Reforma ambiental en riesgo de congelarse hasta 2027: Diputados frenan cambios del Senado en penas contra delitos como la tala clandestina, el tráfico de especies protegidas y el manejo de sustancias peligrosas

MÉXICO.- La Cámara de Diputados rechazó esta semana las modificaciones que el Senado de la República había realizado en diciembre de 2025 a la iniciativa que busca endurecer los castigos por delitos contra el medio ambiente.

Con una votación unánime de 450 votos, el Pleno de San Lázaro decidió devolver la minuta al Senado en sus términos originales, reivindicando el texto que ellos mismos habían aprobado el pasado 25 de noviembre.

La decisión abre un nuevo capítulo en el proceso legislativo y coloca la reforma al Código Penal Federal (CPF) en una posible congeladora legal.

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¿Qué cambios hizo el Senado a la reforma ambiental?

El dictamen original aprobado por los diputados en noviembre de 2025 buscaba endurecer las penas contra delitos como la tala clandestina, el tráfico de especies protegidas y el manejo de sustancias peligrosas.

Sin embargo, al llegar la minuta al Senado una semana después, los legisladores de la cámara alta introdujeron dos modificaciones clave:

1. El cambio en la forma de calcular las multas: El Senado sustituyó el esquema de “días multa” por el de “veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)” .
2. La exclusión de responsabilidad penal para comunidades rurales: Los senadores añadieron un párrafo al Artículo 418 del CPF para especificar que no se castigaría a ejidatarios, comuneros o campesinos que utilicen recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas (como leña para cocinar).

¿Por qué los Diputados insisten en los “días multa” y no en las UMA?

Este es el punto central del desacuerdo. El presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Julio César Moreno (Morena), subió a tribuna para argumentar que el esquema de “días multa” es más justo y efectivo para combatir delitos ambientales.

La explicación es práctica y tiene un enfoque social:

• UMA fija: Si la multa se calcula con base en la UMA (cuyo valor es igual para todos), la sanción económica puede convertirse en un simple “costo de operación” para una gran empresa contaminante o un talador industrial.
• Días multa proporcionales: Este sistema permite al juez calcular la multa con base en el ingreso diario del sentenciado. De esta manera, el castigo económico golpea con la misma proporcionalidad al bolsillo de un talamontes furtivo que al de un directivo de una compañía que contamina.

“Establecer multas fijas puede convertirlas en un costo más de operación para grandes empresas. En cambio, el sistema de días multa permite al juzgador aplicar la sanción logrando un impacto real y disuasivo”, explicó el legislador Moreno.

El diputado panista José Guillermo Anaya coincidió en que sustituir este esquema por la UMA resultaba improcedente, ya que se pierde la proporcionalidad económica que exige la justicia penal.

La exclusión de responsabilidad penal para personas del medio rural que usen madera para cocinar o satisfacer necesidades básicas ya existe en la ley actual, específicamente en el Artículo 423 del Código Penal Federal.

Los diputados argumentaron que agregar esta misma excepción en el Artículo 418, como pretendía el Senado, generaría una duplicidad normativa y un riesgo de contradicción legal. En palabras del diputado Anaya: “Introducir estas modificaciones generaría una norma paralela e incluso un riesgo de contradicción normativa, lo que dificultaría la aplicación estricta del derecho”.

Por lo tanto, los diputados no se oponen a proteger a las comunidades rurales (dicha protección sigue firme en el Artículo 423), sino que buscan evitar una redacción confusa que entorpezca el trabajo de los jueces.

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Con la votación de este miércoles, la Cámara de Diputados ejerció su derecho de insistir en su proyecto original. La minuta regresa al Senado de la República.

Si los senadores insisten nuevamente en sus cambios con una mayoría calificada (dos terceras partes), la iniciativa quedaría empantanada en un diferendo constitucional y podría quedar suspendida hasta por un año.

Mientras tanto, las sanciones actuales contra la tala ilegal y la contaminación se mantienen sin el endurecimiento que ambas cámaras parecían estar de acuerdo en aplicar.

La disputa técnica entre “días multa” y “UMAs” mantiene en pausa una herramienta legal que, según los legisladores, es urgente para disuadir el daño al entorno ecológico del país.

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