La CDMX implementará una Ley de Rentas Justas para frenar el encarecimiento habitacional en las 16 alcaldías, estableciendo que los aumentos anuales de alquiler no podrán superar la inflación oficial a partir de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Vivir en la Ciudad de México se ha convertido en un desafío financiero sin precedentes. Con el objetivo de revertir esta tendencia, el Gobierno de la capital, liderado por la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, presentó una ambiciosa iniciativa de reforma constitucional.

Esta propuesta busca establecer los cimientos para una futura Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, diseñada para regular el mercado de alquiler, combatir la gentrificación y proteger el derecho de los habitantes a permanecer en sus colonias.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno de la Ciudad de México, esta reforma responde a una crisis habitacional profunda. Los datos son contundentes: entre 2015 y 2025, el precio general de la vivienda en la capital se duplicó, mientras que solo en los últimos cuatro años las rentas en zonas céntricas subieron más de un 30%.

México

La llegada de cada vez más chinos a México ha modificado la dinámica social, obligando a comerciantes a usar traductores y letreros en “hanzi” para asegurar ventas, mientras la gentrificación dispara las rentas en zonas aledañas hasta los 100 mil pesos al mes

Esta situación ha provocado que, tan solo en 2020, cerca de 500,000 personas se vieran obligadas a abandonar la ciudad al no poder costear un techo.

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El diagnóstico: Una ciudad habitada por inquilinos en riesgo

Para entender la urgencia de esta medida, es necesario observar quiénes son los más afectados por el mercado actual. En la Ciudad de México viven aproximadamente 2 millones de personas en viviendas rentadas. La situación es especialmente crítica en las zonas centrales, donde el 40% de las casas o departamentos no pertenecen a quienes los habitan, sino que se encuentran bajo régimen de alquiler.

La vulnerabilidad económica es evidente: el 40% de los hogares con menores ingresos destinan casi la mitad de lo que ganan exclusivamente al pago de la renta. Los jóvenes representan otro sector en alerta; actualmente, dos de cada tres viven en arrendamiento y solo uno de cada diez ha logrado adquirir una propiedad.

Los cuatro ejes: ¿Cómo funcionará la regulación de rentas?

La iniciativa propone cambios estructurales que se agrupan en cuatro pilares fundamentales para dar certeza tanto a dueños como a quienes rentan:

1. Tope anual a las rentas: Los incrementos anuales en los contratos no podrán superar la cifra de la inflación oficial. Esto busca terminar con aumentos desproporcionados que obligan a las familias a mudarse cada año.
2. Impulso a la vivienda social: El Estado asume la obligación de ampliar la oferta de vivienda asequible mediante la compra de suelo y la creación de reservas territoriales.
3. Nueva institución reguladora: Se plantea crear una instancia pública dedicada a mediar conflictos entre arrendadores e inquilinos, ofreciendo soluciones jurídicas justas para ambas partes.
4. Derecho al arraigo: Por primera vez, se busca reconocer constitucionalmente el derecho de las personas a no ser desplazadas forzosamente del entorno donde han construido su vida y sus redes sociales.

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La batalla contra la gentrificación

Uno de los puntos más innovadores de la propuesta es el mandato explícito de implementar políticas contra la gentrificación. Al elevar este concepto al rango constitucional, la lucha por la “justicia territorial” dejará de ser una elección de cada administración para convertirse en una responsabilidad permanente del Estado. El objetivo es que los barrios tradicionales de la CDMX mantengan su identidad y sus habitantes originales a pesar de la presión del mercado inmobiliario.

¿Cuándo entrarán en vigor estos cambios?

Es importante considerar que esta reforma constitucional representa apenas la primera etapa del proceso. Una vez establecidos los principios generales en la Constitución local, se procederá a la redacción de la ley secundaria que detallará las reglas específicas de operación.

Se espera que la iniciativa sea sometida a discusión y votación en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México durante el periodo legislativo que comienza en septiembre de 2026. De aprobarse, marcaría un precedente histórico en la regulación de la vivienda en México, priorizando el bienestar social sobre la especulación comercial.