¿Decreto a la propiedad privada en la Ciudad de México pone riesgo la propiedad privada? Esto dice la Constitución Mexicana

La reciente reforma a la Constitución de la Ciudad de México sobre la propiedad privada, que entró en vigor este lunes, ha suscitado un intenso debate en redes sociales y ha recibido críticas de analistas que temen que la modificación ponga en riesgo la posesión de bienes en la capital del país. Sin embargo, expertos aclaran que las garantías sobre la propiedad privada no han sido eliminadas.

¿Qué cambió en la Constitución de la Ciudad de México?

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó un decreto que modifica el Artículo 3° de la Constitución local, el cual establece los principios rectores que deben seguirse en la ciudad. Anteriormente, el texto mencionaba “el respeto a la propiedad privada”, pero con la reforma, ahora se establece que “la Ciudad de México asume como principios la propiedad en los mismos términos del Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Carla Escoffié, docente de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y especialista en derecho a la vivienda, indicó para CCN que la modificación únicamente aclara que la protección a la propiedad se rige bajo la Constitución federal. “No se está eliminando ninguna garantía a la propiedad privada”, afirma Escoffié.

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El debate en torno a la propiedad privada

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la iniciativa de Batres, que inicialmente proponía incluir la “propiedad social” junto con la privada y pública. Esto generó preocupaciones en la oposición, especialmente en el Partido Acción Nacional (PAN), que interpretó la propuesta como un intento de eliminar la propiedad privada en la capital.

Sin embargo, tras las negociaciones, el texto fue ajustado para alinearse con el Artículo 27 de la Constitución Federal, que reconoce la propiedad privada, pública y social, y establece que las tierras y aguas dentro del territorio nacional son originariamente propiedad de la Nación, que las puede ceder a particulares.

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Reacciones y aclaraciones

Martí Batres, tras la aprobación del decreto, enfatizó que la reforma reafirma las nociones de propiedad originaria de la Nación y el derecho del Estado a imponer modalidades a la propiedad privada en interés público. Esto generó respuestas en redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su preocupación sobre la posibilidad de que la reforma amplíe la capacidad del Estado para expropiar bienes.

Sin embargo, Escoffié explicó que las expropiaciones ya están contempladas en el Artículo 27 de la Constitución de México y deben responder a una “causa de utilidad pública”. Además, indicó que en la mayoría de los casos, las expropiaciones en México se realizan mediante negociaciones que involucran acuerdos sobre el precio de la indemnización, y son procesos que están regulados por las Leyes de Expropiación.

Aunque la reforma ha generado controversia, los expertos coinciden en que no representa una amenaza para la propiedad privada en la Ciudad de México, y las garantías sobre los bienes de los particulares permanecen protegidas bajo la Constitución federal.