Iniciativa de diputados propone que aseguradoras paguen indemnizaciones por siniestros de auto en un máximo de 60 días y otorguen vehículo sustituto por retrasos
La propuesta presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar plantea plazos obligatorios para resolver siniestros de automóviles, sanciones por retrasos y compensaciones por pérdida de movilidad cuando la reparación exceda los tiempos establecidos
MÉXICO.- Las aseguradoras de automóviles podrían estar obligadas a resolver y pagar indemnizaciones por siniestros en un plazo máximo de 60 días naturales, además de proporcionar un vehículo sustituto o cubrir gastos de transporte cuando la reparación del automóvil se prolongue más allá de ese periodo.
La propuesta fue presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar (PVEM) mediante una iniciativa que reforma la Ley sobre el Contrato de Seguro y la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con el objetivo de establecer límites claros para la resolución de siniestros y fortalecer los derechos de los asegurados.
¿Qué propone la iniciativa?
El proyecto plantea que la aseguradora deba pagar la indemnización o finiquitar la resolución del siniestro dentro de los 30 días siguientes a la recepción de los documentos e información necesarios para conocer el fundamento de la reclamación.
En el caso específico de los seguros de automóviles, el plazo total para la resolución definitiva y el pago no podría exceder de 60 días naturales contados desde el aviso del siniestro presentado por el asegurado.
La iniciativa establece que ese plazo solo podría interrumpirse por una orden judicial o por la falta de entrega de documentos esenciales atribuible exclusivamente al asegurado, siempre que la aseguradora lo notifique por escrito dentro de los primeros 15 días posteriores al siniestro.
Vehículo sustituto y gastos de transporte
Uno de los cambios más relevantes es la creación de un derecho de movilidad para el asegurado.
La propuesta señala que, si la reparación del vehículo excede 60 días naturales, la aseguradora estaría obligada a proporcionar un vehículo sustituto de características similares al asegurado o, en su defecto, realizar un pago diario equivalente para cubrir gastos de transporte.
Además, las pólizas y sus condiciones generales tendrían que establecer de manera obligatoria un plazo máximo para la reparación y entrega del vehículo.
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Plazos y sanciones por retrasos
La iniciativa también plantea que la valuación técnica del siniestro no pueda exceder de 72 horas posteriores al reporte.
Si la institución de seguros o su red de talleres incumplen el plazo de entrega establecido en la póliza, se propone una pena convencional equivalente al doble del valor de la reparación por cada día de retraso, sin perjuicio de otras indemnizaciones previstas en la legislación vigente.
El documento también prevé que el incumplimiento de los plazos genere la obligación de pagar la indemnización por mora contemplada en el artículo 276 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
¿Por qué se presentó esta propuesta?
Según la exposición de motivos, la legislación actual no establece un límite específico para resolver un siniestro de automóvil, lo que permite demoras prolongadas y solicitudes sucesivas de documentos que pueden extender indefinidamente la integración del expediente.
El diputado argumenta que muchos asegurados enfrentan reparaciones que se prolongan durante meses por supuesta falta de refacciones o saturación de talleres, mientras deben asumir el costo de transporte alterno.
La iniciativa también cita que el seguro de automóvil es uno de los productos con mayor número de reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), principalmente por negativas de pago o retrasos excesivos en la reparación y resolución de siniestros.
¿Qué sigue para la iniciativa?
La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, donde deberá ser analizada y discutida antes de que pueda avanzar en el proceso legislativo.
Por ahora, no se trata de una reforma aprobada ni de una obligación vigente para las aseguradoras. Las medidas propuestas aún deben pasar por las etapas correspondientes del procedimiento legislativo.
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