUDAD DE MÉXICO.- La crisis de personas desaparecidas en México será abordada este martes 20 de octubre de 2026 ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) presentará su informe anual y expondrá los motivos por los que solicitó una revisión internacional de la situación del país. La decisión tiene implicaciones para las familias de más de 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, aunque no representa una sentencia contra México ni implica que se hayan aprobado nuevas medidas internacionales.
La presentación estará a cargo de Juan Pablo Albán, presidente del Comité, quien anunció que explicaría la primera aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. De acuerdo con la decisión oficial del Comité de Naciones Unidas, existen indicios suficientes para solicitar la intervención de la Asamblea General mediante un procedimiento destinado a facilitar una respuesta internacional.
El procedimiento comenzó el 2 de abril de 2026, cuando el organismo decidió solicitar al secretario general de la ONU que trasladara el caso mexicano a la Asamblea General, al considerar que existen indicios fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática.
La controversia ocurre mientras el Gobierno federal sostiene que el Comité no consideró adecuadamente las medidas adoptadas para combatir las desapariciones, mientras organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda consideran necesaria la participación de especialistas internacionales.
¿Por qué la ONU analiza la crisis de desaparecidos en México?
El Comité contra la Desaparición Forzada es un órgano integrado por expertos independientes encargado de supervisar que los países cumplan sus obligaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este delito.
Durante años, el organismo ha realizado evaluaciones sobre México, identificado deficiencias institucionales y formulado recomendaciones relacionadas con la búsqueda de personas, la investigación de desapariciones y la identificación de restos humanos.
Sin embargo, en abril de 2026 recurrió a un procedimiento que no había utilizado anteriormente desde la entrada en vigor de la Convención.
La decisión estuvo sustentada en información recopilada durante distintos periodos, incluyendo testimonios de víctimas, documentación de organizaciones civiles y respuestas proporcionadas por el Estado mexicano.
Entre los problemas señalados por el Comité se encuentran:
- La persistencia de desapariciones forzadas en distintas regiones del país.
- La posible participación de funcionarios públicos en determinados casos.
- La existencia de patrones de colaboración o tolerancia entre autoridades y organizaciones criminales.
- Los niveles de impunidad en investigaciones relacionadas con desapariciones.
- Las deficiencias en los sistemas de búsqueda e identificación forense.
- Las dificultades que enfrentan las familias para acceder a la verdad y a la justicia.
El Comité también advirtió que parte de los hechos examinados podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Esta es una valoración jurídica del organismo basada en la información recabada y no equivale a una condena penal contra autoridades o personas determinadas.
¿Qué establece el artículo 34 de la Convención y por qué se aplicó a México?
El artículo 34 establece un procedimiento extraordinario que permite al Comité llevar una situación a la Asamblea General cuando dispone de indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en un país.
Antes de hacerlo, el organismo debe solicitar información al Estado involucrado y examinar los elementos disponibles.
En el caso mexicano, la decisión del 2 de abril representó la primera utilización de este mecanismo por parte del Comité.
Su aplicación permite que la situación sea conocida por la Asamblea General y abre la posibilidad de discutir medidas internacionales de cooperación y asistencia.
Esto no significa que México reciba automáticamente una sanción, que se inicie un proceso penal internacional o que la Asamblea General haya aprobado ya un mecanismo de investigación.
La Tercera Comisión, ante la que comparece Albán, se encarga de examinar asuntos sociales, humanitarios y de derechos humanos. También puede preparar proyectos de resolución para su consideración por la Asamblea General.
Por ello, la presentación del informe constituye un paso en el procedimiento internacional, pero no debe confundirse con una resolución definitiva del pleno.
¿Qué encontró el Comité de la ONU sobre las desapariciones forzadas en México?
Uno de los puntos de mayor preocupación del Comité es la posible relación entre organizaciones criminales y servidores públicos.
En sus evaluaciones, el organismo ha documentado testimonios sobre desapariciones atribuidas a integrantes de fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, así como a grupos delictivos que habrían actuado con autorización, apoyo o aquiescencia de funcionarios.
La Convención establece que una desaparición forzada puede ser cometida directamente por agentes estatales o por particulares que actúan bajo esas condiciones.
Esto significa que no toda desaparición registrada constituye automáticamente una desaparición forzada. Para establecer esa clasificación deben examinarse las circunstancias del caso y la posible intervención o consentimiento de agentes del Estado.
El Comité también ha advertido que la falta de coordinación entre autoridades, las limitaciones de los servicios forenses y las investigaciones que no avanzan dificultan la localización de personas y la identificación de responsables.
En su informe sobre la visita realizada a México en 2021, el organismo señaló que, con base en los datos disponibles entonces, únicamente entre el 2% y el 6% de los casos de desaparición habían sido judicializados.
