Irás a la cárcel por gastar la Pensión Bienestar sin el consentimiento del beneficiario, Partido Verde lanzó esta propuesta en la Cámara de Diputados cuya pena podrá aumentar en casos donde el adulto mayor tienen discapacidad o depende de su agresor
La propuesta busca castigar a quienes dispongan del dinero de personas mayores de 65 años sin su permiso, especialmente para discapacitados.

CIUDAD DE MÉXICO.- — La Cámara de Diputados analiza una iniciativa para crear el delito de explotación financiera.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó este proyecto.
La propuesta busca castigar a quienes dispongan del dinero de personas mayores de 65 años sin su permiso.
- Objetivo: Modificar el Código Penal Federal y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
- Estado actual: La iniciativa se encuentra en estudio en las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables.

¿Qué conductas se consideran explotación financiera?
Según el nuevo artículo 390 Ter, el delito ocurre cuando alguien aprovecha una relación de confianza para beneficio propio. Esto incluye a familiares, tutores o trabajadores que:
- Se apropien de recursos económicos o bienes.
- Utilicen o dispongan de la pensión del adulto mayor.
- Realicen estas acciones sin el consentimiento libre de la víctima.
- Se valgan de una situación de superioridad o dependencia.
Penas y multas propuestas
El proyecto establece castigos severos para frenar estas prácticas:
- Prisión: De cuatro a ocho años.
- Multas: De doscientos a quinientos días.
- Aumento de pena: El castigo sube un 50% si la víctima tiene alguna discapacidad.
Un punto clave es que este delito se perseguirá de oficio. Esto significa que las autoridades deben investigar al enterarse, sin necesidad de que el adulto mayor presente una denuncia formal.
¿Cuál es el papel de los bancos en la protección ciudadana?
La ley también obligaría a las instituciones financieras a colaborar. Los bancos, tanto públicos como privados, tendrán nuevas responsabilidades:
- Simplificar trámites para el cobro de pensiones.
- Operar protocolos para detectar movimientos de dinero inusuales.
- Notificar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre transacciones sospechosas.
- Proteger siempre los datos personales de los usuarios.
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¿Por qué es necesaria esta ley en México?
Actualmente, las leyes son insuficientes para proteger a este sector. El marco legal actual solo ofrece la figura de “abuso de confianza”, pero casi no se aplica. El principal obstáculo es que hoy se requiere una denuncia directa de la víctima contra su agresor.
Es impensable e inhumano exigir a una persona mayor, que depende física, emocional y habitacionalmente de su agresor, que acuda a un ministerio público a denunciar formalmente a su propio hijo o nieto”.

Las estadísticas muestran la urgencia de este cambio:
- Inegi: El 4.7% de las mujeres mayores sufrió violencia económica por parte de familiares en 2021.
- Condusef: El 63% de las quejas de adultos mayores ante los bancos son por posibles fraudes.
- Realidad social: El miedo al abandono o la represalia impide que las víctimas denuncien a sus cuidadores.
Cerrar esta brecha legal permite actuar en favor de quienes hoy no pueden denunciar por cuenta propia.
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