Abogados de Tijuana siguen sin protocolo de seguridad; reportan más de 15 asesinatos desde 2022

Tijuana BC.- Más de 15 abogados han sido asesinados en Tijuana, Mexicali y Ensenada entre 2022 y 2026, de acuerdo con Daniel Avitia Beltrán, presidente del Colegio de Abogados Tijuana A.C.

La última víctima en Tijuana fue el abogado Narciso Alemán Díaz, quien fue asesinado el viernes pasado.

Avitia Beltrán aseguró que ninguno de los casos ha sido resuelto, por lo que urgió al Gobierno de Baja California aprobar e implementar un protocolo de seguridad para las y los litigantes.

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Protocolo fue presentado hace siete meses

El presidente del Colegio de Abogados Tijuana recordó que en febrero de este año informaron sobre el proyecto y semanas después lo presentaron ante el Gobierno estatal.

La propuesta contempla establecer la participación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para atender situaciones de emergencia que involucren a abogados.

Sin embargo, siete meses después, el gremio volvió a reclamar la creación e implementación del protocolo.

Hasta el momento no hemos tenido respuesta, alguna cita, alguna convocatoria por parte de las autoridades para que nos digan qué observación notaron, qué cambios creen pertinentes y poder entre el gremio y las autoridades sacar algo bueno, que es protocolo”

Asesinatos de abogados impulsaron propuesta

Avitia Beltrán comentó que el protocolo fue propuesto después de los asesinatos de los abogados Emilia Ortega, ocurrido el 18 de noviembre de 2025, y Arturo Pérez Escully, registrado el 29 de diciembre del mismo año.

Señaló que los abogados asesinados se dedicaban principalmente al derecho civil, familiar y administrativo.

“No hay un patrón definido. Solo son abogados y los están matando. Tijuana es una ciudad muy movida y con un índice alto de criminalidad, esa es la realidad. No es un tema político, es un tema estadístico”, lamentó.

Colegio de Abogados pide combatir impunidad

El litigante sostuvo que el gremio continuará señalando las deficiencias del Estado en materia de seguridad, al igual que el resto de la población, con el objetivo de combatir la impunidad.

“El obligado de brindar la seguridad a la ciudadanía es el Estado. Nosotros como litigantes, como gremio, podemos presionar, podemos exhibirlo, pero el obligado siempre es el Estado”, sentenció.