INE de Guadalupe Taddei perdonó más de 4.5 millones de pesos en sanciones a empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, proveedor cercano a la exconsejera presidenta, pese a incumplir contrato para la elección judicial de 2025, revela Reforma
Agencia Reforma reveló que el organismo electoral disminuyó casi por completo una penalización por incumplimiento de contrato. Las compañías beneficiadas forman parte de una red empresarial que obtuvo más de 2 mil 561 millones de pesos en contratos con organismos electorales locales.
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional Electoral (INE), durante la gestión de Guadalupe Taddei, redujo de 4 millones 581 mil 46 pesos a 25 mil 893 pesos una penalización impuesta a dos empresas vinculadas con José Alfredo Hernández Casillas, por retrasos en la entrega de urnas y mamparas utilizadas en la elección judicial de 2025. La decisión implicó una disminución de más de 4.5 millones de pesos en la sanción relacionada con un contrato de 198.7 millones de pesos. Aunque la reducción fue reportada por Agencia Reforma, no se ha identificado públicamente, en la información consultada, una explicación oficial que justifique el ajuste. El caso plantea dudas sobre la supervisión de los recursos destinados a los procesos electorales.
De acuerdo con una investigación publicada por Agencia Reforma este domingo 1 de noviembre de 2026, las empresas Cajas Graf y TOL Producciones recibieron el contrato mediante adjudicación directa, después de que el INE declaró desierta una licitación en la que participaron ocho propuestas. Tres de los participantes, según el reporte, pertenecían a un mismo grupo familiar relacionado con Hernández Casillas.
La información se suma a los señalamientos sobre las contrataciones del empresario con organismos electorales. Según datos del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, citados por Reforma, una red de compañías vinculadas con Hernández Casillas acumuló al menos 2 mil 561 millones de pesos en contratos durante 12 años, principalmente mediante el suministro de materiales para elecciones estatales.
¿Por qué el INE redujo una sanción de 4.5 millones de pesos a solo 25 mil?
Las empresas Cajas Graf y TOL Producciones tenían la obligación de entregar materiales electorales conforme a los plazos establecidos en un contrato por 198.7 millones de pesos.
Sin embargo, de acuerdo con Reforma, ambas compañías incumplieron los tiempos pactados, lo que inicialmente generó una penalización de 4 millones 581 mil 46 pesos.
Posteriormente, el INE disminuyó el monto hasta dejarlo en 25 mil 893 pesos.
Las cifras muestran el alcance de la decisión:
- Contrato adjudicado: 198 millones 700 mil pesos.
- Penalización original: 4 millones 581 mil 46 pesos.
- Penalización reducida: 25 mil 893 pesos.
- Monto descontado de la sanción: 4 millones 555 mil 153 pesos.
- Reducción: aproximadamente 99.43% de la penalización inicial.
En términos prácticos, por cada 100 pesos considerados originalmente en la sanción, permanecieron alrededor de 57 centavos.
La investigación periodística no precisa qué argumentos técnicos o administrativos utilizó el INE para autorizar esa disminución, ni identifica a los funcionarios que aprobaron el monto definitivo.
Tampoco establece si la penalización reducida ya fue pagada por las empresas.
¿Cómo consiguieron Cajas Graf y TOL Producciones el contrato para la elección judicial de 2025?
El contrato se relaciona con la adquisición de mamparas y urnas destinadas al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación de 2025.
Antes de recurrir a la adjudicación directa, el INE había iniciado un procedimiento de licitación pública para contratar a los proveedores.
Una investigación de EMEEQUIS identificó el procedimiento LP-INE-001/2025, publicado el 28 de enero de 2025 para adquirir urnas electorales, mamparas y dados marcadores.
El proceso se desarrolló de la siguiente manera:
- 28 de enero de 2025: el INE publicó la convocatoria para adquirir materiales electorales.
- 7 de febrero de 2025: el organismo declaró desierta la licitación, después de evaluar las propuestas participantes.
- Después de la cancelación: el INE recurrió a una adjudicación directa para contratar a Cajas Graf y TOL Producciones.
