Consejeros del INE exhiben que Guadalupe Taddei habría retrasado 72 días la aprobación de documentos electorales para reducir los plazos de licitación y favorecer contratos directos; investigarán posibles beneficios a proveedores
La expresidenta del INE habría retrasado más de dos meses la aprobación de documentos electorales, lo que pudo reducir los tiempos para realizar licitaciones públicas. Consejeros exigen investigar las decisiones y revisar posibles beneficios a proveedores.
CIUDAD DE MÉXICO.- La gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta nuevos cuestionamientos, luego de que consejeros electorales señalaran que la expresidenta pudo haber utilizado retrasos administrativos para facilitar la asignación directa de contratos relacionados con las elecciones de 2027. La preocupación se centra en que las demoras limitaron el tiempo disponible para realizar licitaciones públicas, un procedimiento que permite competir a distintas empresas por recursos públicos. Aunque los retrasos están documentados, todavía no se ha demostrado que respondieran a una estrategia deliberada para beneficiar a proveedores, por lo que integrantes del Consejo General solicitaron investigar lo ocurrido.
De acuerdo con Agencia Reforma y la versión estenográfica de la sesión del Consejo General del INE del 13 de noviembre de 2026, los consejeros Martín Faz y Carla Humphrey cuestionaron una decisión tomada por Taddei el 3 de septiembre, cuando pidió devolver a revisión un proyecto que contemplaba 25 diseños de documentación electoral. Más de dos meses después, los documentos regresaron prácticamente sin modificaciones, lo que abrió dudas sobre las razones del retraso y sus consecuencias para la organización de los comicios.
La discusión ocurre después de la renuncia de la exfuncionaria sonorense, en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés. El INE, ahora encabezado provisionalmente por Blanca Cruz García, debe revisar esos antecedentes sin detener las adquisiciones necesarias para la jornada electoral de 2027.
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¿Cuál fue la presunta estrategia de Guadalupe Taddei para favorecer contratos en el INE?
El consejero Martín Faz explicó que el 3 de septiembre de 2026 se presentó un proyecto para aprobar el diseño y la impresión de documentos electorales que se utilizarán en las elecciones del próximo año.
Sin embargo, Guadalupe Taddei solicitó rechazarlo y devolverlo a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.
La entonces presidenta argumentó que era necesario realizar una revisión para verificar que los documentos fueran compatibles con las distintas modalidades de votación, que las cantidades fueran correctas y que sus diseños cumplieran con las necesidades de la elección.
También sostuvo que existía tiempo suficiente para efectuar los cambios sin afectar su producción.
El problema surgió cuando el proyecto volvió al Consejo General 72 días después, sin modificaciones que, a juicio de algunos consejeros, justificaran el tiempo transcurrido.
Faz planteó la posibilidad de que la demora hubiera servido para reducir los plazos de contratación y crear una situación de urgencia que permitiera recurrir a adjudicaciones directas.
En su intervención advirtió:
Hoy existen razones suficientes para preguntarnos si la decisión de retrasar esta aprobación formó parte de un esquema orientado a reducir los tiempos disponibles para licitar y generar condiciones que posteriormente permitieran justificar adjudicaciones directas potencialmente favorables a determinadas empresas”.
El consejero aclaró que corresponde investigar si se trató de deficiencias administrativas o de acciones deliberadas para favorecer intereses particulares.
¿Qué encontraron los consejeros al revisar los 25 documentos electorales?
Uno de los elementos que provocó los cuestionamientos fue la comparación entre los documentos presentados en septiembre y los que regresaron para su aprobación en noviembre.
Según Martín Faz, la revisión permitió identificar lo siguiente:
- 13 de los 25 modelos gráficos permanecieron exactamente iguales.
- 11 documentos tuvieron modificaciones principalmente de colores, identidad institucional o redacción.
- Un documento no presentó cambios sustantivos.
Entre las correcciones mencionadas se encontraban ajustes a logotipos, denominaciones y una instrucción para sustituir el uso de pluma negra por pluma azul.
Para Faz, estas modificaciones no explicaban por sí solas una demora superior a dos meses, especialmente cuando los documentos ya habían pasado por una revisión técnica antes de llegar al Consejo General.
La preocupación no se limita al contenido de los formatos. Los consejeros sostienen que el tiempo perdido también pudo afectar la capacidad del INE para contratar proveedores mediante procedimientos competitivos.
