Vinculan a proceso a dos sujetos por extorsión y ataque a restaurante en Quintana Roo

BENITO JUÁREZ.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra dos individuos identificados como Jorge Emmanuel “N” y Kevin Enrique “N”, por su presunta participación en un caso de extorsión que culminó con un ataque armado contra un restaurante.

Los hechos, investigados por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, revelan un patrón de intimidación que puso en riesgo la vida de empleados y clientes.

Amenazas de “derecho de piso” precedieron al ataque

El caso inició el 23 de junio, cuando el dueño de un restaurante recibió una llamada en la que un hombre le exigió “un millón de pesos” como pago por “derecho de piso”.

México

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La víctima colgó, pero las amenazas continuaron: llamadas no contestadas el día siguiente y un mensaje de WhatsApp el 17 de julio preguntándole si se iba a “arreglar”. Ese mismo día, otra llamada advirtió que, de no pagar, “balearían todos sus locales”.

Ataque armado dejó empleada lesionada

La madrugada del 18 de julio, dos hombres en motocicleta llegaron a uno de los restaurantes de la víctima y dispararon repetidamente contra el establecimiento. El ataque dejó una empleada herida, lo que aceleró las investigaciones.

La Policía de Investigación recabó pruebas suficientes para obtener órdenes de aprehensión contra los sospechosos, quienes fueron detenidos y posteriormente vinculados a proceso.

Prisión preventiva por dos años

El juez no solo decretó la vinculación a proceso, sino que también impuso prisión preventiva por dos años o el tiempo que dure el juicio.

Esta medida cautelar refleja la gravedad de los delitos imputados: extorsión agravada y ataques con arma de fuego, que en México suelen estar vinculados al crimen organizado.

Implicaciones del caso: Extorsión, un delito en aumento

Este caso ejemplifica cómo la extorsión puede escalar rápidamente a violencia física, afectando no solo a empresarios, sino también a empleados y clientes.

Las autoridades han intensificado operativos contra este delito, pero la impunidad y las redes criminales lo mantienen como una amenaza latente para comerciantes en varias regiones del país.

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