El argumento del instituto para declarar desierto el concurso fue que las propuestas no cumplían con la totalidad de los requisitos técnicos, de acuerdo con el acta del procedimiento citada por EMEEQUIS.
Agencia Reforma sostiene que existió una competencia simulada, debido a que tres de los ocho participantes estaban relacionados con el mismo grupo familiar.
No obstante, la existencia de vínculos entre empresas participantes no constituye, por sí sola, una resolución definitiva de responsabilidad administrativa o penal. Los señalamientos sobre una posible simulación deben distinguirse de las determinaciones que emitan las autoridades competentes.
¿Quién intervino en la adjudicación directa del INE?
Agencia Reforma identifica a Edgardo Amaya Robles, entonces director de Recursos Materiales y Servicios del INE, como uno de los funcionarios involucrados en el procedimiento que permitió entregar el contrato.
El reporte señala que Amaya Robles era colaborador cercano de Guadalupe Taddei y que anteriormente había trabajado en el Gobierno de Sonora durante la administración de Alfonso Durazo.
Su participación es relevante porque el área de Recursos Materiales y Servicios interviene en los procedimientos administrativos relacionados con la contratación de bienes y servicios del organismo electoral.
Sin embargo, la información difundida no establece que exista una resolución firme que atribuya responsabilidad a Amaya Robles o a Taddei por la reducción de la penalización.
También permanece pendiente conocer quién autorizó el ajuste económico y cuáles fueron los fundamentos utilizados para modificar la sanción.
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¿Quién es José Alfredo Hernández Casillas y cuánto dinero han recibido sus empresas?
José Alfredo Hernández Casillas es un empresario relacionado con compañías dedicadas al suministro de materiales electorales, entre ellos urnas, mamparas y documentación utilizada durante los comicios.
Su actividad como proveedor de organismos electorales no comenzó durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Una revisión de contratos difundidos en la Plataforma Nacional de Transparencia, publicada por La Jornada el 26 de octubre, identificó operaciones con empresas vinculadas al empresario desde 2018, cuando el INE era presidido por Lorenzo Córdova.
Por su parte, Reforma reportó que el Órgano Interno de Control del INE identificó una red empresarial que acumuló al menos 2 mil 561 millones de pesos en contratos con Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) durante los últimos 12 años.
Según ese reporte, el 77% del monto se concentró en los cinco años más recientes del periodo analizado.
Esto equivale aproximadamente a mil 972 millones de pesos contratados durante ese lapso.
Entre las empresas relacionadas con Hernández Casillas en distintas investigaciones periodísticas aparecen Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales.
Estas contrataciones abarcan diferentes procesos electorales y administraciones. Por ello, las cifras acumuladas no deben interpretarse como contratos otorgados exclusivamente durante la presidencia de Taddei.
¿Qué son los OPLE y por qué aparecen en la investigación?
Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) son las instituciones encargadas de organizar elecciones en las entidades federativas, en coordinación con el INE y conforme a sus respectivas atribuciones.
Para realizar esa función, adquieren materiales como urnas, mamparas y otros insumos necesarios para instalar las casillas.
El señalamiento sobre la red empresarial de Hernández Casillas es relevante porque las compañías relacionadas con el proveedor no solo participaron en contrataciones federales, sino también en procedimientos de adquisición de distintos organismos estatales.
La revisión de estas operaciones permite identificar posibles relaciones entre empresas, representantes legales y participantes en concursos de adquisición pública.
¿Qué falta esclarecer sobre los contratos y las penalizaciones del INE?
La reducción de la sanción y la forma en que se adjudicó el contrato dejan aspectos que requieren documentación y explicaciones institucionales.
Entre ellos destacan los motivos por los cuales el organismo electoral disminuyó la penalización original, los criterios aplicados para calcular el nuevo monto y la responsabilidad de los funcionarios que participaron en ambas decisiones.
También debe aclararse si el retraso en la entrega de materiales afectó alguna etapa de preparación de la elección judicial de 2025. La información publicada no permite establecer esa consecuencia.
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