Arrasaron el bosque para vender lotes: Profepa clausura obras ilegales en San Cristóbal de las Casas

Chiapas. — Durante inspecciones realizadas los días 8 y 9 de octubre de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de obras y actividades en un predio forestal ubicado en la Fracción Segunda Mitzitón, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, tras detectar un cambio de uso de suelo ilegal.

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El operativo reveló la remoción de 2,344.82 m² de vegetación de pino-encino mediante el uso de maquinaria pesada, además de la apertura de calles internas con grava y la excavación de canales de desagüe pluvial en una superficie adicional de 219.86 m². El responsable del sitio declaró que el proyecto estaba destinado a la venta de lotes campestres, pero no presentó las autorizaciones ambientales requeridas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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Maquinaria asegurada y obras detenidas por daño ecológico

Ante la falta de permisos, la Profepa procedió al aseguramiento precautorio de la maquinaria utilizada, que incluye una compactadora con rodillo, una excavadora tipo oruga y un camión de volteo. Las obras intervenidas abarcan una superficie total de 8,900 m², y fueron detenidas para evitar mayores afectaciones al ecosistema forestal de la región.

Las acciones se fundamentaron en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en el artículo 161 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con el objetivo de proteger los bosques de Los Altos de Chiapas frente a prácticas que promueven la degradación ambiental.

Seguimiento legal y vigilancia permanente

La Profepa levantó las actas correspondientes en materia de impacto ambiental y forestal, y dará seguimiento al procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades y sanciones aplicables. La dependencia reafirmó que continuará con acciones de inspección y vigilancia en San Cristóbal de las Casas y en todo el estado, para prevenir y sancionar cualquier actividad que ponga en riesgo el equilibrio ecológico.

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Este tipo de intervenciones ilegales, disfrazadas de proyectos inmobiliarios, representan una amenaza directa para los ecosistemas forestales y para las comunidades que dependen de ellos. La clausura busca frenar el avance de la deforestación y garantizar que el desarrollo en la región se realice bajo criterios de sustentabilidad.