FGR señala a Ángel Aguirre por encabezar desde el Gobierno de Guerrero una operación para ocultar pruebas del caso Ayotzinapa, entre ellas los videos que registraron la detención de los normalistas en Iguala
La Fiscalía sostiene que las grabaciones fueron sustraídas y entregadas al entonces gobernador de Guerrero antes de que funcionarios de su administración hicieran desaparecer las evidencias.
México — La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves 6 de agosto de 2026 al exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en el ocultamiento y destrucción de videos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, informó que un juez concedió una orden de aprehensión contra el exmandatario por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. El mandato judicial fue cumplimentado en el Estado de México, según el mensaje de la funcionaria.
La acusación se relaciona con unas grabaciones captadas la noche del 26 de septiembre de 2014 por las cámaras de seguridad 12 y 15, colocadas en el exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala.
¿Qué videos habría ordenado ocultar Ángel Aguirre?
De acuerdo con la FGR, las cámaras colocadas afuera del Palacio de Justicia de Iguala grabaron la detención del autobús Estrella de Oro número 1531 durante los ataques ocurridos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Las primeras versiones oficiales sostenían que el material no existía debido a supuestas fallas en el sistema de videovigilancia. Sin embargo, Godoy señaló que diligencias posteriores permitieron determinar que esa explicación era falsa.
La grabación era relevante porque podía mostrar la intervención de policías municipales y estatales, así como la ruta que siguió el vehículo antes de que varios de sus ocupantes fueran reportados como desaparecidos.
Godoy aseguró que la investigación permitió establecer que la desaparición de los videos no habría sido consecuencia de una falla técnica, sino de una presunta operación encabezada desde el gobierno de Guerrero.
Lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder ejecutivo estatal”, afirmó la fiscal.
— Ernestina Godoy, Fiscal General de la República. 6 de agosto de 2026.
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¿Qué pruebas tiene la FGR contra Ángel Aguirre?
La Fiscalía señaló que la nueva línea de investigación surgió después de revisar nuevamente las actuaciones y pruebas acumuladas en el expediente del caso Ayotzinapa.
En enero de 2026, una persona colaboradora declaró que las grabaciones sí existieron. También identificó a quien presuntamente las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre y aseguró que había guardado silencio debido a amenazas.
Un segundo testigo protegido declaró en mayo de 2026 que Aguirre habría ordenado, durante una reunión con funcionarios de primer nivel, “desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
Según Godoy, la Fiscalía cuenta con otros elementos que apuntan a que la instrucción habría sido girada directamente por el exgobernador y ejecutada con la participación de servidores públicos estatales de alto nivel.
La existencia de estos testimonios permitió obtener la orden de aprehensión, pero su contenido y valor probatorio deberán ser analizados durante el proceso penal.
¿Ángel Aguirre había negado conocer las grabaciones?
En mayo de 2025, después de la detención de la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, Aguirre negó haber conocido u ordenado destruir los videos.
Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia”.
— Sostuvo en una declaración difundida a medios y retomada por El Financiero.
“En consecuencia, jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”, agregó entonces.
El exgobernador también manifestó su disposición para colaborar con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa y aseguró que tenía la conciencia tranquila.
Hasta el anuncio de la FGR, no se había difundido una nueva postura de la defensa de Aguirre sobre los testimonios obtenidos en enero y mayo de 2026.
Como parte del nuevo modelo de investigación, la @FGRMexico desarrolló el reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que implicaron nuevos actos de investigación… pic.twitter.com/2ryHMkdJDN
— FGR México (@FGRMexico) August 6, 2026
¿Por qué lo acusan de desaparición forzada?
La FGR no sólo investiga la pérdida de un archivo de videovigilancia. La acusación sostiene que el presunto ocultamiento habría impedido utilizar una evidencia relacionada con el paradero de víctimas de desaparición forzada.
Por esa razón, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La Fiscalía deberá explicar ante el juez cuál habría sido la intervención concreta del exgobernador y demostrar la relación entre la desaparición de las grabaciones y la continuidad del ocultamiento del paradero de los estudiantes.
¿Qué pasará después de la detención de Ángel Aguirre?
El exgobernador deberá ser presentado ante la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión. Durante la audiencia, la FGR expondrá la imputación y las pruebas reunidas.
Posteriormente, el juez determinará si existen elementos para vincularlo a proceso, qué medidas cautelares serán aplicadas y cuánto tiempo tendrá el Ministerio Público para completar la investigación.
La detención no significa que Aguirre haya sido declarado culpable. El exmandatario conserva su derecho a defenderse, controvertir los testimonios y presentar pruebas durante el proceso.
Godoy aseguró que las familias de los 43 normalistas serán informadas sobre los avances que puedan hacerse públicos sin afectar el debido proceso.
Lo reitero: donde haya impunidad, habrá investigación; y donde haya crimen, habrá consecuencias”, concluyó la titular de la FGR.
— Ernestina Godoy, Fiscal General de la República. 6 de agosto de 2026.
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