Profepa clausura proyecto minero en Durango: empresa usó permisos vencidos y devastó más de 3,500 m² de selva
Este 12 de diciembre de 2025, Profepa clausuró un proyecto minero en San Bernardino de Milpillas, Durango, por devastar más de 3,500 m² de selva con permisos vencidos y sin autorización ambiental.

Durango. — Este 12 de diciembre, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un proyecto minero en la comunidad de San Bernardino de Milpillas Chico, municipio de Pueblo Nuevo, Durango, tras comprobar que se realizaban actividades de explotación de cobre sin contar con autorización en materia de impacto ambiental ni de cambio de uso de suelo forestal.
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Denuncia ciudadana y hallazgos en la inspección
La acción se originó a partir de una denuncia ciudadana. Inspectores de la Profepa acudieron al sitio el 2 de diciembre y constataron que la empresa había celebrado un contrato de ocupación temporal para iniciar actividades mineras. Sin embargo, se detectó la apertura de tres caminos de acceso y la construcción de infraestructura de apoyo sin permisos correspondientes. Las obras afectaron una superficie estimada de 3,536 m² de selva baja caducifolia, un ecosistema de gran valor ambiental.
Permisos vencidos y clausura inmediata
Durante la inspección, los representantes del proyecto mostraron una autorización en materia de impacto ambiental, pero ésta no correspondía al sitio inspeccionado y además estaba vencida. Ante esta irregularidad, la Profepa procedió a imponer la medida de clausura total temporal, colocando sellos en el área intervenida para detener las actividades.
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Posibles acciones legales
La institución informó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y que, dada la posible comisión de un delito contra el ambiente y la gestión ambiental, se valorarán las acciones legales conforme al Código Penal Federal y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Con esta medida, la Profepa reafirma su compromiso de proteger los recursos naturales y sancionar proyectos que operen fuera de la legalidad.
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