¿Por qué los retrasos podrían beneficiar a determinados proveedores?
La diferencia entre una licitación pública y una adjudicación directa ayuda a explicar el centro de los señalamientos.
En una licitación pública, distintas empresas pueden presentar propuestas para suministrar bienes o servicios al INE. La institución debe evaluar las ofertas conforme a los requisitos establecidos y las condiciones de contratación.
En una adjudicación directa, la institución puede contratar a un proveedor sin desarrollar ese mismo procedimiento de competencia, siempre que exista una justificación permitida por la normativa.
El riesgo señalado por los consejeros consiste en que una demora administrativa reduzca los días disponibles para organizar una licitación y después se utilice esa falta de tiempo como argumento para contratar directamente.
Carla Humphrey recordó que el Reglamento de Adquisiciones del INE establece la licitación como regla general y que las excepciones deben justificarse.
También señaló que una devolución de documentos no constituye automáticamente una falta administrativa. Para determinar responsabilidades es necesario identificar las decisiones, sus motivos, las pruebas y sus consecuencias.
La consejera resumió uno de los riesgos para las finanzas del organismo con la siguiente afirmación:
La pérdida de competencia puede tener consecuencias tan relevantes como un sobreprecio”.
Hasta ahora, no se ha acreditado públicamente que el retraso de estos 25 documentos haya derivado en contratos irregulares o beneficios comprobados para una empresa específica. Esa es precisamente una de las situaciones que se busca esclarecer.
¿Cuántos contratos del INE están en riesgo por los retrasos?
Los cuestionamientos también alcanzaron la programación de adquisiciones en distintas áreas del organismo electoral.
Según información publicada por Agencia Reforma, un informe entregado a los consejeros identificó contratos cuyos procedimientos enfrentan dificultades debido al tiempo transcurrido.
El documento reportó:
- Dirección de Organización Electoral: de 72 contratos previstos, 45 presentan riesgo alto y otros 20 riesgo medio.
- Dirección de Capacitación: de 24 contratos programados, diez se encuentran en un periodo crítico.
- Unidad de Servicios de Informática: dos proyectos registran riesgo alto.
En el caso del área informática, Reforma señaló que anteriormente estuvo encabezada por una persona vinculada con el proveedor José Alfredo Hernández, mencionado en los cuestionamientos sobre las contrataciones del instituto.
Los niveles de riesgo se relacionan con los tiempos disponibles para concretar los procedimientos administrativos. No significan que esos contratos ya hayan sido asignados irregularmente, sino que requieren seguimiento para determinar si podrán realizarse conforme a las reglas establecidas.
La situación preocupa porque los materiales y servicios deben estar disponibles antes de las elecciones, independientemente de las investigaciones internas.
¿Qué respondió Carla Humphrey sobre las decisiones de Taddei?
Durante la sesión, la consejera Carla Humphrey cuestionó que otros seis integrantes del Consejo General respaldaran la decisión de Guadalupe Taddei de devolver el proyecto en septiembre.
Recordó que ella votó en contra porque consideraba que no existían argumentos técnicos suficientes para retrasar su aprobación.
Humphrey sostuvo que la revisión debe establecer quiénes participaron en las decisiones, qué observaciones se hicieron, cuándo fueron atendidas y por qué se consumieron más de dos meses.
También planteó que deben conservarse los documentos y comunicaciones relacionados con el procedimiento para reconstruir lo ocurrido.
Entre los puntos que pidió esclarecer se encuentran:
- Las observaciones que motivaron la devolución del proyecto.
- Las fechas en que se realizaron las correcciones.
- Los funcionarios responsables de recibir y revisar cada versión.
- Las decisiones que modificaron el calendario de contratación.
- Los proveedores que podían participar antes del retraso y los que todavía podrían cumplir con los plazos.
La consejera explicó que, si se acreditaran actos destinados a obtener beneficios indebidos o conflictos de interés, correspondería examinar las disposiciones aplicables de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esto significa que la investigación debe establecer responsabilidades individuales y no asumir que todos los consejeros que apoyaron la devolución participaron en alguna irregularidad.
¿Qué medidas aprobó el INE para revisar las contrataciones?
Ante los señalamientos, el Consejo General acordó dar seguimiento a las condiciones de contratación y a las causas de los retrasos.
Entre las medidas planteadas se encuentran solicitar a las áreas de Organización Electoral y Administración que presenten alternativas viables para realizar las adquisiciones, así como pedir la intervención del Órgano Interno de Control para examinar posibles demoras injustificadas.
