Mario delgado asegura que prueba PISA será aplicada por decisión del gobierno, no por orden judicial

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, afirmó que la prueba PISA se reanudará este año por una decisión del Gobierno y no por una orden judicial.

Sin embargo, la organización Educación con Rumbo reveló ayer la resolución de un juez que otorgó un amparo y ordenó la aplicación de esta evaluación educativa, cancelada durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.+

En mayo de 2024, el entonces presidente López Obrador suspendió la prueba PISA, argumentando que era un examen del “neoliberalismo”. No obstante, en octubre pasado, bajo la actual administración, se realizó una prueba piloto en escuelas de Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, con la participación de 2,273 estudiantes.

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Actualmente, se prepara la aplicación de la prueba PISA en abril y mayo de este año, en 321 escuelas de todo el país, con la participación de 7 mil estudiantes.

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Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, compartió en redes sociales el amparo que obliga a la SEP a aplicar la prueba PISA.

En entrevista, destacó que, por tratados internacionales y por el amparo obtenido, la SEP está obligada a realizar la evaluación, ya que México forma parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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Amozurrutia recordó que, durante la administración pasada, las autoridades educativas cerraron las puertas al diálogo, lo que llevó a la organización a recurrir al litigio estratégico como único canal de comunicación con la SEP.

Obtuvimos la suspensión definitiva para la aplicación de la prueba, y por ello la SEP tiene que aplicarla”, afirmó.

Además, advirtió que el incumplimiento de una suspensión definitiva puede tener consecuencias administrativas y penales.

La coordinadora celebró que el secretario Mario Delgado esté asumiendo la responsabilidad de generar una estrategia real para la educación del país, aunque señaló que el anuncio de la reanudación de la prueba PISA se debe, en gran medida, a que el litigio forzó a la SEP a cumplir con esta obligación.