Al diablo con las instituciones

En México estamos viendo una película que ya había sido anunciada por Andrés Manuel López Obrador cuando era aspirante a la presidencia. Desde entonces, en 2006 para ser exactos, pronunció esa famosa frase que se convirtió en una síntesis de su pensamiento y sus pretensiones: “Al diablo con sus instituciones” dijo cuando conoció el resultado de las elecciones. Hoy vemos que está cumpliendo.

Algunos analistas lo advirtieron al decir que si López Obrador llegaba a la presidencia se daría a la tarea de desmantelar las principales instituciones que hay en el país. Se tomó como una amenaza incumplible. Me acuerdo mucho de eso porque no faltaron voces que decían que eso era imposible en México, que aquí había un tejido institucional sólido, que era un país institucional, etcétera.

Pues no, López Obrador cerrará su sexenio con todas las instituciones destruidas o cooptadas, como ya lo hizo con el INE, el órgano encargado de organizar las elecciones, y ahora está tratando de hacerlo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la pieza clave del sistema judicial.

¿Por qué? Para dar una respuesta rápida: porque las instituciones le estorban. Es increíble porque AMLO viene de ahí, se formó como político en ese pensamiento, también como militante priista que fue, y a pesar de que conserva todos los rasgos de esa política institucional que caracterizó la práctica del viejo régimen.

López Obrador quiere destruir las instituciones política y de gobierno porque supone, aunque a veces se le dificulta explicarlo, que estas instituciones están al servicio de una minoría o de los potentados, como les llama; obedecen las órdenes de esa clase social que gobierna tras bambalinas, usando su poder y su influencia. Es decir, son instituciones que no están al servicio del pueblo.

Para él, la Corte es una de las instituciones más representativas de ese elitismo. Desde la forma en que se visten los ministros hasta los sueldos estratosféricos que ganan, además de las prestaciones y ayudas que reciben y se incluyen en el presupuesto de la institución, todo lo cual contrasta dramáticamente con las condiciones en que viven miles de mexicanos.

Esta es una narrativa muy poderosa entre muchos ciudadanos porque, además, tiene una gran dosis de verdad. El problema es que AMLO bajo esa narrativa esconde su verdaLas dero objetivo que es el de eliminar el papel de contrapeso del poder judicial en nuestro sistema político.

La Corte ha sido un contrapeso fundamental ante el gobierno de López Obrador en varios temas, entre ellos el de haber impedido que el Plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente siguiera avanzando. Es decir, la Corte ha sido una piedra en el zapato para el gobierno, tal y como está establecido entre sus funciones.

No son los sueldos o el dispendio que hay en algunas instituciones lo que realmente está en este litigio, aunque sí son temas que deberían abordarse claramente, sino el papel que deben jugar nuestras instituciones. Si AMLO quisiera llevar a cabo una profunda reforma al poder judicial, para depurarlo y hacerlo más funcional, así debería plantearlo. Igual en todo lo demás.

Pero ese no es su objetivo. Su objetivo es construir otras instituciones en las que no tengan cabida o no puedan controlarlas las élites económicas y políticas del país, sino el pueblo. La idea central es arrebatarles esos espacios de poder a los grupos que han venido gobernando desde hace años.

Para eso es la reducción del presupuesto al poder judicial, la eliminación de los fideicomisos, pero sobre todo el Plan C para aprobar un proyecto que conduzca hacia allá. Es la meta de la elección presidencial de Morena y de AMLO. Ganar todo, quedarse con todo, para desde ahí empezar otro proceso de construcción institucional.

Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Significa darle el poder al pueblo? ¿Significa quitarle las instituciones a las élites para dárselas al pueblo como propone AMLO y todo el pensamiento populista-reduccionista? Ojalá fuera así de simple. Lo que López Obrador y su pequeño grupo de gobierno pretenden es centralizar el poder en un solo partido o en una sola fuerza.

Excluir a los otros, a las élites exactamente, a los conservadores y dejar que solo el pueblo gobierne, aunque bien a bien el pueblo en términos reales son los grupos que están en Morena, que también son una minoría que controla y administra los votos de la mayoría, por lo menos hasta ahora.

En otras palabras, mandar al diablo a las instituciones es cambiar una mafia que gobernaba por otra nueva que está en Morena.

* El autor es analista político.