Colectivos denunciaron que un activista que documentó el operativo de Alessandra Rojo de la Vega en la Zona Rosa fue detenido por la PDI y permaneció incomunicado durante cuatro horas, según su defensa

De acuerdo con una denuncia pública de colectivos y organizaciones civiles, el activista Luis Fernando Luna Olivares fue detenido el miércoles por elementos de la Policía de Investigación después de haber documentado y cuestionado el operativo de reordenamiento del comercio en vía pública encabezado por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en la Zona Rosa. Según su defensa, permaneció incomunicado durante cuatro horas antes de ser localizado en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La información fue publicada originalmente por La Jornada, con base en declaraciones de la abogada Adriana Guerrero, representante legal del activista, y en los posicionamientos difundidos por colectivos que exigieron su liberación inmediata, una investigación sobre los funcionarios involucrados y garantías de seguridad para él y su familia.

Qué denunciaron los colectivos sobre la detención

La acusación central de las organizaciones es que se trató de una presunta detención arbitraria. Según la versión expuesta por la defensa, Luis Fernando Luna Olivares fue detenido alrededor de las 12:00 horas afuera de su domicilio por agentes de la Policía de Investigación.

México

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De acuerdo con esa relatoría, al momento del aseguramiento los agentes le habrían advertido que “se metió con alguien muy pesado” y después lo trasladaron al llamado búnker de la fiscalía capitalina. La abogada sostuvo que, durante varias horas, no fue posible conocer con precisión su ubicación.

La representante legal afirmó que el activista permaneció incomunicado por aproximadamente cuatro horas antes de ser localizado en instalaciones de la autoridad ministerial.

Qué inconsistencias señaló la defensa

La abogada Adriana Guerrero sostuvo que existen contradicciones entre lo que la defensa documentó y la versión atribuida a las autoridades sobre cómo ocurrió la detención.

Según explicó, la autoridad habría argumentado que el activista fue asegurado después de salir del Metro debido a una supuesta “actitud sospechosa” y que, durante una revisión, le fue localizada una bolsa con una sustancia. Sin embargo, la defensa aseguró que la detención ocurrió en la misma calle donde se ubica su domicilio.

También afirmó que existen imágenes en las que se observa presencia policial en el sitio desde antes de que el activista saliera de su casa. De acuerdo con su dicho, esas fotografías mostrarían a más de seis oficiales en la zona desde las 11:00 horas.

La abogada sostuvo que, con base en esos elementos, la versión de una revisión derivada de una conducta sospechosa no coincide con el despliegue previo que, según la defensa, ya se encontraba preparado en el lugar.

Qué dijo el activista sobre su trato durante el aseguramiento

Durante la asistencia jurídica, según lo reportado por La Jornada, Luis Fernando Luna Olivares señaló que fue presuntamente coaccionado para entregar el PIN de su teléfono celular y que presentaba lesiones en rodillas, ceja y puños.

De acuerdo con esa misma versión, el activista también aseguró que no se le permitió comunicación con su familia durante el periodo en que estuvo bajo custodia.

Hasta el momento, en la información citada por el medio, esas acusaciones forman parte del señalamiento de la defensa y de los colectivos, por lo que su verificación corresponde a las autoridades competentes dentro de cualquier investigación que se inicie sobre los hechos denunciados.

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Qué relación establecen los colectivos con el operativo en Zona Rosa

La defensa y las organizaciones vincularon la detención con una confrontación previa ocurrida en la calle Génova, en la Zona Rosa, donde el activista había documentado con fotografías y videos el operativo de reordenamiento del comercio en vía pública impulsado por la alcaldía Cuauhtémoc.

Según esa relatoría, el material difundido por Luis Fernando Luna Olivares cuestionaba presuntos abusos cometidos durante las acciones de retiro o control sobre vendedores ambulantes en la zona.

En su cuenta de Instagram, identificada como @cheems.is.all.you.need, el activista publicó un mensaje crítico dirigido a la alcaldesa. En esa publicación condenó lo que describió como violencia contra comerciantes en vía pública y utilizó la expresión “limpieza social”, una frase que fue retomada por los colectivos como parte del contexto de la disputa pública.

Qué exigieron las organizaciones civiles

Tras conocerse la detención, los colectivos hicieron públicos varios reclamos dirigidos a las autoridades capitalinas. Entre sus exigencias se encuentran:

• La liberación inmediata de Luis Fernando Luna Olivares.
• Una investigación sobre los funcionarios o agentes que participaron en el operativo de detención.
• Garantías de seguridad para el activista y su familia.
• El esclarecimiento de las condiciones en que fue asegurado y trasladado.

El eje de esas demandas se centra en que la autoridad aclare si existió una causa legal debidamente documentada para el aseguramiento y si se respetaron los derechos de la persona detenida desde el primer momento.

Por qué el caso tiene relevancia pública

El caso combina dos elementos de alto interés público en la Ciudad de México: por un lado, el debate sobre los operativos de reordenamiento del comercio en zonas de alta actividad comercial y turística; por otro, la protección de personas defensoras de derechos humanos y activistas que documentan actuaciones de la autoridad.

Cuando una detención ocurre después de una confrontación pública con funcionarios o en medio de la difusión de material crítico sobre un operativo gubernamental, el caso adquiere una dimensión institucional que rebasa el hecho individual. Por eso, la exigencia principal de los colectivos es que cualquier actuación ministerial o policial pueda ser revisada con criterios de legalidad, proporcionalidad y respeto a derechos fundamentales.

Qué falta por aclarar

Con la información disponible en el reporte original, todavía quedan puntos relevantes por precisar:

• Cuál fue la causa formal del aseguramiento.
• Si existió un documento judicial o ministerial que justificara la intervención.
• Qué sustancia fue supuestamente localizada y bajo qué cadena de custodia.
• Cuánto tiempo permaneció el activista sin comunicación.
• Si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrirá una investigación por las irregularidades denunciadas.

También resulta relevante conocer si la alcaldía Cuauhtémoc o la fiscalía capitalina emitirán una postura pública sobre los señalamientos formulados por la defensa.

La denuncia de colectivos y organizaciones civiles colocó bajo escrutinio la actuación de la Policía de Investigación y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en un caso que, según la defensa, ocurrió después de que un activista documentó un operativo encabezado por la alcaldía Cuauhtémoc en la Zona Rosa. Por ahora, las acusaciones sobre una presunta detención arbitraria, incomunicación y coacción forman parte del señalamiento de la representación legal y de los colectivos, mientras queda pendiente la respuesta formal de las autoridades sobre los hechos.

La información fue publicada originalmente por La Jornada con base en declaraciones de la defensa del activista y de organizaciones civiles que acompañan el caso.