Ricardo Salinas Pliego rechazó los sueldos fijos, calificados como becas, y defendió un esquema de compensación variable y de incentivos por productividad para sus 200 mil trabajadores, mientras la administración federal de AMLO y Sheinbaum consolidó un incremento del 154 por ciento en el poder adquisitivo

El modelo de remuneración laboral en México atraviesa por un momento de profunda revisión teórica y práctica debido a un choque frontal de posturas entre el sector privado y el Estado.

Recientemente, el empresario Ricardo Salinas Pliego desató una intensa polémica al descalificar los ingresos fijos y abogar por un sistema de compensación sujeto enteramente a la productividad.

Esta visión colisiona de manera directa con la estrategia institucional de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno ha apostado por el fortalecimiento del ingreso base a través de incrementos históricos al salario mínimo.

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Este contraste pone sobre la mesa dos filosofías opuestas sobre cómo debe medirse el esfuerzo, la justicia y el valor del trabajo en el país.

¿Qué declaró Ricardo Salinas Pliego sobre los sueldos fijos y cómo opera su modelo corporativo?

Durante su participación en el podcast Tengo un Plan, emitida el 28 de septiembre de 2026, el presidente de Grupo Salinas expuso sin matices su filosofía gerencial respecto al mercado de trabajo.

Para el magnate, la existencia de percepciones económicas completamente inamovibles desincentiva el compromiso real de la plantilla laboral con los objetivos de las empresas.

Cuando tienes un trabajador que va a sueldo fijo es lo más cercano a una beca, no sirve para nada”, sentenció el empresario, al tiempo de resumir su premisa directiva bajo la máxima de “pan y palo, las dos”.

Bajo este criterio, el conglomerado empresarial que dirige —que agrupa a una fuerza laboral de aproximadamente 200 mil personas— implementa un esquema donde la inmensa mayoría de los empleados percibe compensaciones variables.

Incluso en los puestos con menor flexibilidad, donde existe una base fija, se condiciona una parte fundamental de los ingresos a bonos por cumplimiento y metas específicas de desempeño.

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¿Cómo responde la política laboral de la administración de Claudia Sheinbaum ante esta visión?

En el extremo opuesto al modelo hipermeritocrático planteado por los grandes capitales privados se encuentra la directriz económica del Gobierno federal.

La administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido una política de recuperación salarial progresiva, argumentando que el crecimiento económico debe reflejarse primero en el piso mínimo de bienestar de las familias trabajadoras.

Cifras oficiales de la Presidencia de la República indican que el salario mínimo general se ha elevado de manera sostenida, alcanzando los 315.04 pesos diarios (un promedio mensual cercano a los 9,582.47 pesos), lo que representa una recuperación acumulada del 154 por ciento en el poder adquisitivo en comparación con 2018. Asimismo, la postura oficial rechaza la idea de que la vulnerabilidad social o la pobreza deriven de una falta de esfuerzo individual, apostando por la consolidación de derechos laborales, la formalización y una transición gradual hacia la reducción de la jornada laboral semanal sin demeritar el ingreso de los trabajadores.

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¿Cuáles son las diferencias de fondo entre el mérito corporativo y la protección social del Estado?

El contraste entre ambas posturas evidencia un debate estructural sobre la economía mexicana. Por un lado, la visión empresarial de Salinas Pliego prioriza la competitividad extrema y la eficiencia operativa, argumentando que el salario debe funcionar como un premio directo a la generación de valor económico y comercial, eliminando cualquier red de seguridad estática que fomente el conformismo.

Por otro lado, la perspectiva del Estado considera que el salario básico no es una concesión sujeta a rendimiento extraordinario, sino un derecho humano fundamental que debe garantizar la subsistencia digna frente a las asimetrías del mercado.

Mientras el sector privado busca desregular los tabuladores rígidos para adaptarlos a la fluctuación del negocio, la política pública busca blindar al trabajador de la precariedad mediante pisos mínimos obligatorios y consensos sectoriales con los factores de la producción.

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¿Cómo impacta este debate en el bolsillo, la estabilidad y el futuro laboral de los trabajadores mexicanos?

Para los ciudadanos que laboran bajo el régimen formal o informal en el país, esta discusión trasciende la confrontación mediática y toca aspectos muy concretos de su vida cotidiana:

• Seguridad financiera vs. incentivos: Un esquema basado puramente en bonos variables puede incrementar los ingresos en épocas de alta bonanza comercial, pero expone al trabajador a una alta vulnerabilidad ante crisis económicas o caídas en la productividad de las empresas.
• Poder de compra garantizado: Los incrementos oficiales al salario mínimo protegen directamente a los sectores de menores ingresos, fijando un parámetro obligatorio que obliga al mercado a elevar el costo de la mano de obra no calificada.
• Nuevas reglas de productividad: Los empleados deben navegar en un entorno donde las corporaciones exigen cada vez más métricas de rendimiento individual, mientras las leyes federales avanzan hacia la protección de los tiempos de descanso y la salud mental.