Suprema Corte fortalece consecuencias para quien no cumpla con la pensión alimenticia

La SCJN determinó que el incumplimiento injustificado de la cuota alimentaria puede generar sanciones penales. Esta decisión unifica criterios para todos los juzgados del país. El objetivo es priorizar el derecho de los menores a recibir alimentos.

Las consecuencias para quien deje de pagar sin causa justificada son varias. Estas medidas pueden aplicarse de manera simultánea.

• Sanciones penales: Se puede imponer una pena de prisión de 3 meses a 1 año, o una multa económica.
• Embargo de bienes: Se pueden retener cuentas bancarias, parte del salario o bienes personales para cubrir la deuda.
• Embargo de la Afore: En casos excepcionales, se puede retener hasta un 10% de la subcuenta de retiro.
• Medidas restrictivas: Se puede prohibir la salida del país, suspender la licencia de conducir o imponer arresto nocturno.
• Registro en listas de deudores: Esta inscripción puede impedir la obtención de pasaporte o el acceso a cargos públicos.

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¿Cómo se protege a las personas en situación de desempleo?

El fallo señala que las sanciones aplican cuando el impago es injustificado. Si una persona pierde su empleo o ve reducidos sus ingresos, la ley ofrece un camino.

México

La SCJN falló en contra de los deudores alimentarios y podrán retenerles salarios, embargar bienes y hasta acabar en la cárcel dependiendo de la gravedad

Usted puede solicitar ante un juez la modificación de la pensión alimenticia. Es fundamental presentar pruebas de la cambio en su situación económica, como facturas o documentos que acrediten el desempleo.

Mientras se resuelve la modificación, se recomienda realizar los pagos en la medida de lo posible. Esta acción demuestra su voluntad de cumplir.

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¿Dónde puede encontrar ayuda?

Si enfrenta dificultades para cumplir con su obligación, acuda a un juzgado familiar. Un abogado especializado puede guiarle en el proceso para solicitar una modificación de la cuota.

La resolución de la Corte subraya que el interés superior de la niñez es el principio rector. La ley busca garantizar su desarrollo, al mismo tiempo que establece procedimientos claros para quienes enfrentan cambios en su capacidad de pago.