Suprema Corte falló a favor de los usuarios de telefonía y ahora podrían exigir una indemnización a las empresas por dar el mismo número de teléfono a otros usuarios

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudia un proyecto que podría cambiar cómo las operadoras de telefonía responden ante fraudes digitales en México, estableciendo responsabilidades claras y derechos de los usuarios en casos de negligencia.

Según información de Milenio y documentos judiciales, la propuesta de la ministra Loretta Ortiz busca que los usuarios puedan demandar por daño moral cuando se compruebe que las compañías no protegieron adecuadamente sus datos personales.

¿Qué ocurrió en el caso que revisa la SCJN?

El análisis parte de un incidente de suplantación de identidad mediante duplicado de tarjeta SIM, conocido como SIM swapping. Según el expediente:

México

Suprema Corte falló a favor de los usuarios de telefonía y ahora podrían exigir una indemnización a las empresas por dar el mismo número de teléfono a otros usuarios

• Una usuaria vinculó su número telefónico a distintos servicios digitales.
• Sin aviso, perdió acceso a su línea.
• Ese mismo día se registraron movimientos bancarios no autorizados, cambios de contraseñas y difusión de imágenes íntimas.
• Posteriormente se confirmó que un tercero solicitó un duplicado de su SIM en otro estado, tomando control total del número y de los servicios asociados.

El documento señala que la empresa telefónica entregó la tarjeta sin verificar correctamente la identidad del solicitante, lo que permitió el fraude.

¿Quién tendría la responsabilidad, el usuario o la empresa?

La compañía argumentó que la usuaria:

• Vinculó voluntariamente su número a varias plataformas.
• El duplicado se hizo con una identificación válida.
• No reaccionó a tiempo.

Sin embargo, el proyecto de la ministra Ortiz plantea que las empresas tienen un deber reforzado de cuidado. El texto deja claro que las concesionarias “no pueden ser flexibles o indiferentes” frente a fraudes como el SIM swapping y cuestiona la revictimización cuando se responsabiliza a la víctima por los daños.

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¿Qué implicaciones tendría la aprobación del proyecto?

Si al menos seis ministros aprueban la propuesta, se convertiría en criterio obligatorio para tribunales en todo México. Esto significaría:

• Posibilidad de que los usuarios demanden por daño moral.
• Exigencia a las empresas de mejorar sus protocolos de verificación de identidad.
• Apertura a indemnizaciones por negligencia.
• Consideración de perspectiva de género en casos sensibles.
• Establecimiento de estándares sobre responsabilidad digital y protección de datos en un entorno donde el celular conecta la vida financiera, laboral y personal.

¿Qué es el SIM swapping y cómo funciona este fraude?

El SIM swapping consiste en duplicar tu tarjeta SIM para tomar control de tu número telefónico. Esto permite a los delincuentes:

• Recibir tus mensajes SMS.
• Interceptar códigos de verificación.
• Acceder a cuentas bancarias, correos y redes sociales.

El primer indicio suele ser que el celular pierde señal de manera inesperada. BBVA alerta que el mayor riesgo es que el número funciona como llave de acceso digital para muchos sistemas de seguridad.

¿Cómo protegerse ante este tipo de fraudes?

Aunque la decisión de la SCJN aún no se ha emitido, los expertos recomiendan:

• Solicitar a tu operador un PIN o contraseña adicional para trámites de SIM.
• Activar verificación en dos pasos con aplicaciones, no solo SMS.
• Evitar compartir tu número en plataformas innecesarias.
• Contactar inmediatamente a la compañía si pierdes señal sin explicación.
• Revisar periódicamente movimientos bancarios y cuentas digitales.

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¿Por qué este caso podría marcar un antes y un después en México?

El caso trasciende la situación de una sola usuaria. Representa un momento clave para definir la responsabilidad de las empresas frente a la seguridad digital. Una resolución favorable al proyecto avanzaría hacia un modelo donde las compañías no solo brindan servicio, sino que también responden por fallas en la protección de datos, consolidando derechos digitales fundamentales en México.