Empresa falsificó licitaciones públicas del AIFA relacionadas con servicios de mantenimiento en instalaciones, por lo que recibió una multa de 189 mil pesos y quedó inhabilitada por 4 meses; ya no podrá contratar con el gobierno de Claudia Sheinbaum y fue incluida en el directorio oficial de proveedores sancionados

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la sanción contra una empresa constructora que participó en procesos de contratación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tras detectarse la presentación de documentación falsa.

La medida incluye una multa económica, la inhabilitación temporal para contratar con el gobierno federal y su inscripción en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados.

La información fue dada a conocer por la propia Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a través del Órgano Interno de Control del AIFA y quedó formalizada con su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de febrero de 2026, dentro del marco legal vigente.

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La sanción responde a irregularidades detectadas en dos licitaciones públicas nacionales electrónicas relacionadas con servicios de mantenimiento en instalaciones del aeropuerto.

¿Qué empresa fue sancionada y por qué?

La empresa Lax Constructora, S.A. de C.V. fue sancionada por presentar documentación falsa en procesos de licitación del AIFA.

De acuerdo con el comunicado oficial, la constructora entregó información incorrecta para acreditar el cumplimiento de la norma NMX-R-025-SCFI-2025, relacionada con Igualdad Laboral y No Discriminación.

Este requisito era indispensable para participar en la contratación del servicio de mantenimiento a instalaciones arquitectónicas del aeropuerto.

Las irregularidades se detectaron en dos licitaciones públicas electrónicas identificadas como:

• LA-07-HZI-007HZI999-N-64-2025
• LA-07-HZI-007HZI999-N-79-2025

Ambas estaban vinculadas al servicio de mantenimiento del AIFA.

¿Cuál fue la sanción impuesta?

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que la empresa recibió:

• Multa: 189 mil 170 pesos
• Inhabilitación: 4 meses para participar en contratos públicos federales
• Registro en directorio oficial de proveedores sancionados

La notificación a la empresa se realizó el 27 de enero de 2026.

Además, la autoridad indicó que la compañía tiene derecho a impugnar la resolución, aunque advirtió que defenderá la sanción “con firmeza” al considerar que se emitió “con apego a derecho y en protección del interés público”.

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¿Qué implica estar en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados?

El Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados es un registro oficial administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

En él se incluyen empresas que han incumplido la ley en contrataciones públicas. El objetivo es evitar que proveedores con antecedentes de irregularidades obtengan nuevos contratos con dependencias federales.

Cuando una empresa aparece en este directorio:

• No puede participar en licitaciones federales durante el periodo de inhabilitación.
• No puede recibir adjudicaciones directas.
• Las dependencias públicas pueden consultar el registro antes de contratar.

Este mecanismo busca proteger recursos públicos y reforzar la transparencia en las contrataciones del Estado.

¿Cómo impacta esta sanción en las contrataciones públicas?

La sanción a la empresa tiene efectos directos durante el periodo de inhabilitación. Mientras esté vigente, no podrá competir por contratos federales en ninguna dependencia de la Administración Pública.

También funciona como una medida preventiva para otras licitaciones, ya que obliga a las empresas participantes a presentar documentación verificable y cumplir con los requisitos legales.

La Secretaría Anticorrupción reiteró que este tipo de acciones buscan fortalecer la legalidad en los procesos de contratación pública y evitar prácticas irregulares que afecten el uso de recursos públicos.

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¿Puede la empresa revertir la sanción?

Sí. La autoridad informó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución por la vía legal correspondiente. Sin embargo, mientras la sanción esté vigente y no se modifique por resolución judicial, la inhabilitación y el registro en el directorio oficial se mantienen activos.

Este tipo de procesos pueden revisarse en tribunales administrativos, donde se evalúa si la sanción se ajusta a derecho.