Desde la venta de ganado hasta pequeños comercios urbanos, el cobro de piso en México está operando como un equivalente al uno por ciento del PIB y ya le arrebató más de 91 mil 800 millones de pesos a las familias y productores en un solo año
La pérdida de ingresos por ‘cobro de piso’ equivale al 1% del Producto Interno Bruto, estrangulando las finanzas de productores agropecuarios que deben entregar al crimen hasta una de cada diez cabezas de ganado.
La extorsión dejó de analizarse como una falta del fuero común para convertirse en un problema de seguridad nacional y estabilidad económica que asfixia el presupuesto de los hogares mexicanos. Durante el último ejercicio anual, las familias, pequeños comerciantes y productores rurales desembolsaron 91 mil 800 millones de pesos para pagar cuotas de “protección” obligada ante el crimen organizado (cobro de piso), una masa de recursos que se desvía por completo del circuito legal de la economía.
El pronunciamiento fue presentado por el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien urgió a tratar este delito como una amenaza directa contra la economía, la inversión privada, el campo, la construcción, la obra pública y las finanzas del Estado.
La advertencia coincide con las prioridades de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, orientadas a desarticular el modelo de negocio de los grupos delictivos en las zonas de mayor producción agropecuaria y comercial.
¿Por qué la extorsión opera en México como un impuesto criminal y qué sectores sufren el mayor impacto?
El concepto de impuesto criminal define la cobranza sistemática e ilegal que las bandas delictivas imponen sobre el flujo de mercancías, servicios e ingresos de las personas. A diferencia de las contribuciones fiscales que recauda el Gobierno federal para financiar escuelas, hospitales, infraestructura vial o programas sociales, este flujo financiero termina en las arcas del crimen sin generar un solo beneficio para la colectividad.
El costo acumulado por la extorsión equivale al 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, afectando de manera crítica a diversos eslabones del aparato productivo:
- Sector ganadero y agrícola: En regiones con alta presencia delictiva, como el estado de Zacatecas, los criadores de ganado deben pagar hasta 2 mil pesos por cada cabeza de ganado comercializada. La cuota se cobra también por el paso de borregos y chivas, lo que en términos reales significa que los productores pierden el valor de una de cada diez cabezas de becerros producidas.
- Comercio al pormenor y abastecimiento: Pequeñas misceláneas, tortillerías, tiendas de abarrotes, carnicerías y choferes de transporte de carga en zonas urbanas y rurales sufren cobros semanales o mensuales bajo amenaza explícita de daño patrimonial o físico.
- Industria de la construcción y obra pública: Las empresas contratistas reportan exigencias de cuotas sobre el valor total de las obras o la obligación de comprar insumos a proveedores controlados por los propios grupos criminales.
¿Cómo responde el gobierno de Claudia Sheinbaum y el Congreso ante la amenaza de la extorsión?
Frente al incremento del cobro de piso y las amenazas telefónicas, el Gobierno de México y el Congreso de la Unión establecieron una ruta de trabajo conjunta que abarca cambios de rango constitucional y operativos focalizados de inteligencia.
La respuesta institucional del Estado mexicano se sostiene sobre tres ejes principales:
- Inclusión constitucional de la extorsión en la prisión preventiva oficiosa: Tras su aprobación en el Senado de la República y la posterior ratificación en los congresos locales, se avanzó en la reforma para que el delito de extorsión amerite prisión preventiva de oficio, evitando que los presuntos responsables lleven sus procesos en libertad o continúen operando desde la impunidad.
- Estrategia Nacional de Seguridad e inteligencia financiera: Bajo la conducción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las autoridades priorizan la intervención en centros penitenciarios para anular llamadas extorsivas, junto con la congelación de cuentas bancarias receptoras de depósitos de cuotas ilegales.
- Atención prioritaria y denuncia anónima al 089: El Gabinete de Seguridad consolidó la línea gratuita 089 como el canal nacional para la recepción de denuncias anónimas por extorsión, lo que permite rastrear números telefónicos, cancelar tarjetas SIM involucradas e iniciar investigaciones de oficio sin poner en riesgo la integridad del denunciante.
¿Cómo afecta la extorsión el bolsillo y la vida cotidiana de las familias mexicanas?
La cobranza de cuotas ilegales no se limita a las grandes empresas; repercute directamente en los precios de los productos que consume la ciudadanía todos los días y en la estabilidad de los empleos locales.
A continuación se detallan las principales vías por las que la extorsión impacta la economía familiar:
- Encarecimiento de la canasta básica: Cuando un distribuidor de pollo, aguacate, limón o carne paga un cobro de piso en la ruta de transporte, ese costo adicional se traslada al precio final que el consumidor paga en el mercado local o supermercado.
- Cierre de comercios de barrio: La imposibilidad de pagar la cuota exigida obliga al cierre definitivo de pequeñas misceláneas, panaderías y talleres familiares, lo que destruye empleos inmediatos y reduce la oferta de productos en las colonias.
- Doble tributación de facto: La población trabajadora y los microempresarios terminan pagando impuestos oficiales al Estado y, al mismo tiempo, una tarifa ilegítima al crimen organizado para que se les permita trabajar.
- Encarecimiento y retraso de la obra pública: El cobro de cuotas a las empresas constructoras encarece la ejecución de proyectos de pavimentación, drenaje o alumbrado público, limitando el presupuesto municipal disponible para obras sociales.
Para proteger la economía personal ante un intento de extorsión telefónica, las autoridades recomiendan no realizar transferencias ni depósitos de dinero, mantener la calma, colgar de inmediato y realizar el reporte correspondiente al 089 para el bloqueo inmediato de la línea emisora.
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El camino legislativo para homologar las penas y asfixiar los ingresos del crimen organizado
La iniciativa impulsada desde la Cámara de Diputados busca que el Congreso de la Unión expida una Ley General en materia de Extorsión, con el objetivo de unificar el tipo penal y sus agravantes en todo el territorio nacional, debido a que actualmente cada entidad federativa sanciona el delito con criterios y penas desiguales.
La articulación entre las reformas promovidas en el Poder Legislativo y la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum resultará determinante para desmantelar las redes financieras que extraen casi 92 mil millones de pesos al año.
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