La revisión deberá determinar si existen elementos para iniciar procedimientos administrativos y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes.
Estas acciones forman parte de un proceso de vigilancia de las compras del instituto.
El 11 de noviembre, el INE informó oficialmente que reforzaría sus criterios de contratación mediante siete medidas relacionadas con legalidad, justificación de necesidades, eficiencia del gasto, transparencia, competencia, licitaciones públicas y supervisión.
La institución estableció que las adjudicaciones directas deberán mantenerse como excepciones justificadas y no convertirse en una práctica habitual.
También indicó que cada contratación deberá contar con responsables identificables y documentación que permita revisar cómo se tomó la decisión.
¿Qué documentos necesita producir el INE para las elecciones de 2027?
Mientras se investigan los retrasos, el instituto debe avanzar con la fabricación de los documentos necesarios para la jornada electoral.
Durante la sesión, la consejera Norma Irene de la Cruz explicó que el proyecto contempla 25 diseños de documentación electoral sin emblemas partidistas, de los cuales ocho serán compartidos con organismos electorales locales.
Entre los documentos relacionados con la organización de las casillas se encuentran avisos, recibos y formatos que permiten controlar la entrega de materiales y registrar procedimientos electorales.
El proyecto contempla que 19 documentos se produzcan mediante un proveedor externo, con un volumen estimado superior a 176 mil unidades y entregas previstas entre febrero y abril de 2027.
Otros formatos podrán reproducirse directamente con equipos del instituto.
También se presentaron modificaciones para mejorar algunos avisos de ubicación de casillas mediante materiales reutilizables y ajustes en formatos de registro de personas con discapacidad.
La aprobación permite continuar con la preparación de las elecciones, pero no resuelve por sí misma las dudas sobre los retrasos anteriores.
¿El INE infló su presupuesto para las elecciones de 2027?
La sesión también abrió una discusión sobre los recursos públicos que utilizará el organismo electoral.
Representantes de partidos políticos cuestionaron a los consejeros por su respuesta ante un recorte presupuestal de aproximadamente 6 mil millones de pesos.
El consejero Arturo Chávez respondió que, a su consideración, el instituto había solicitado más dinero del que tradicionalmente ejercía.
Pedir no empobrece, entonces se pidió mucho más recurso del que tradicionalmente venía ejerciendo el Instituto”.
Chávez sostuvo que era necesario comparar los presupuestos de distintas elecciones para determinar si la reducción realmente afectaría la capacidad operativa del INE.
También consideró que, de acuerdo con la información que tenía disponible, el organismo podría contar con más recursos en términos reales que en procesos electorales anteriores, incluso después del ajuste.
Sus declaraciones provocaron cuestionamientos de representantes partidistas.
Marco Antonio Baños, del partido Somos, señaló que los comentarios podían interpretarse como un reconocimiento de que las cantidades solicitadas habían sido mayores a las necesarias.
Suena como haber inflado algunas cifras y decir que no va a tener ningún tipo de impacto al final de cuentas en el trabajo institucional”.
Por su parte, Carla Humphrey recordó que no respaldó la propuesta presupuestal original y señaló que era necesario revisar las cifras y las consecuencias del recorte.
No está demostrado que el presupuesto haya sido inflado deliberadamente. El debate refleja diferencias sobre el monto solicitado y los recursos que efectivamente necesita el instituto.
La presidenta provisional, Blanca Cruz García, aclaró durante la sesión que todavía esperaban la notificación formal del presupuesto aprobado para realizar el análisis y determinar los ajustes correspondientes.
¿Están en riesgo las elecciones de 2027 por los contratos y el recorte al INE?
Hasta el momento, el INE no ha anunciado que la jornada electoral de 2027 esté en riesgo de realizarse por los retrasos en las contrataciones.
Sin embargo, consejeros y representantes partidistas han advertido que es necesario resolver las adquisiciones pendientes y determinar cómo afectará el ajuste presupuestal a las actividades institucionales.
La organización de una elección requiere contratar y distribuir materiales, preparar casillas, capacitar personal y asegurar que los documentos estén disponibles dentro de los plazos establecidos.
Si los procedimientos administrativos se retrasan, el instituto dispone de menos tiempo para cumplir esas tareas. Esto no implica necesariamente la suspensión de actividades, pero obliga a revisar los calendarios de producción y entrega.
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