El Tren Maya pagará 8.7 millones de pesos por una fianza que respalda daños ambientales de hasta 1,404 millones, mientras persisten dudas sobre la supervisión de sus siete tramos
La garantía ambiental estará vigente durante 2026 y busca respaldar medidas de prevención, restauración y compensación; la ASF también detectó deficiencias en la evaluación del impacto de la obra
El Tren Maya contrató una fianza ambiental con una cobertura de hasta mil 404 millones de pesos, por la que pagará 8.7 millones de pesos. La garantía busca respaldar las obligaciones relacionadas con la prevención, restauración y compensación de los impactos ambientales asociados con la construcción y operación del proyecto ferroviario en el sureste de México.
Según información publicada por Cambio 22, la empresa Sofimex Institución de Garantías, S.A. obtuvo el contrato mediante una licitación pública. La cobertura tiene vigencia del 16 de enero de 2026 al 15 de enero de 2027 y corresponde a los siete tramos del sistema, que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El monto de la fianza no significa que esa cantidad ya se haya gastado en reparar daños ambientales. Se trata de una garantía económica destinada a respaldar el cumplimiento de determinadas obligaciones ambientales, mientras que los 8.7 millones de pesos corresponden al costo de contratarla.
¿Qué cubre la fianza ambiental del Tren Maya?
Este tipo de instrumento busca garantizar que se atiendan las obligaciones de prevención y mitigación, así como las acciones de restauración o compensación que correspondan de acuerdo con las disposiciones ambientales aplicables.
En el caso del Tren Maya, la cobertura está vinculada con los compromisos para atender los impactos del megaproyecto. Sin embargo, el monto asegurado no equivale por sí mismo a una evaluación definitiva de los daños causados ni permite determinar cuánto costaría reparar cada afectación.
La contratación de la garantía se suma a otro gasto relacionado con la vigilancia ambiental de la obra. Durante 2025, el Tren Maya destinó 27 millones 696 mil pesos a un servicio de supervisión ambiental para sus siete tramos.
Ese contrato contempló inspecciones en campo y la revisión del cumplimiento de las medidas establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental. Entre los aspectos sujetos a seguimiento se encontraban el manejo de residuos, la calidad del aire, la protección de flora y fauna y la construcción de obras de drenaje.
Así se distribuye la cobertura entre los siete tramos
La mayor parte de la garantía ambiental se concentra en los primeros tres tramos, cuya cobertura conjunta se estimó en 847 millones 75 mil 126 pesos, de acuerdo con un estudio técnico-económico.
La distribución reportada para el proyecto es la siguiente:
- Tramos 1, 2 y 3: 847 millones 75 mil 126 pesos. Comprenden los recorridos de Palenque, Chiapas, a Escárcega; de Escárcega a Calkiní, Campeche; y de Calkiní a Izamal, Yucatán.
- Tramo 4: 99.4 millones de pesos, para el trayecto de Izamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo.
- Tramo 5: 203.9 millones de pesos, correspondiente a la ruta de Cancún a Tulum, en Quintana Roo.
- Tramo 6: 137.3 millones de pesos, para el recorrido de Tulum a Chetumal, también en Quintana Roo.
- Tramo 7: 116.3 millones de pesos, en el trayecto de Bacalar, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche.
Las cantidades muestran cómo se reparte la cobertura económica entre los distintos sectores ferroviarios. No obstante, por sí solas no permiten establecer la magnitud de los impactos ambientales registrados en cada tramo ni confirmar que existan daños por el total asegurado.
Información ambiental bajo cuestionamiento
Uno de los puntos señalados en la publicación de Cambio 22 es la disponibilidad de información sobre las obligaciones ambientales del proyecto.
De acuerdo con ese medio, las manifestaciones de impacto ambiental del Tren Maya emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fueron clasificadas como confidenciales por contener información industrial y comercial. Esa clasificación, según la información publicada, limita el acceso a los detalles de las medidas que debe cumplir el proyecto.
Por otra parte, el programa institucional del Tren Maya para el periodo 2025-2030 establece como objetivo completar acciones de mitigación y resarcimiento de los impactos ambientales. Entre los compromisos mencionados están ampliar las áreas reforestadas, mantener sistemas de monitoreo para proteger la fauna y aplicar medidas de conservación en 18 áreas naturales protegidas cercanas a la ruta.
El documento también reporta la ejecución de 208 programas ambientales y mil 252 medidas de mitigación. Entre las acciones mencionadas se encuentran pasos de fauna, sistemas de drenaje y obras de gestión hídrica, especialmente en la península de Yucatán, con estructuras orientadas a reducir la erosión del suelo y conservar los flujos naturales del agua.
Sin embargo, según la revisión descrita por Cambio 22, el programa no especifica de manera detallada todas las acciones realizadas, los tramos donde se aplicaron ni los daños que se hayan identificado hasta el momento.
Las observaciones de la ASF sobre el impacto ambiental
Las dudas sobre la supervisión ambiental también tienen antecedentes en revisiones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En el análisis correspondiente a la Cuenta Pública 2020, la institución señaló deficiencias relacionadas con la planeación del proyecto. Entre ellas, identificó la falta de planes maestros urbano-arquitectónicos y la ausencia de un Programa de Desarrollo Regional concluido que permitiera coordinar las acciones de las dependencias involucradas, programar los recursos necesarios y establecer condiciones para la sustentabilidad a largo plazo.
La revisión también examinó documentos relacionados con la evaluación ambiental de los primeros tramos, incluidos los procedimientos sobre la manifestación de impacto ambiental regional y el costo ambiental asociado con la construcción.
Otro señalamiento se refirió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Según los resultados de la auditoría citados por Cambio 22, la dependencia no inspeccionó las obras de rehabilitación ferroviaria entre Palenque y Valladolid, debido a la falta de una estrategia de inspección ambiental para las actividades ejecutadas por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
La auditoría advirtió que los trabajos de rehabilitación podían generar afectaciones a la flora, la fauna, el suelo, el aire y la hidrología subterránea.
Asimismo, la revisión encontró diferencias entre los impactos y las medidas de mitigación identificados por Fonatur y los reconocidos por la Semarnat. Mientras Fonatur registró 716 impactos y propuso 108 medidas, la dependencia ambiental reconoció y autorizó 61 impactos y 90 medidas de mitigación en la manifestación de impacto ambiental de la primera fase.
La contratación de la fianza por hasta mil 404 millones de pesos representa una garantía económica vinculada con las obligaciones ambientales del Tren Maya. Su alcance, sin embargo, debe distinguirse de la evaluación de los daños efectivamente registrados y del cumplimiento de las medidas comprometidas, aspectos que requieren información verificable sobre las acciones realizadas y sus resultados.
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