Multa de 777.8 millones de pesos e inhabilitados por 10 años a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar que desviaron recursos de programas de comida para familias mexicanas

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una multa de 777.8 millones de pesos a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar (AliBien), junto con inhabilitación por 10 años del servicio público. La resolución alcanzó simultáneamente a 23 servidores públicos adicionales de distintas dependencias federales por faltas administrativas graves y no graves vinculadas a desvío de recursos, sustracción de bienes y conductas contrarias a la legalidad, según información de La Jornada.

Los cuatro servidores públicos más severamente sancionados fueron María G., René G., Miguel C. y Juan R., adscritos a la Dirección de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos y a la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), institución heredera de Alimentación para el Bienestar.

Qué ocurrió: desvío de fondos destinados a alimentación básica

Conforme a la investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, los cuatro funcionarios incurrieron en gastos excesivos de recursos del Programa Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos durante 2019. Estos fondos, destinados originalmente a subsidios de alimentos para familias mexicanas en situación de vulnerabilidad, fueron utilizados indebidamente para gastos de operación de la institución.

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Adicionalmente, los servidores públicos reasignaron recursos del mismo programa al Programa de Fertilizantes en 2019, desviando fondos de su destino original sin autorización apropiada. Estos actos fueron categorizados como faltas graves en el servicio público que comprometieron directamente la disponibilidad de recursos para beneficiarios de programas de seguridad alimentaria.

Fundamento jurídico y criterios de aplicación de la sanción

De acuerdo con la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las sanciones se impusieron conforme a ley considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La inhabilitación por 10 años imposibilita a los cuatro servidores públicos para ocupar cualquier cargo en la administración federal durante ese período, limitando así su acceso a funciones públicas.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó que defenderá las resoluciones “apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas”. Simultáneamente, reconoció que los sancionados tienen derecho a impugnar la resolución ante instancias administrativas y jurisdiccionales superiores.

Sanciones adicionales a 23 servidores públicos de otras dependencias

El mismo acto administrativo incluyó sanciones a 23 servidores públicos de instituciones federales por faltas que van desde sustracción de bienes hasta conductas irrespetuosas en el desempeño de funciones públicas.

En la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el trabajador Ramiro R., adscrito a la Zona Torreón, fue inhabilitado por un año y multado con 9 mil pesos. La investigación comprobó que recibió dinero en 2023 para eliminar adeudos de servicios de luz, constituyendo enriquecimiento indebido y violación de protocolos de cobro.

En el Instituto Nacional de Migración (INM), el empleado Shiddarta V. recibió sanción económica de 1 mil 380 pesos por sustracción de bienes de la institución en 2021, además de inhabilitación por un año del servicio público.

Falta grave en sector salud: violación de consentimiento informado

En el sector salud, el médico Carlos M., adscrito a la Unidad Médica Familiar 178 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, fue sancionado con inhabilitación por un año. La falta grave consistió en practicar radiografías de pelvis a una paciente sin autorización expresa en 2022, violando protocolos de consentimiento informado y derechos de privacidad del paciente.

Faltas no graves en Pemex, SSPC e IMSS

En Petrólicos Mexicanos (Pemex) se registraron tres sanciones por faltas administrativas no graves. Luis J., del Departamento de Tripulación y Operación y Mantenimiento Eléctrico en Chiapas, fue destituido e inhabilitado por tres meses tras comprobarse que se dirigió irrespetuosamente a compañeros e introdujo bebidas alcohólicas al lugar de trabajo en 2025.

Margarita S. y Graciela P., de la Dirección Jurídica en Veracruz, recibieron suspensión por 30 días por presentar de forma incorrecta una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en 2024, incurriendo en procedimientos administrativos deficientes.

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En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Manuel S., adscrito al Centro Federal Readaptación Social No. 15 CPS-Chiapas, fue inhabilitado por cuatro meses tras comprobarse que introdujo estupefacientes en la institución en 2023, violando normativas de seguridad y disciplina.

Falsificación de documentos e irrespeto en el IMSS

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la Coordinación de Operación y Evaluación Estratégica de la Ciudad de México, Marco C fue inhabilitado por tres meses tras comprobarse que falsificó la firma de su superior jerárquico para justificar un día no laborado en 2024, incurriendo en fraude documental.

Yazmín V., de la Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte en la Ciudad de México, recibió suspensión por 15 días por faltas de respeto a otra servidora pública en 2023, violando normas de convivencia laboral.

Derechos de impugnación y mecanismos de defensa legal

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aclaró que todas las personas sancionadas cuentan con derecho constitucional a impugnar las resoluciones ante instancias administrativas y jurisdiccionales correspondientes. La dependencia se comprometió a defender las resoluciones “con la misma firmeza con que fueron dictadas”, manteniendo así la solidez jurídica de los fallos.

Contexto institucional y estrategia anticorrupción 2025-2030

Estas sanciones forman parte de la estrategia integral de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para erradicar la corrupción en la administración pública federal y promover la ética, honestidad e integridad en el servicio público. Las resoluciones se alinean con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y reflejan el compromiso institucional de fortalecer la confianza en las instituciones mexicanas.

La dependencia exhortó a ciudadanos y servidores públicos a denunciar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad a través del portal denuncias.gob.mx, fortaleciendo así los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en todas las instituciones federales.

Las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirman la capacidad del sistema de control interno para sancionar faltas administrativas graves que comprometen directamente los derechos de ciudadanos mexicanos. La magnitud de la sanción a cuatro funcionarios de Alimentación para el Bienestar —777.8 millones de pesos más inhabilitación de una década— refleja la severidad de los hallazgos sobre desvío de fondos destinados a programas de seguridad alimentaria durante 2019. Estas acciones generan precedente institucional para futuras investigaciones sobre gestión indebida de recursos públicos en dependencias federales.