Colectivos indígenas denunciaron que ataques con drones y armas de grueso calibre del grupo Los Ardillos provocaron el desplazamiento forzado de 800 familias en la montaña de Guerrero tras el retiro del Ejército de las zonas de conflicto en el municipio de Chilapa

Comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero enfrentan una crisis humanitaria tras una serie de ataques sistemáticos perpetrados por el grupo delictivo Los Ardillos. Organizaciones civiles y autoridades tradicionales denunciaron que la violencia escaló este fin de semana con el uso de drones cargados con explosivos y armamento de alto poder, lo que derivó en la expulsión violenta de cientos de habitantes de sus tierras ante la presunta omisión de las fuerzas de seguridad estatales y federales.

De acuerdo con el reporte publicado por La Jornada, los colectivos firmantes —entre ellos el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)— señalaron que el Estado mexicano incurre en una responsabilidad directa por violaciones graves a los derechos humanos al permitir que el crimen organizado tome el control de los municipios.

¿Cómo operan Los Ardillos contra las comunidades indígenas?

Los testimonios de los habitantes de Chilapa de Álvarez describen un escenario de guerra asimétrica. Según el CIPOG-EZ, el grupo criminal no solo utiliza fusiles de asalto, sino que ha integrado tecnología de drones para lanzar artefactos explosivos sobre las viviendas, generando terror entre niñas, niños y personas de la tercera edad.

México

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Esta ofensiva comenzó el miércoles 6 de mayo de 2026 en las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán. La violencia alcanzó su punto máximo el sábado 9 de mayo, cuando las células delictivas ingresaron a los poblados, obligando a las familias a abandonar sus hogares bajo amenaza de muerte.

¿Cuál es la magnitud del desplazamiento forzado en Guerrero?

Las organizaciones indígenas confirmaron que más de 800 familias fueron desplazadas de manera forzada durante los ataques de la última semana. Actualmente, estas personas se encuentran refugiadas en otras comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, las cuales también han alertado sobre el riesgo inminente de sufrir agresiones similares.

Los colectivos denunciaron que este desplazamiento no es un hecho aislado, sino parte de un "patrón alarmante de agresiones generalizadas" contra quienes defienden sus derechos territoriales y viven en condiciones de vulnerabilidad en la región de la montaña.

¿Por qué acusan al gobierno de Evelyn Salgado de omisión?

La indignación de los grupos originarios se centra en la falta de cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desde el año 2021. Los denunciantes sostienen que el gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado, ha sido omiso en garantizar la seguridad de los habitantes de Tula y Xicotlán.

Entre los señalamientos más graves, los colectivos destacan:

• La supuesta cooptación de los gobiernos municipales por el crimen organizado.
• La negativa del gobierno estatal de atender las demandas de justicia.
• La orden de retirar los elementos del Ejército de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), lo que, según los colectivos, dejó el “paso libre” para la incursión de Los Ardillos.

¿Quiénes firman la denuncia contra la inacción gubernamental?

El pronunciamiento público cuenta con el respaldo de diversas organizaciones de derechos humanos y movimientos agrarios, tales como:

• Congreso Nacional Indígena (CNI).
• Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S).
• Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAÍZ).
• Guardia Comunal Tlacotenco.

Estas agrupaciones exigen que el Estado mexicano retome el control territorial en Chilapa y detenga los ataques que, según reportes locales, continúan activos este 10 de mayo, poniendo en grave peligro la integridad física de las autoridades tradicionales y la población civil que no ha logrado huir de la zona de conflicto.