Estos antecedentes forman parte de la evaluación que llevó al Comité a solicitar la atención de la Asamblea General.
¿Qué tipo de ayuda internacional podría recibir México?
La solicitud del Comité busca que la comunidad internacional considere mecanismos de apoyo para prevenir las desapariciones, mejorar las investigaciones y atender las necesidades de las víctimas.
Entre las medidas planteadas se encuentran la cooperación técnica y especializada, así como el fortalecimiento de los procesos de búsqueda e identificación.
Las áreas en las que podría concentrarse esa asistencia incluyen:
- Búsqueda de personas: mejorar los procedimientos de localización y la coordinación entre instituciones.
- Investigación criminal: fortalecer las capacidades para identificar responsables y esclarecer patrones de desaparición.
- Identificación forense: proporcionar apoyo especializado para el análisis de cuerpos y restos humanos sin identificar.
- Acceso a la verdad: impulsar mecanismos que permitan reconstruir lo ocurrido y conocer el destino de las víctimas.
- Protección de familiares: reforzar la asistencia y las medidas de seguridad para quienes participan en las búsquedas.
Estas acciones representan posibilidades de cooperación, no compromisos internacionales que ya hayan sido aprobados o puestos en marcha como consecuencia de la comparecencia.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y otras organizaciones han señalado que la asistencia externa podría contribuir a investigar las posibles relaciones entre autoridades y grupos delictivos, además de mejorar las capacidades de las fiscalías.
¿Por qué el Gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó el informe de la ONU?
El Gobierno de México expresó su desacuerdo con el Comité desde el anuncio realizado en abril.

Mediante un comunicado conjunto publicado el 2 de abril por las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, las autoridades rechazaron las conclusiones del organismo.
El Gobierno calificó el informe de “tendencioso” y aseguró que no incorporaba adecuadamente las observaciones y actualizaciones presentadas por las instituciones mexicanas.
También sostuvo que las conclusiones no reflejaban los avances institucionales realizados desde 2019, particularmente las medidas adoptadas durante 2025.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum argumentó que el procedimiento internacional debía considerar tanto la definición jurídica de desaparición forzada como las acciones emprendidas por el Estado para atender el problema.
Posteriormente, el 7 de abril, Gobernación y Relaciones Exteriores señalaron que las conclusiones de los expertos independientes no representaban una postura adoptada por el conjunto de los órganos principales de Naciones Unidas.
Esta distinción es importante: el Comité tiene facultades para supervisar el cumplimiento de la Convención y emitir decisiones dentro de su mandato, pero sus conclusiones no equivalen automáticamente a una resolución de la Asamblea General.
¿Qué piden las familias de desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos?
Mientras el Gobierno federal cuestiona las conclusiones del Comité, organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de familiares han solicitado que México aproveche la posibilidad de recibir cooperación internacional.
Este martes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez pidió al Estado abandonar una postura que considera de negación frente a la crisis y atender los señalamientos relacionados con la impunidad, la situación forense y la participación de agentes públicos en determinados casos.
Por su parte, la FIDH, IDHEAS y colectivos de familiares respaldaron el procedimiento del artículo 34 y solicitaron que las víctimas puedan participar en el análisis internacional.
En un pronunciamiento fechado el 20 de octubre, estas organizaciones también pidieron que se fortalezca la interlocución entre las autoridades mexicanas, los familiares y las instancias internacionales.
Su planteamiento es que cualquier mecanismo de cooperación tome en cuenta la experiencia de quienes buscan a sus familiares y las dificultades que enfrentan para obtener información sobre sus casos.
Las organizaciones consideran que la participación internacional puede complementar los esfuerzos nacionales, particularmente en investigaciones relacionadas con redes criminales, responsabilidades institucionales e identificación forense.
¿Qué otros temas presentará el Comité contra la Desaparición Forzada ante la ONU?
La situación mexicana forma parte de un informe más amplio sobre las actividades del Comité y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados.
Juan Pablo Albán anunció que también abordaría los siguientes asuntos:
- Los 20 años de la Convención Internacional: sus avances y los desafíos para conseguir la adhesión de más países.
- Acciones urgentes: las solicitudes destinadas a impulsar la localización de personas desaparecidas.
- Comunicaciones individuales: los casos presentados al Comité conforme a los procedimientos de la Convención.
- Visitas a países: los resultados de las evaluaciones realizadas por el organismo.
- Mujeres y niñas: la Observación General número 2 sobre las desapariciones forzadas y sus efectos diferenciados.
- Cooperación entre organismos: el trabajo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas.
Estas actividades forman parte de las funciones de supervisión internacional del Comité y permiten evaluar los avances y obstáculos de los países que han asumido compromisos bajo la Convención.
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