Busca BC que EU pague planta desalinizadora

Tijuana BC.- El Gobierno de Baja California busca que las autoridades de Estados Unidos paguen el costo de la planta desalinizadora que se instalará en Playas de Rosarito a cambio de parte de la cuota de agua que se recibe del Río Colorado.

El secretario de Hacienda del Estado, Marco Moreno Mexía, informó que actualmente realizan un rediseño financiero del proyecto otorgado a una empresa particular durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid.

Explicó que la intención es quitarle al Estado la obligación del pago de la planta desalinizadora y una de las alternativas es que ésta tenga un sentido binacional.

Buscando ese planteamiento, que los americanos garanticen el pago de la planta desalinizadora; retirar el balance y las garantías financieras del Estado, y hacer un intercambio de agua, que sería lo más inteligente... Nosotros entregarle parte del agua de nuestra cuota que tenemos en el Río Colorado, y recibir el agua, con un beneficio en términos financieros para nosotros, en la Zona Costa”

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Detalló.

Eliminar costo

De esa manera se podría eliminar el costo que implica subir el agua por el acueducto del Río Colorado, expuso, al menos en la proporción del agua desalinizada por la planta.

El funcionario estatal indicó que esa posibilidad está contemplada en una de las actas del Tratado de Aguas Internacionales que se tiene con el vecino país.

“Es lo que estamos buscando. Es un proceso que no es inmediato, pero estamos ya con ánimo negociador con la empresa, con el Gobierno Federal, particularmente la Cancillería que es un tema que le toca negociar a través de la CILA, y nosotros”, reiteró.

Con relación del proyecto original, recordó que las condiciones de volumen de agua que generaría la plantan desalinizadora hacía inviable la obra.

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En la administración pasada, lo que hicieron fue cancelar de manera unilateral el contrato con la empresa que ganó la adjudicación de la planta, apuntó, lo que generó una demanda de arbitraje.

Moreno Mexía aclaró que en esta administración se realizó un mecanismo de suspensión del proceso legal interpuesto por la empresa y además el Gobierno del Estado comenzó pláticas con el fin de negociar.