La SEP ordena el cierre definitivo de más de 60 escuelas militarizadas en México antes del 31 de agosto, tres semanas después de la muerte de Dafne Zapata en Tamaulipas, prohibiendo cualquier modelo de instrucción castrense en la educación básica del país
El ciclo escolar 2025-2026 comenzará sin academias castrenses en el territorio mexicano tras la muerte de tres menores en tres años, un fallo que afecta a familias que buscaban “fortalecer el carácter” de sus hijos mediante la disciplina militar

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió una resolución histórica este jueves: antes del 31 de agosto, fecha de inicio del próximo ciclo escolar, deberán cerrar definitivamente todas las escuelas militarizadas de educación básica en México. La medida, anunciada por la dependencia que encabeza Mario Delgado, llega tres semanas después de la muerte de Dafne Zapata, una estudiante de 13 años que falleció durante un curso de verano en Tamaulipas, y pone fin a más de una década de operación de más de 60 planteles que funcionaban bajo la figura del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) sin regulación específica sobre métodos castrenses.
¿Qué ordenó exactamente la SEP?
La dependencia federal instruyó a todas las instancias educativas para que, a partir del inicio de clases, no opere ninguna institución que se ostente como militarizada, castrense o que haga referencia a la “instrucción o disciplina de carácter militar” dentro del sistema de educación básica. El comunicado oficial señala que este modelo es incompatible con los principios de la Nueva Escuela Mexicana y la educación humanista, además de recordar que la formación militar en México es competencia exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
"No puede haber una verdadera transformación educativa si permitimos cualquier expresión de violencia“, indica el documento de la SEP. La orden es de cumplimiento obligatorio y no prevé excepciones para los planteles que contaban con RVOE vigente, los cuales operaban en todo el territorio nacional sin una categoría regulatoria específica que limitara sus métodos de entrenamiento físico o disciplinario.
Las tres muertes que cambiaron la política
La decisión del Ejecutivo federal se construye sobre tres tragedias ocurridas en menos de tres años. En 2023, Zamir Pinto, de 16 años, murió en una academia militarizada del Estado de México. En abril de 2024, Erick Torbellín, de 13 años, falleció por violencia en otra institución con ese modelo, ubicada en la Ciudad de México. El caso que detonó el cierre definitivo ocurrió el 16 de julio de 2025, cuando Dafne Zapata perdió la vida en un curso de verano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, convirtiéndose en la tercera víctima mortal de este sistema educativo alternativo.
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente la medida. "Es muy triste lo que pasó en Tamaulipas, se está atendiendo y es muy buena la decisión que toma la SEP porque con el pretexto de la disciplina hay abusos y eso no puede permitirse“, declaró este jueves. Su postura marca una diferencia respecto a años anteriores, cuando estas academias operaban bajo la supervisión federal sin restricciones específicas sobre el uso de la fuerza física como método correccional.
El caso Dafne Zapata: lo que sabemos
La menor ingresó a la Academia Militarizada Marina Doenitz el 13 de julio para un campamento de tres semanas que costó 25 mil pesos. El programa prometía fortalecer el carácter y la autonomía de los participantes mediante rutinas de alta exigencia física. Cuatro días después, su madre, Alejandra Quintos, recibió una llamada informando que su hija se había desvanecido mientras se bañaba y que “ya no presentaba signos vitales”.
La versión oficial señala un ahogamiento, pero la madre sostiene que la menor murió "torturada, de una manera espantosa“. La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (PGJET) se abrió como feminicidio. Hasta el momento, tres personas están detenidas y vinculadas a proceso: Jorge Luis Ponce Ortega, director del plantel; Estrellita Mora Díaz, instructora; y Danna Yanina, auxiliar del personal docente.
Tras la muerte, decenas de exalumnos denunciaron públicamente métodos de tortura, maltrato y castigos extremos que ocurrían dentro de la institución, la cual presumía de vínculos con la Sedena, aunque la dependencia militar se deslindó y aclaró que “no guarda relación con algún otro plantel de ese tipo”.
¿Qué debe hacer si su hijo está inscrito?
Si usted tiene a su hijo inscrito en una escuela militarizada para el ciclo que inicia el 31 de agosto, debe considerar que el plantel no podrá operar legalmente. La SEP no ha anunciado un mecanismo formal de reubicación masiva, por lo que los padres de familia deberán buscar por cuenta propia un nuevo espacio en el sistema educativo público o privado regular.
Es importante verificar que la nueva institución cuente con RVOE vigente y que sus métodos pedagógicos estén acordes con los planes y programas de la Secretaría. No se prevén sanciones para los padres que habían contratado estos servicios, pero sí para los directivos que intenten mantener abiertas las academias incumpliendo la orden ministerial.
Antecedentes legales y recomendaciones internacionales
El cierre de estas escuelas cumple con una recomendación pendiente desde 2011. Ese año, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano separar la dinámica militar de la educativa en menores de 18 años. Durante más de 14 años, los centros con régimen de alta disciplina operaron como escuelas de educación básica común, bajo el paraguas de la SEP, pero ajenos a las fuerzas armadas y sin normas específicas que regularan la intensidad de sus prácticas físicas.
La resolución actual establece que cualquier forma de instrucción castrense en menores fuera de los marcos de la Sedena es incompatible con los derechos fundamentales de la niñez. La dependencia de Mario Delgado dejó claro que no se permitirán matices: cualquier referencia a la disciplina militar en el nombre o el programa de estudios de un plantel de nivel básico implicará la cancelación del registro oficial.
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