Entre el cobro de piso de hasta 2 mil pesos por becerro impuesto por el crimen organizado y la caída del precio del frijol a 8 pesos por kilo, agricultores y ganaderos zacatecanos enfrentan una severa crisis económica sin respuesta de las autoridades estatales ni federales
La diferencia entre los 27 pesos del esquema público y lo que ofrecen los intermediarios ahonda las pérdidas de un sector que proyecta un desplome del 40% en su producción.
Las familias dedicadas a la producción agropecuaria en las comunidades rurales de Zacatecas están enfrentando actualmente un escenario crítico que vulnera directamente su sustento diario. A los problemas históricos de comercialización, sequía y deterioro de caminos se suma ahora un esquema de extorsión sistemática por parte del crimen organizado, así como denuncias de opacidad y favoritismo político en los programas oficiales de acopio de granos.
En declaraciones recogidas por el diario Reforma, el representante de los productores de frijol en la entidad, Abraham Castro, expuso la doble presión económica que sofoca a los municipios agrícolas.
Las cuotas forzadas para comercializar animales y el remate de cosechas a intermediarios privados han dejado a los trabajadores del campo sin margen de ganancia, en un contexto donde los reclamos locales no encuentran eco en el discurso de las autoridades estatales ni federales.
¿Cómo funciona la extorsión del crimen organizado al ganado en las comunidades de Zacatecas?
El denominado “cobro de piso” dejó de aplicarse exclusivamente a comercios o empresas de transporte para incidir directamente en las transacciones pecuarias básicas de las comunidades rurales.
Los grupos delictivos imponen un “impuesto” ilegal por cada unidad que los campesinos intentan vender para subsistir:
- Ganado bovino: Se exige una cuota de hasta 2,000 pesos por cada cabeza de ganado o becerro comercializado.
- Ganado menor: Por la venta de una chiva o un borrego, los delincuentes cobran aproximadamente 500 pesos por animal.
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Esta práctica convierte al crimen organizado en un socio forzado de las familias rurales. Como ejemplificó Castro, si un pequeño productor logra criar y vender 10 becerros, el valor equivalente a uno de esos animales debe entregarse íntegramente a los grupos criminales para poder realizar la transacción.
La inseguridad en las brechas y caminos rurales impide evitar estos pagos, afectando directamente la capitalización de los ranchos y establos locales.
¿Qué irregularidades denuncian los campesinos en el programa gubernamental de acopio de frijol?
A la presión de la delincuencia se añaden los reclamos por la gestión de las políticas públicas destinadas a apoyar a los pequeños agricultores.
De acuerdo con las denuncias de las organizaciones campesinas, el programa institucional de acopio —diseñado teóricamente para garantizar un precio de garantía de 27 pesos por kilogramo a productores de menor escala— operó de forma selectiva y opaca.
Los agricultores señalan que personas vinculadas a estructuras políticas del partido Morena lograron comercializar cerca de 80,000 toneladas de frijol dentro del esquema preferencial antes de que se abriera espacio a las comunidades organizadas.
Mientras estas operaciones se concretaban, cientos de campesinos que cumplieron con la entrega de documentos y requisitos permanecieron hasta tres meses en listas de espera sin recibir atención de las dependencias correspondientes, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) o Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX).
Ante el cierre del programa oficial, las familias se vieron obligadas a recurrir a intermediarios locales o “coyotes”, quienes pagan el kilogramo de frijol a un precio cercano a los 8 pesos, lo que representa una reducción de más del 70% frente a la tarifa institucional esperada.
¿Por qué cayó la producción de frijol y cuál es el impacto económico previsto?
El problema comercial coincide con un ciclo agrícola severamente castigado por las condiciones meteorológicas y el encarecimiento de los insumos de siembra:
- Desplome de la cosecha: Durante el año anterior, Zacatecas registró una producción estimada de 500,000 toneladas de frijol. Para el ciclo actual, los productores proyectan una caída de hasta el 40% en los volúmenes cosechados debido al comportamiento del temporal de lluvias.
- Retrasos en las liquidaciones: Tras jornadas de protesta y negociaciones con el Gobierno de México, las organizaciones lograron que se acopiaran 16,000 toneladas de los agricultores inconformes; sin embargo, los pagos registraron retrasos de meses, terminando de liquidarse apenas lotes pendientes de 1,500 toneladas en semanas recientes.
- Pérdida de competitividad: Con menores volúmenes disponibles y precios de venta mermados, los campesinos no logran recuperar los costos de combustible, fertilizantes y transporte de sus granos.
¿De qué manera esta crisis en Zacatecas impacta el bolsillo de los consumidores y la economía de las familias?
Aunque la problemática se origina en las parcelas y corrales del centro-norte del país, las consecuencias se trasladan en cadena a la economía familiar y al suministro nacional de alimentos:
- Encarecimiento del producto final: El cobro de piso a los ganaderos y la intermediación en los granos incrementan el costo logístico de la proteína y la leguminosa, lo que puede reflejarse en precios más altos para las familias en mercados y centrales de abasto.
- Abandono de la actividad productiva: Al volverse inviable económicamente trabajar la tierra o criar animales por las cuotas delictivas, aumenta el riesgo de migración forzada y abandono de tierras de cultivo en municipios vulnerables.
- Pérdida de la soberanía alimentaria: Zacatecas es uno de los principales productores del país; una caída sostenida en su producción obliga a incrementar las importaciones de frijol y carne para cubrir la demanda nacional.
La urgencia de transparentar las compras públicas y devolver la seguridad a las comunidades rurales
La situación reportada en las zonas agrícolas de Zacatecas pone de manifiesto que los programas de subsidios e inversión pública resultan insuficientes si no van acompañados de dos condiciones fundamentales: mecanismos estrictos de rendición de cuentas e intervención directa contra la extorsión.
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Para garantizar la permanencia de los pequeños productores en el sector agropecuario, resulta indispensable que las instituciones auditoras transparenten los padrones de beneficiarios del programa de frijol y que las corporaciones de seguridad pública desplieguen vigilancia efectiva en las rutas ganaderas.
Sin la neutralización de las cuotas ilegales y sin equidad en los precios de acopio, la viabilidad financiera del campo mexicano continuará bajo seria amenaza.
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