Proponen un tope del 15% a las comisiones que cobran las aplicaciones a repartidores y conductores en México, una iniciativa de reforma laboral que busca frenar la pérdida de hasta 60% en sus ingresos netos

MÉXICO.- El Congreso de la Unión en México evalúa una propuesta de reforma laboral de gran impacto para la economía digital que busca fijar un límite máximo del 15% a las comisiones que las aplicaciones móviles cobran a conductores y repartidores. La iniciativa, presentada formalmente ante la Comisión Permanente por el senador Agustín Dorantes Lámbarri, del Partido Acción Nacional (PAN), pretende modificar el marco legal actual para equilibrar las ganancias entre las corporaciones tecnológicas y los prestadores de servicios en todo el país.

Esta medida toca el núcleo operativo de miles de autoempleados y trabajadores independientes que utilizan plataformas de transporte y entrega a domicilio para subsistir. El debate legislativo adquiere relevancia en un contexto donde el costo de la vida y los insumos automotrices continúan al alza, presionando los márgenes de ganancia de quienes operan detrás del volante o en bicicleta, y que carecen de mecanismos institucionales para negociar sus tarifas frente a las empresas globales.

De acuerdo con datos difundidos por el diario El Economista, las retenciones que aplican actualmente estas plataformas son significativamente elevadas, lo que ha generado quejas sistemáticas en el gremio. Al absorber el grueso del valor del servicio cobrado al usuario final sin asumir los costos de las unidades ni el mantenimiento, las aplicaciones han construido un modelo que la iniciativa senatorial califica como económicamente desequilibrado.

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¿Qué plantea la reforma a las comisiones de plataformas digitales?

El corazón de la propuesta consiste en intervenir directamente en los esquemas de contratación vigentes en el mercado de la economía colaborativa. Los mecanismos específicos que establece el proyecto son:

• Tope máximo de retención: Las aplicaciones digitales no podrán descontar o retener más del 15% del valor total pagado por el usuario final del servicio.
• Modificación legal: Se plantea añadir un segundo párrafo a la fracción V del artículo 291-H de la Ley Federal del Trabajo (LFT).
• Mecanismo de control: Para garantizar su cumplimiento, esta limitante deberá quedar estipulada explícitamente en los contratos de trabajo. Dichos documentos tendrán que ser revisados, autorizados y registrados formalmente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

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¿Cuál es el contexto económico de los conductores en México?

Los argumentos que sustentan la reforma exponen una disparidad severa en la distribución de ingresos. Actualmente, las comisiones cobradas por las aplicaciones de transporte y reparto no están reguladas por un porcentaje fijo, oscilando de manera regular entre el 25% y el 33% por cada viaje o entrega realizada.

De acuerdo con la exposición del legislador federal, este esquema provoca que los trabajadores vean disminuidos sus ingresos netos reales hasta en un 60%, debido a que las plataformas absorben una tercera parte del dinero bruto mientras que el chofer o repartidor asume en su totalidad el desgaste y los insumos del vehículo.

Para ilustrar este desequilibrio, las estimaciones presentadas detallan que un conductor promedio en México debe invertir entre 49,000 y 50,000 pesos anuales de su propio dinero para mantenerse activo en el servicio. Los gastos operativos reportados se dividen de la siguiente manera:

• Seguro de cobertura para transporte privado: $22,000 pesos.
• Mantenimiento del vehículo: $12,000 pesos.
• Renovación de neumáticos: $9,000 pesos.
• Servicio de telefonía celular y plan de datos: $6,000 pesos.

Esta estructura de costos fijos, sumada a la volatilidad de los precios del combustible que se consumen a diario, convierte la utilidad neta de los trabajadores en un margen sumamente estrecho.

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¿Qué falta por confirmar y cuál es el estatus de la ley?

Es de vital importancia aclarar que, hasta este momento, la propuesta es únicamente una iniciativa de ley en su fase inicial de análisis y no constituye una norma vigente de carácter obligatorio. Tras ser presentada ante la Comisión Permanente, el proyecto fue turnado formalmente a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.

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El dictamen no precisa los plazos exactos en los que las comisiones legislativas sesionarán para discutir o votar la propuesta, ni tampoco se ha informado la postura formal que asumirán las grandes empresas tecnológicas de reparto y transporte ante este posible tope de comisiones.

Los repartidores y conductores de plataformas en México deben tomar en cuenta que el proceso legislativo federal implica la aprobación en comisiones, la posterior votación en el Pleno del Senado y, finalmente, su validación en la Cámara de Diputados antes de poder ser publicada en el Diario Oficial de la Federación. El gremio deberá mantenerse atento al avance de estos dictámenes en las comisiones de trabajo durante los próximos periodos de sesiones.